Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación, fue enfático en advertir que todos los trabajadores públicos que hacen de alguna forma uso de datos personales de los colombianos “están obligados a garantizar en todo momento las libertades básicas y los derechos fundamentales, a la intimidad, a la protección de datos personales y al habeas data, protegidos en los artículos 2 y 15 de la Constitución de 1991, y las leyes estatutarias y ordinarias que los regulan”. Carrillo precisó que la Ley estatutaria 1581 de 2012, sobre protección de datos personales, definió las reglas para que en todo momento se garanticen los principios de transparencia, veracidad, acceso restringido, seguridad, confidencialidad legalidad, finalidad y libertad de la información que entregan los ciudadanos en determinado momento.

El jefe del Ministerio Público dijo que desde que inició la coyuntura nacional causada por la pandemia por Covid-19, las diferentes autoridades del país han aumentado significativamente el uso de las herramientas tecnológicas las cuales permiten el registro en temas de síntomas, localización de ayudas que entrega el gobierno, así como la geolocalización de personas, lo que a su vez obliga al cumplimiento ceñido a la carta de la política del ordenamiento legal como garantía de las libertades individuales, “la vigilancia digital encuentra límites claros en nuestro armazón constitucional y los derechos fundamentales allí consagrados. Una finalidad legítima o bien intencionada no es una carta blanca para que las autoridades soliciten todo tipo de informaciones y ejerzan un excesivo control ciudadano, en deterioro de la libertad individual y la protección de la intimidad”.

Según el alto funcionario, “incluso en tiempos de crisis, o aún más en ese caso cualquier restricción a los derechos fundamentales a la libertad, la intimidad y la protección de datos personales, deberá ser proporcionada, estar estrictamente relacionada con una finalidad clara y ajustarse de manera absoluta a la Constitución y la Ley. Los decretos legislativos emitidos en el marco de la Emergencia social, económica y ecológica, no han generado un parámetro de análisis de constitucionalidad y legalidad diferente del que nos rige ordinariamente fuera de la crisis Covid-19”.

Por el considerable aumento de la utilización de las herramientas tecnológicas para la recolección de datos en el marco de la pandemia, Carrillo emitió la orden de vigilancia preventiva para las plataformas y aplicaciones “Coronapp”, “Bogotá cuidadora”, “Medellín me cuida”, “EsperanzApp” ), “Cuidémonos”, “Covid-19” y el sistema de ingreso solidario, con el principal objetivo de verificar que las plataformas y aplicaciones anteriormente mencionadas cumplan a cabalidad la Constitución y la Ley en el tratamiento de los datos personales, y así minimizar las situaciones que coloquen en riesgo los datos de los ciudadanos.

Además fue enfático en señalar la sentencia C-748 de 2011, la cual se refiere a la recolección de datos personales por parte de las autoridades no puede convertirse en un escenario de abuso, “pueden solicitar datos personales a los ciudadanos, incluso con carácter obligatorio, pero esos datos deben ser los estrictamente necesarios para el cumplimiento de la función específica”. Y además detalló que la entrega voluntaria de información no es una renuncia a la titularidad de los datos personales, lo que conmina a que la protección por parte de quien la administra debe efectiva y diligente.

El Procurador Carrilo, dijo que en todos los casos se deben cumplir con varias garantías entre las que se encuentran:

– Que las personas tengan la libertad de decidir si entregan, o no, sus datos personales. Esta libertad se puede ver limitada, con criterios de proporcionalidad y necesidad. Para ello las autoridades deben optar por el medio que menos limita los derechos.

– Que el ciudadano siempre autorice de manera previa, expresa e informada, el uso de sus datos personales, con excepción de los escenarios señalados en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.

Que se proteja con el mayor nivel posible de seguridad y ciberseguridad los datos personales recolectados, evitando su adulteración o el acceso no autorizado por parte de terceros.

– Que los datos personales que soliciten las autoridades sean los estrictamente necesarios para lograr las finalidades legítimas del tratamiento.

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