La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano, a manos de la policía, en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota, Estados Unidos de América; y lamenta los actos violentos registrados en el contexto de las recientes manifestaciones como reacción a la violencia policial contra afroamericanos en ese país.

Según información pública, el pasado 25 de mayo George Floyd murió en un operativo policial en el que fue detenido, presuntamente como consecuencia del uso excesivo de la fuerza. Según un video publicado, un oficial de policía presionó su rodilla contra el cuello de George Floyd mientras éste se encontraba inmovilizado en el suelo, dos oficiales estaban arrodillados en la parte baja de su cuerpo y piernas, y en tanto que otro observaba los hechos sin intervenir. Los cuatro agentes de la policía involucrados habrían sido expulsados del cuerpo de la policía y se habrían iniciado investigaciones criminales. Uno de los agentes fue detenido y acusado formalmente de homicidio preterintencional y homicidio culposo. La CIDH llama al Estado a continuar con las investigaciones de manera exhaustiva, imparcial, efectiva y pronta, y sancionar judicialmente a todas personas las que resulten responsables y a dotar de una reparación integral a las familias.

Como reacción a estos hechos, que han puesto en relieve el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía contra personas afroamericanas en el país, se han realizado en los últimos días protestas en al menos 75 ciudades de Estados Unidos incluyendo Minneapolis, Atlanta, Louisville, Chicago, Nueva York, Miami, y Washington, D.C. Estas protestas han derivado en enfrentamientos, saqueos, incendios, daños a vehículos policiales, a establecimientos estatales y a la propiedad privada. La CIDH rechaza estos hechos de violencia por tratarse de conductas incompatibles con el derecho a la protesta pacífica.

Por ejemplo, según información pública, desde el 26 de mayo se iniciaron una serie de protestas en la ciudad de Minneapolis que derivaron en enfrentamientos, saqueos e incendios en distintos puntos de la ciudad, incluida una Comisaría Policial. Las autoridades habrían utilizado gas pimienta y balas de goma para dispersar a las personas manifestantes. Las autoridades habrían decretado toque de queda en la ciudad y desplegado a la Guardia Nacional. De igual manera, en Atlanta se habrían iniciado protestas que derivaron en destrozos e incendios a autos policiales y la detención de múltiples personas. Asimismo, se habrían reportado daños a propiedad privada, incluyendo en la sede de la cadena de televisión CNN.

Por otra parte, en Louisville, Kentucky, se realizaron las protestas por la muerte de Breonna Taylor, una mujer afroamericana que habría recibido un disparo por tres miembros de la policía cuando entraron en su casa en el mes de marzo pasado. El 27 de mayo, siete personas habrían resultado heridas de bala en hechos aún no esclarecidos. Las autoridades habrían desplegado a la Guardia Nacional. Asimismo, la policía habría utilizado armas no letales contra periodistas mientras cubrían las protestas. Al respecto, la CIDH toma nota de las disculpas públicas realizadas por la Policía de Louisville sobre dicho incidente.

En Nueva York, se registraron protestas que habrían derivado en hechos de violencia y la detención de por lo menos 345 personas. A su vez, en Chicago cuatro personas habrían resultado heridas por armas de fuego, y una de ellas habría fallecido en hechos aún no esclarecidos. Asimismo, se habría solicitado el despliegue de la Guardia Nacional. En Miami, también se habrían registrado actos violentos en el marco de estas manifestaciones, como el lanzamiento de petardos contra miembros de la policía e incendio de vehículos oficiales. La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. El derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica son elementos esenciales del funcionamiento y la existencia misma del sistema democrático, así como un canal que permite a las personas que pertenecen a distintos grupos de la sociedad a expresar sus demandas, disentir y reclamar respecto al gobierno, a su situación particular, así como para el ejercicio efectivo de sus derechos. La Comisión hace un llamado para que la protesta permanezca pacífica para permitir a los participantes la libre expresión de sus ideas.

La CIDH destaca que el uso de la fuerza debe ajustarse a principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. Adicionalmente, el uso de armas menos letales debe ser estrictamente regulado. Todo incidente que haya implicado el uso de cualquier tipo de armas por parte de las autoridades debe ser registrado, haya o no afectado la integridad de alguna persona.

La Comisión llama a las autoridades competentes a investigar las acciones de violencia ocurridos en los últimos días con debida diligencia a fin de sancionar a quienes resulten responsables. Igualmente, a garantizar que las y los periodistas y comunicadores puedan desempeñar su labor informativa y recuerda que los agentes del Estado deben respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión, incluyendo para periodistas, foto-reporteras/os y camarógrafas/os de los medios que cubren protestas, y a no ser detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión.

La CIDH observa que los hechos que han suscitado las protestas se enmarcan en una situación estructural de discriminación más amplia contra personas afroamericanas en Estados Unidos que debe ser atendida y erradicada. Asimismo, la Comisión expresa su preocupación por la situación de desigualdad y discriminación en la que históricamente se ha encontrado la población afroamericana y que, entre otras consecuencias, ha limitado su acceso a la justicia y al goce a la igual protección bajo la ley.

Según información del National Police Violence Map, 1099 personas habrían perdido la vida a manos de la policía en 2019, de las cuales el 24% era afrodescendiente, en tanto que este grupo constituye el 13% del total de la población de ese país. Al respecto, la Comisión reitera al Estado las recomendaciones emitidas en su Informe “Afrodescendientes, violencia policial, y derechos humanos en los Estados Unidos”. En particular, la CIDH urge al Estado a adoptar medidas legislativas, de política e institucionales coordinadas y encaminadas a erradicar la discriminación racial y a capacitar a los miembros de los sistemas judiciales, cuerpos armados y organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, así como sobre los límites a los que debe estar sometido en toda circunstancia el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

HL

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