Juan Pablo Liévano, superintendente de Sociedades.

Debido a la crisis generada por la pandemia del Covid-19, muchas empresas han entrada en procesos de insolvencia. Según cifras de la Superintendencia de Sociedades, durante el primer trimestre de 2020, recibió un total de 219 solicitudes de este tipo, lo que implica tener un inventario total de 2.788 procesos de insolvencia de los cuales 2.209 son procesos de Reorganización, que representan $40.2 billones de pesos en activos y un total de 105.123 trabajadores.

Sólo durante el periodo comprendido entre el 1 abril y lo corrido del mes de mayo, se han registrado 78 solicitudes de Insolvencia. De estas, 56 son procesos o trámites de reorganización y 12 para procesos de liquidación.

Teniendo en cuenta los efectos de la pandemia, el Gobierno a través del Decreto Ley 560 flexibilizó de manera transitoria el régimen actual de insolvencia, el cual tiene como propósito principal, preservar la empresa y el empleo, pero respetando y protegiendo a su vez el crédito. El marco legal consagrado en el Decreto 560 de 2020 estará vigente por dos años, es decir hasta el 15 de abril de 2022.

Según explicó el Superintendente de Sociedad, Juan Pablo Liévano, durante un conversatorio organizado por la Cámara de Comercio de Barranquilla, el decreto legislativo tiene cuatro mecanismos que darán alivio a las organizaciones: Negociaciones Expeditas, Mecanismos de alivio financiero y reactivación, Beneficios Tributarios y Suspensión de Normas.

El funcionario precisó que de las 78 empresas que han solicitado ingresar a procesos o trámites de insolvencia, 74 solicitudes se presentaron para acogerse a la Ley 1116 de 2006, mientras que 4 se presentaron para acogerse directamente al nuevo régimen transitorio, bajo la figura de negociación de emergencia de acuerdos de reorganización, que posibilita la negociación directa con los acreedores sin intervención del juez, suspendiendo procesos ejecutivos y posibilitando el aplazamiento de algunos pagos de gastos de administración.

“No podemos hablar separadamente del empleo sin hablar de la empresa. Hay que proteger la empresa para proteger el empleo, pero nunca descuidando el crédito”, sostuvo el Superintendente de Sociedades.

El presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, CCB, Manuel Fernández, precisó que con la finalidad de tener mayor capacidad y cobertura, y así atender a los deudores afectados por las causas que motivaron la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, las Cámaras de Comercio del domicilio del deudor podrán adelantar Procedimientos de Recuperación Empresarial para su posterior validación judicial, a través de la mediación y con la participación de un mediador.

Explicó que “Este procedimiento aplica para personas naturales comerciantes y las jurídicas no excluidas y excluidas del régimen de insolvencia empresarial previsto en la Ley 1116 de 2006, las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales”.

Este nuevo mecanismo consagrado en el Decreto Legislativo 560 será prestado próximamente por las Cámaras de Comercio. Para ello, se expedirá el marco reglamentario del Decreto Legislativo, el Reglamento que para tal efecto establezcan las Cámaras de Comercio y se elaboren las Listas de Mediadores, quienes serán las personas encargadas de conducir este procedimiento.

Fernández Ariza manifestó que “En el caso de la Cámara de Comercio hemos venido enfrentando el proceso de reactivación económica, generando nuevas iniciativas, dialogando con el sector público y privado para implementar políticas públicas conjuntas; ofreciendo todos nuestros servicios de manera virtual y comprometiéndonos con nuevas iniciativas para fortalecer el desarrollo empresarial. Este programa lo hemos denominado Plan Reactiva y se materializó en abril pasado, al disponer cerca de 800 millones de pesos para inyectar liquidez al sistema a través de alianzas con alcaldía, gobernación y la Fundación Santo Domingo”.

JR

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