Luego de que fallara una tutela impuesta por la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Fernando Carrilo Flórez, el juez Cuarto Penal del Circuito de Santa Marta dio la orden al Inpec y a las alcaldías de la capital del Magdalena y Ciénaga, para que se reubicaran a 118 personas privadas de la libertad, de centros de detención transitorios a lugares donde se den las condiciones sanitarias que permitan que el riesgo por Covid-19 se minimice. Los derechos a la vida, salud y dignidad de las personas privadas de la libertad, fueron algunos de los amparados por el juez, por considerar que en la actualidad no cuentan con servicios sanitarios adecuados, acceso a duchas, agua potable, alimentación completa, camas, ni espacios adecuados para caminar o sentarse, con lo que aumenta considerablemente el riesgo de contraer el virus en dichos sitios.

El juez también ordenó la realización de una brigada de salud con el objetivo de identificar a quienes presentan un riesgo mayor de contagio, así mismo señaló que los elementos de aseo personal para prevenir el contagio deben se entregados. El fallo dio un plazo de cinco días para que se conformara una una mesa interinstitucional, integrada por los ministerios de Justicia y el Derecho, Salud y Protección Social, así como el Inpec, la Gobernación del Magdalena y las alcaldías de Santa Marta y de Ciénaga, con el fin de que estas evalúen medidas a mediano y largo plazo para la reubicación de todas las PPL que se encuentran en centros de detención provisionales. Las personas beneficiadas con el fallo se encuentran recluidas en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, el Comando de Policía de Taganga, el Centro de Protección al Ciudadano y las estaciones de policía de Bonda y Ciénaga.

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