José Felix Lafourie

 

Durante cuatro semanas he opinado sobre las distorsiones del Crédito Agropecuario, que desvirtúan su misión de “fomento” a la producción rural, tan necesario y urgente, no solo por la importancia estratégica del sector para la seguridad alimentaria y por sus proyecciones exportadoras, sino por su alta vulnerabilidad en el entorno de abandono, ilegalidad, violencia y pobreza en el campo colombiano.

Concluyo este ciclo con un tema que, a pesar de su importancia, ha sido relegado por la política pública agropecuaria, dejándoselo, cuando mucho, a la generosidad filantrópica de la cooperación, ni siquiera de las grandes instituciones multilaterales, sino de una variopinta gama de ONG internacionales. Me refiero a LA ASOCIATIVIDAD.

La política pública debería responder a una realidad evidente y sobrediagnosticada. ¿Por qué se asocia un productor rural? Porque es pequeño, porque compra insumos “de a poquitos” y muy costosos, porque no tiene acceso al mercado y su esfuerzo se lo queda un intermediario. ¿Para qué se asocia? Para comprar insumos baratos, para tener garantía de compra de su producto a buen precio, para que le den crédito y asistencia técnica; en suma, para no sentirse tan pequeño, ni tan solo, ni tan desprotegido.

Esa realidad tiene cifras: 11 millones de colombianos viven en el campo y el 38 % son pobres. De algo más de 2 millones de productores rurales, 1,5 millones son pequeños. El Censo Agropecuario de 2014 encontró que, de 2,7 millones de unidades productivas, menos del 10 % tenía acceso al crédito y solo el 16 % construcciones, maquinaria y asistencia técnica.

Pero a pesar de la alarmante necesidad de los pequeños por asociarse para dejar de serlo, asociarse no es fácil, es costoso, no hay una entidad visible del Estado que promueva la asociatividad rural, que haría más fácil, entre otras cosas, un verdadero Programa Nacional de Asistencia Técnica.

La política pública, sin embargo, no favorece esa necesidad. Para la muestra un botón: De los 19,24 billones de crédito Finagro en 2019, solo el 13 % llegó a pequeños productores, y si alguien piensa que así fue porque existe una política para incentivar la asociatividad a partir del crédito de fomento, pues se equivoca, porque en el mismo año solo se aprobaron ¡13 créditos! para pequeñas asociaciones por 20 mil millones; un porcentaje que no registra mi calculadora.

¿Por qué las pequeñas asociaciones, que las hay muchas, no llegan a Finagro y prefieren opciones como las cooperativas de ahorro y crédito? Porque si asociarse no es fácil, conseguir un crédito “asociativo” lo es menos, pues tampoco son del gusto de los intermediarios del crédito Finagro y los trámites son dispendiosos, a lo que se suma que la garantía solidaria de los asociados, además de sobregarantizar el crédito, es una amenaza para el precario patrimonio de un pequeño productor.

Sobra decir que ese aparente desconocimiento de la realidad no está desconectado del debate demagógico sobre la tierra y del “negacionismo” de la dramática situación de minifundio rural y de pobreza.

Según el IGAC hay 48,5 millones de hectáreas de propietarios privados, y según catastro 4,4 millones de predios rurales, para un promedio de 11 hectáreas por predio. ¡Cuál latifundio! Claro que hay producción empresarial que sobrepasa ese promedio, para fortuna de la seguridad alimentaria, el empleo rural y las posibilidades exportadoras, pero lo que predomina es la producción minifundista, enaltecida con intereses populistas, pero sufrida por el que la sufre.

A ese pequeño productor que no quiere serlo, porque nadie quiere ser pobre, hay que ayudarle a superar la pobreza a través de asociatividad como política de Estado.

HL

#DIARIOLALIBERTAD

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