En sesión virtual, Representantes de organizaciones civiles, líderes sociales y entidades del Estado, fueron algunos de los invitados a la sesión formal de la Comisión de Derechos Humanos, que fue realizada con el objetivo de revisar las medidas y acciones tomadas frente a las múltiples denuncias relacionadas con la vulneración de los derechos fundamentales, en el marco de la crisis generada por la pandemia por Covid-19. Dicha informe arrojó resultados positivos respecto al seguimiento a recomendaciones del Gobierno Nacional sobre la pandemia. Fue de esta forma como el senador Edgar Palacio Mizrahi, presidente de la Comisión invitó a los representantes del Ministerio de Interior, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Departamento para la Prosperidad Social, Departamento Nacional de Planeación y Defensoría del Pueblo para conocer los resultados obtenidos de las gestiones propuestas en las pasadas audiencias públicas con las poblaciones y sectores que dieron a conocer sus realidades.

Durante su intervención Carlos Bahena, viceministro del Interior, reafirmó frente a la Comisión de Derechos Humanos, la labor realizada para la atención con el aporte de 100 mil millones de pesos para fortalecer la Unidad de Gestión del Riesgo para llegar a sitios distantes y entregar las ayudas en mercados y elementos de protección sanitaria a comunidades indígenas y desarrollar actividades para ubicar y focalizar algunas zonas. De igual forma señaló que la compleja geografía del país ha dificultado que las ayudas lleguen prontamente, especialmente en las zonas rurales, finalmente señaló “se están haciendo los esfuerzos necesarios para llegar a todos”.

Juliana Cortés, directora de Protección de la Unidad de Niñez, dijo que en materia de violencia intrafamiliar se han recibido desde el 12 de marzo, más de 20 mil denuncias por hechos que involucran a niños, niñas y adolescentes. Las comisarías de familia han restituido los derechos de estos menores en 4.654 casos que han sufrido vulneraciones. Las zonas más afectadas de acuerdo con las estadísticas de Medicina Legal, son: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Cortés además señaló que el confinamiento obligatorio en viviendas es uno de los principales causantes de estas negativas conductas, dijo la delegada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, quien también expresó, “otras repercusiones se vienen registrando en trastornos de ansiedad, violencia, depresiones y suicidios ante lo cual se están tomando medidas con especialistas, a través de las líneas de emergencia que vienen atendiendo los llamados de auxilio en cualquier momento”.

Diana Rodríguez, delegada de la Defensoría del Pueblo, estuvo de acuerdo con la apreciación de la delegada del Bienestar Familiar al afirmar que a esa entidad le preocupa el exponencial aumento de las denuncias recibidas en el mes de marzo con 831 casos, de los cuales más de 300 estaban relacionado con agresión hacia mujeres, dijo la delegada quien además señaló que los casos de suicidio y feminicidios han aumentado.

Carmen Dávila, defensora Delegada de Seguridad Social de la Defensoría del Pueblo, se refirió a las problemáticas presentadas en comunidades indígenas ubicadas en los departamentos de Norte de Santander, Guajira y Cesar, donde las ayudas humanitarias del Gobierno no han llegado y es necesario que el Ministerio del Interior revalúe las acciones para que los alimentos y medicamentos como elementos de protección lleguen a esos pobladores. Se refirió sobre la situación de quienes padecen enfermedades crónicas que se han descuidado por atender a los contagiados por el Covid-19, a quienes hay que garantizar su derecho a la salud y que tengan los servicios a pesar de la pandemia y clamó por proteger también al personal de salud que ha sido violentado por algunos por temor al contagio. “Ellos están atendiendo a todos a pesar del peligro que están corriendo y merecen respeto”, dijo Dávila.

Senadores

Luego de escuchar los avances logrados como voceros de las decisiones e intermediarios del Gobierno Nacional y las comunidades, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, recomendaron otras medidas, como fue el caso de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien dijo, “necesitamos que este Gobierno, que lo ha hecho bien, siga en esa actividad para detectar comunidades, donde no han llegado las ayudas humanitarias para que les sean entregadas de manera oportuna y en especial niños. Esa es la gestión de DD.HH. para ayudar visibilizar sectores poblacionales, donde aún no cuentan con esos recursos”, señaló Valencia, quien además se refirió a la importancia de recomendar a las autoridades para que estas se preparen para controlar el número de venezolanos que hacen tránsito hacia su país como también los que se prevé regresarán y que debido a que no se tiene un control estricto, se convierten en vectores para contagio del Covid-19.

Aydeé Lizarazo, congresista del partido Mira, señaló que su objetivo en la actualidad es ser los receptores de las dudas de la ciudadania, para poder gestionar soluciones para las problemáticas presentadas en el marco de la pandemia por Covid-19, así mismo colaborar al Gobierno en cabeza del Presidente Iván Duque, a reconocer las realidades de las mayoría de zonas distantes del territorio nacional.

La senadora Griselda Lobo, de Farc, expresó “hay que hacer muchos esfuerzos para llegar a las comunidades y generar respuestas positivas, dado que persisten casos dramáticos por pérdida de empleos y de actividades, cuyos pobladores no tienen liquidez ni comida. También facilitar corredores humanitarios de estudiantes varados en varias ciudades y que no han podido regresar a sus hogares”

“Vamos a solicitar al presidente Duque un trato especial para los niños en espacios amplios en parques para su desarrollo saludable, así como al Ministerio de Salud para el bienestar de los menores que se han convertido en víctimas por el encerramiento obligatorio por el Covid-19”, dijo el senador Palacio Mizrahi señaló, quien también indicó que el Covid-19 ha revelado muchas falencias del Estado como la ineficiencia en el sistema de salud en cobertura y recursos para dotaciones y equipos, “pero también ha servido para ir mejorando muchas otras que se irán alineando y esta Comisión seguirá haciendo el seguimiento para proteger los derechos fundamentales de las comunidades y como puente ante el Estado para lograr esos objetivos”.

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