Luego de haber surtido el proceso en la Cámara de Representantes, el proyecto 181 “pago a plazos justos”, ahora proyecto de ley 185 en el Senado, está para ser analizado y debatido en la Comisión Tercera del Senado.

No obstante la petición de una nueva audiencia pública sobre este proyecto por parte de la Senadora María del Rosario Guerra, preocupa al gremio que agrupa a las micro, pequeñas y medianas empresas, Acopi, pues considera que ya se han surtido varias audiencias durante el proceso de aprobación del proyecto y se han escuchado a los representantes de los distintos gremios empresariales, la gran mayoría apoyando esta iniciativa.

Ante esto, Acopi hace un llamado de urgencia a los honorables miembros de la Comisión Tercera, con el fin de realizar a la mayor brevedad posible la nueva audiencia pública para que puedan darse los debates necesarios dentro de los plazos establecidos, teniendo en cuenta que desde octubre de 2019 está pendiente el tercer debate ante esta Comisión.

La presidente de Acopi, Rosmery Quintero, explicó que este proyecto se presentó como una iniciativa para desarrollar el principio de la buena fe contractual y reestablecer el equilibrio económico en las relaciones contractuales, frente a situaciones gravosas a las que se ven sometidos los empresarios en procedimientos de largos plazos de pago y facturación de sus operaciones comerciales, incorporando la obligación de pago en plazos justos.

El gremio dice que el 60% de los clientes de las Pymes pagan entre 60 y 90 días y el 40% les pagan en periodos que superan los 120 días, lo cual representa sobrecostos que varían entre el 1%- 1,31% del margen de utilidad.

Esto ocasiona para las pequeñas empresas la pérdida del costo de oportunidad al orientar los recursos inmediatos que tienen posibilidad de ser destinados a la innovación, inversión y fortalecimiento de las competencias de recursos humanos a cumplir obligaciones tributarias y administrativas.

Además les genera inestabilidad financiera. Según datos de Confecámaras Colombia tiene una alta tasa de crecimiento empresarial anual. En general, de cada 100 empresas formales se crean 23 nuevas empresas; sin embargo, el 70% de esas empresas desaparecen antes de los primeros 5 años.

“ La práctica de pago a largos periodos produce una ruptura de equilibrio en la relación contractual, debido a que los proveedores MiPymes deben esperar a más de 120 días para recibir la cancelación de sus acreencias, lo cual les genera un desbalance en su flujo de caja”, anota Quintero.

Algunas posturas gremiales consideran que la Mediana Empresa no debe ser incluida en la iniciativa, no obstante, Acopi dice que insistiendo que este eslabón si debe ser tenido en cuenta dentro del proyecto de ley, porque el país cuenta con 94.965 medianas empresas, las cuales aportan el 7,37% del PIB Nacional.

Además las medianas generan cerca de 993.316 puestos de trabajo de acuerdo con datos de SuperSociedades (2018) el 0,57% de estas empresas tienen cuentas comerciales por cobrar de $51.027.258 millones de pesos, y tienen $41.689.836 millones de pesos en cuentas por pagar, por lo que esta cantidad podría aumentar si se estudiase todo el universo. Es decir, es un eslabón de gran relevancia para la economía nacional.

Acopi advierte que el fuerte impacto económico al que se han enfrentado el segmento MiPyme por la emergencia sanitaria y aunado a esto, las malas prácticas comerciales están conduciendo a las empresas a procesos de quiebra y de insolvencia. Según el último informe de la superintendencia de Sociedad hay 2.788 procesos de insolvencia, de los cuales 1.965 son personas jurídicas y 823 personas naturales, que incluyen trámite, ejecución y liquidación con montos por $49,8 billones en activos en liquidación, $44 billones en pasivos, $5 billones en patrimonio y cerca de 122.066 trabajadores a los que dan empleo estas empresas y de estas, las pequeñas empresas representan un 70% de los procesos.

JR

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