Desde su creación, la JEP fue dotada con un conjunto de normas que reconocen la diversidad étnico-cultural de Colombia. Dentro de estas, se señala a la población afrocolombiana como sujeto de especial protección constitucional, que ha estado en riesgo de exterminio físico y cultural, y que ha sufrido un impacto diferenciado del conflicto armado.

De allí que la JEP tenga tres casos territoriales, en los departamentos de Nariño, Antioquia, Chocó, Cauca y Valle del Cauca, que buscan impartir justicia y establecer la verdad plena sobre el conflicto armado que han padecido estas comunidades y sus territorios.

La violencia armada ha sido un catalizador del racismo y la desigualdad que afinca sus raíces desde la Colonia. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), con corte al 31 de marzo de 2020, las personas registradas pertenecientes a pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras suman en total 1.137.307.

En los últimos 60 años, la violencia política trajo como consecuencia graves delitos como el despojo de tierras, trabajos forzados, asesinatos selectivos, reclutamiento forzado, estigmatización y violencia sexual, y también afectó las formas de vida de las comunidades, las relaciones con la naturaleza y las tradiciones culturales y ancestrales. Esto consta en los 44 informes que abordan las victimizaciones de las personas afrocolombianas, negras, palenqueras o raizales, que la JEP ha recibido a la fecha.

En este contexto, los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros se han visto enfrentados a situaciones de violencia muy graves, que la JEP está abordando de manera diferenciada. “Por ejemplo, en los casos territoriales se reconoce la justicia especial ancestral afrocolombiana, lo que ha exigido el desarrollo de una metodología especial para gestionar la relación entre ambas justicias. Igualmente, la JEP garantiza el derecho a la defensa diferenciada étnicamente de los comparecientes que pertenecen al pueblo afrocolombiano”, aseguró la Magistrada Heidy Baldosea.

Como se verá a continuación, en estos casos ya se han logrado importantes avances, como la acreditación como víctimas de 86 consejos comunitarios afrocolombianos, que agrupan a más de 110.000 personas afro, que pueden actuar como intervinientes especiales ante la JEP.

Caso 02. Situación territorial en los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, Nariño

Esta situación territorial o caso 02 investiga hechos presuntamente cometidos por miembros de las Farc-EP y de la fuerza pública entre 1990 y 2016, lo anterior no excluye la responsabilidad de aquellos terceros que deseen someterse voluntariamente a la jurisdicción.

El despacho relator ha tomado decisiones que se constituyen en hitos de la JEP, como las diligencias de construcción dialógica de la verdad, los diálogos interculturales y la coordinación interjusticias con las autoridades tradicionales del pueblo afrocolombiano, que respeta los derechos a la autonomía, autodeterminación y prácticas de justicia propia. También se destaca la implementación de las perspectivas de interseccionalidad en el caso de mujeres pertenecientes al pueblo afrocolombiano.

Esto es muy importante para la magistrada Belkis Izquierdo, coordinadora de la Comisión Étnica de la JEP y relatora del Caso 02, quien destaca los aportes al país de las personas afrodescendientes: “Las luchas por la reivindicación de sus derechos, su historia, su legado y las estrategias de resistencia les ha permitido afrontar los contextos de esclavitud, discriminación, racismo y exclusión que amenazan su existencia física y cultural. Es precisamente su afirmación por la vida y la libertad y la determinación de estos pueblos y comunidades por mantener su identidad y sus expresiones culturales, la que hacen que Colombia sea hoy un Estado multiétnico y pluricultural.”

Durante el desarrollo del caso 02, el territorio fue acreditado como víctima. Esta particularidad cobra suma importancia, no sólo por el vínculo especial que las comunidades afrocolombianas tienen con el territorio, sino también por tratarse de una de las zonas más megadiversas del planeta.

Es igualmente emblemática la acreditación como víctima, en condición de sujeto colectivo, del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, que fue priorizado en el Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz.

Finalmente, en el caso 02 se han acreditado 30 Consejos Comunitarios que reúnen a 323 comunidades negras con 67.268 víctimas, junto con sus territorios colectivos en 370.137 hectáreas, además de una organización de base y un grupo de 20 mujeres afrocolombianas. Estas comunidades y organizaciones participan como intervinientes especiales en su calidad de víctimas y/o autoridades étnicas.

Caso 04. Situación territorial de la región del Urabá, Antioquia y Chocó.

La situación territorial de la Región de Urabá, Darién y Bajo Atrato fue abierta por la Sala de Reconocimiento el 11 de septiembre de 2018. En este caso se reconoce el enfoque étnico racial a través del reconocimiento del racismo estructural que afecta a la población afro y que exacerbó los niveles de victimización durante el conflicto armado.

Mediante mecanismos de diálogo con sus autoridades propias, la JEP ha podido constatar que las comunidades organizadas en Consejos Comunitarios mantienen y ejercen prácticas que les permiten generar un ambiente de sana convivencia, a través de medidas encaminadas a la reparación de los daños causados al interior de las comunidades. Estas costumbres se mantienen pues son comunidades con arraigo ancestral, que conservan una espiritualidad, reflejada en su relación con el territorio”.

No obstante, el conflicto armado ha diezmado la transferencia intergeneracional y el ejercicio de justicia en estas comunidades debido a la desterritorialización, además de actos que han causado graves violaciones a sus derechos humanos. Adicionalmente, ante la presencia de grupos armados en sus territorios han sido impuestos nuevos órdenes sociales que causan daños a sus procesos organizativos.

Gran parte de los territorios priorizados en la situación territorial de Urabá corresponden a territorios propios de la población afro. En esta zona, esa población se encuentra principalmente en los municipios del Chocó. Tiene una particularidad en su relación con el agua ya que en el territorio transitan los afluentes del río Atrato, que desemboca en el golfo de Urabá. En la actualidad, más de 25.000 individuos pertenecientes a los pueblos negros y afrocolombianos han sido reconocidos como víctimas en este caso. En este caso el territorio también fue acreditado como víctima.

“Los pueblos negros de la situación territorial de la región de Urabá, Darién y Bajo Atrato, se han mostrado muy satisfechos de contar con las garantías para una participación efectiva en los procesos de la JEP, a través, entre otras, del establecimiento de una ruta o mecanismo de coordinación con las autoridades propias del pueblo negro y afrocolombiano”, aseguró la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, relatora del caso 04.

Caso 05. Situación territorial en la región del Norte del Cauca y del Sur del Valle del Cauca

El caso 05 investiga la situación territorial en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono en el Cauca, y en los municipios de Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria en el Valle del Cauca. En este caso se revisan los hechos presuntamente cometidos por miembros de las Farc-EP y de la fuerza pública, desde el primero de enero de 1993 hasta el primero de diciembre de 2016.

“La comunidad afrodescendiente en el Cauca ha sufrido una afectación especial por el conflicto armado pues muchos de sus miembros huyeron de la violencia en el Pacifico colombiano, pero llegaron a otra región muy violenta, teniendo que soportar estas condiciones de revictimización o siendo nuevamente desplazados a otras regiones del país”, se afirma en el Auto 078 de 2018 de la Sala de Reconocimiento, que abrió este caso.

Dentro del caso ya se han acreditado 47 consejos comunitarios y dos organizaciones afrodescendientes, la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM) y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca-ACONC, que reúnen aproximadamente 21.000 afrodescendientes.

Sin lugar a dudas, las voces de las personas afrocolombianas, negras, palenqueras o raizales son protagónicas en la JEP, y fundamentales para pasar la página del conflicto armado en Colombia. Las luchas históricas que ha dado el pueblo afrocolombiano siguen vigentes y la JEP, en su esfuerzo por buscar en la justicia restaurativa un mecanismo diverso, amplio y participativo, vela por garantizar que la discriminación no tenga lugar nunca más en el escenario jurídico, político y social de Colombia.

HL

#DIARIOLALIBERTAD

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