La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa a cargo de Giancarlo Marcenario Jiménez procedió con el llamado a juicio disciplinario del alcalde de Sincelejo y a varios de sus empleados por irregularidades presentadas al rededor de la contratación para adquisición de los 26.666 mercados en medio de la crisis sanitaria por la Covid-19.
En ese sentido el alcalde Andrés Gómez Martínez, la jefe de la oficina jurídica Katiuska Fernández Castillo, la jefe de contratación Andrea Gutiérrez Ahumada y el secretario de desarrollo económico Leonardo Beltrán Pinto, fueron vinculados al caso por el Ministerio Público.
La Procuraduría en el auto de citación a audiencia pública, a estos cuatro funcionarios, les imputa cargos y reprocha que por parte de estos no se haya realizado la labor de su competencia sobre el trámite precontractual y contractual de los negocios jurídicos suscritos a la alcaldía con Abastos y Fruver El Paraiso S.A.S., Y Surtiviveres Comercializadora y Distribuidora S.A.S. como accionar para enfrentar el emergencia por el Covid-19.
Actualmente a cada una de estas sociedades la alcaldía de Sincelejo les debe un 50% de os contratos, lo que corresponde a la suma de $769.514.095.
Más investigaciones
Además de la investigación anteriormente mencionada por parte de la Procuraduría, existe un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde de Sincelejo en le Contraloría por un monto que supera los 1000 millones de pesos.
Así mismo, en la Fiscalía reposa otro proceso de investigación que también involucra a estos funcionarios y al mandatario además de otros contratistas de los mercados. Uno de esos contratos fue con Hugo Tabares Sierra y el jefe de prensa de la alcaldía Gustavo Pérez Mier, para la contratación de una publicidad.
A todos los los implicados en la investigación la Fiscalía los ha conminado a un interrogatorio de indiciado.
#DIARIOLALIBERTAD
Y.A.
