Por: Moisés Pineda Salazar

La Representante Karen Cure me hizo partícipe de sus experiencias personales sobre la actuación de algunos Veedores Ciudadanos que le solicitaron que les hiciera entrega de documentos y pruebas acerca del contenido y los alcances fiscales, disciplinarios y penales del debate que venía anunciando meses atrás sobre el manejo de las regalías y participaciones en el Departamento de Bolívar de donde ella es oriunda y donde reside. Ella se negó a hacerlo.

– Soy consciente de que en estos asuntos de debates de control político, los documentos públicos a los que tiene acceso un Congresista, son los mismos que están disponibles para cualquier ciudadano. Otros que uno pueda allegar y recibir de denunciantes particulares, deben manejarse con cuidado pues de una actuación inapropiada, puede invalidarse una prueba, violarse la naturaleza reservada de un proceso penal, romper la cadena de custodia o atentar contra las garantías procesales de terceros implicados, como ocurre en este caso. Uno no puede correr el riesgo de “terminar haciéndole mandados” a otros.

Por eso, tal vez cumpliendo instrucciones de otros interesados, no faltó quien “reclamando derechos de Veeduría”, la amenazó con demandas ente la Procuraduría General de la Nación por negarse a entregarle información y pruebas acerca del debate de Control Político que estaba anunciando.
Tiene razón la Representante Karen Cure, cuando afirma que las Veedurías Ciudadanas, son instituciones de la Sociedad Civil y no pueden entremeterse en debates de naturaleza política o partidista. Sin duda alguna, tales cosas son asuntos propios de las instituciones de la representación política, de los Partidos Políticos. Las veedurías no están estatuidas para ofrecer o para negar apoyos a los políticos, para atacar o para defender a actores políticos.

– Si lo hacen se desnaturalizan. Las Veedurías están para “vigilar la gestión pública, los resultados de las mismas y la prestación de los servicios públicos”. Para vigilar, no para sustituir a las Autoridades Públicas o para adherir a causas propias de los políticos.

Recuerdo a mis lectores que la Sociedad Civil se puede definir por sustracción, diciendo que ella no es ni Partido Político, ni Gobierno, ni Oposición, ni Policía, ni Ejército, ni Operador Judicial, ni Organismo de Control Fiscal, Disciplinario o de Investigación Penal. Antes bien, vigila que cada una de ellas cumpla con lo que le corresponde aportar para el buen funcionamiento de la Sociedad.

Comparto con la Representante el concepto de que lo propio de las Veedurías Ciudadanas, al igual que el del periodismo de investigación, no es aplaudir o abuchear. Lo suyo es vigilar el funcionamiento de las Instituciones, desde la esfera de sus autonomías, que son los las de la Sociedad Civil. Igual, desde la Libertad de Prensa y de Opinión.

Pero, en Colombia están pasando cosas indeseables.

Una de ellas: que los políticos organicen “sus propias veedurías” para defender sus contratos, los de sus amigos y beneficiados, impidiendo que “otras veedurías independientes metan el ojo en ellos”. Organizan sus propias veedurías para atacar y evitar ser atacados. Usan esas instituciones para desacreditar a todo aquel que amenace sus intereses o que ponga en evidencia sus trampas y corruptelas.
También estamos viviendo un proceso en el que la protección de los Derechos Individuales de los ex Servidores Públicos, quieren prevalecer sobre los derechos de quienes, desde todas las esferas de la organización del Estado y de la Sociedad Civil, los periodistas entre otros, tenemos la obligación de buscar y encontrar la verdad escudriñando la Gestión Pública. No puede ser así.
No podemos permitir que las garantías constitucionales terminen siendo una alambrada de protección para quienes obran en contra de La Ley y de los Derechos ajenos.
Como actores con preeminencia social, como autoridades ante cuyo poder el ciudadano carece de capacidad para resistir, es un deber exigible a todo Servidor Público, estar sometido al escrutinio del público.

– Gracias a esa protección constitucional, la de mi inviolabilidad, puedo relatar y opinar, libre y responsablemente, sobre unos hechos públicos, referidos a las actuaciones públicas de Servidores Públicos que hicieron posible la disposición de dineros públicos del Fondo Nacional de Regalías, por parte del Señor DUMEK TURBAY en su condición, felizmente transitoria, de Gobernador de Bolívar y de Miembro del Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD- Caribe. Igual, gracias a esa Garantía Constitucional, puedo emitir una opinión acerca de tales hechos, sus motivaciones y sus finalidades. Con una sola restricción: la verdad expresada sobre la base de la buena fe y lo que de hechos y documentos se concluya en sana lógica.

En su argumentación, la Representante Karen Cure insiste en que en un debate de control político, el Congresista no actúa como juez, tampoco como agente de investigación judicial, no suplanta a otras Autoridades Públicas. Lo suyo es una apreciación fundamentada, argumentada y organizada acerca de unos hechos de naturaleza pública y que al Contralor, Procurador y Fiscal, les corresponderá establecer la veracidad de los hechos y decidir lo que, en Derecho, corresponda.
Las decisiones de los operadores judiciales, debieran ponderarse en favor del periodista, del veedor y del ciudadano cuando ejerzan la función de buscar y obtener que se conozca la verdad, en forma legal y de manera responsable.

HL

#DIARIOLALIBERTAD

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