Contratistas calanchines

76

La corrupción es un tipo de transgresión a la ley, que en Colombia se volvió prácticamente una costumbre, ha sido tan difundida que ha llegado incluso a no ser mal vista por ciertos sectores y considerada por algunos políticos, altos funcionarios y contratistas inescrupulosos como algo común y corriente, muy a pesar de lo perjudicial de sus nocivos efectos para la sociedad.

Ya era hora que se conocieran los primeros resultados del trabajo conjunto que vienen desarrollando desde días pasados los titulares de los entes de control representados en la Contraloría General, la Procuraduría y la Fiscalía, quienes cerraron filas en un frente común anticorrupción que permitió el trámite acelerado y simultáneo de las investigaciones tanto disciplinarias, como fiscales y penales correspondientes, es mucho lo que se ha avanzado a través de plataformas conjuntas, información compartida, de inteligencia y recepción acelerada de denuncias por parte de la ciudadanía, sobre las irregularidades en la contratación de las ayudas para la gente más necesitada y golpeada por la pandemia del Covid-19.

Las modalidades de los posibles “chanchullos” denunciados en días pasados y de los cuales ya tienen en sus agendas los entes de control, incluyen anticipos exagerados, descarados sobrecostos, inconsistencias en cantidades y calidades, falta de idoneidad de los proveedores, las infaltables roscas para favorecer a contratistas ‘calanchines’, existencia de abusos e indolencias que no se compadecen con la emergencia que agobia a millones de colombianos, pago de favores, por aquello de yo te ayudo, tú me ayudas, cotizaciones descaradamente amañadas, carruseles y otras irregularidades que no alcanzaría este espacio para enumerarlas todas.

Por eso es que se hacía tan urgente e importante el trabajo conjunto que aún les corresponderá emprender al Contralor Carlos Felipe Córdoba, al Procurador Fernando Castillo Flórez y al Fiscal Francisco Barbosa Delgado, para cerrar filas en un frente anticorrupción activo, que permita el trámite acelerado y simultáneo de las investigaciones tanto disciplinarias, como fiscales y penales a que haya lugar. Es mucho lo que han avanzado en indagaciones conjuntas, información compartida, inteligencia y recepción acelerada de denuncias.

Claro que para que su misión tenga mucho más éxito, se requiere el apoyo de la ciudadanía, de los medios de comunicación –como siempre lo ha hecho LA LIBERTAD–, así como de la cooperación y comprensión de los propios alcaldes y gobernadores honestos que sí los hay.

Es cierto que en épocas pasadas habíamos visto en Colombia alcaldes y gobernadores inescrupulosos, pero también era común y corriente observar a mandatarios honestos pero con colaboradores no muy correctos en su accionar.

Tal como a menudo lo destacamos en nuestras páginas, esos casos que a diario denunciamos, deben encontrar en la Justicia la mejor fórmula para castigar de manera severa y ejemplar a los funcionarios que por sus cargos y posiciones son las primeros obligadas a mostrar pulcritud, dignidad y honradez en todos sus actos, por cuanto es desde allí donde se tiene que emprender la lucha para derrotar esas prácticas ilícitas.

Resulta inhumano, perverso, criminal, cruel, inexplicable y monstruoso que inescrupulosos contratistas continúen serruchando la plata destinada a la compra de las ayudas humanitarias para millones de colombianos más vulnerables y los que más han sufrido las consecuencias de la arremetida del coronavirus.

Todos los crímenes son abominables, pero en la escala de los criminales que son capaces de dejar con hambre a los más pobres en la pandemia que nos azota, a los que nada tienen, de quitarle las ayudas gubernamentales o reducírselas, a través de contrataciones viciadas de nulidad, a sabiendas que en sus casas no se las pueden garantizar, son de la peor calaña que se merecen las más severas sanciones.

#DIARIOLALIBERTAD

dawad

Comentarios