Los retos de acceder a la información en Colombia (con y sin pandemia)

530 oficinas estatales y particulares que manejan recursos públicos violaron el derecho al acceso a la información vía derecho de petición en casi 10.000 casos, entre 2017 y 2019, según información de la Defensoría del Pueblo. La Liga Contra el Silencio hizo un ranking de los infractores y analizó las implicaciones de esta conducta para el trabajo de la prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Con la emergencia por la COVID-19, ¿esta situación puede empeorar?
En Colombia miles de solicitudes de información quedan sin ser resueltas de fondo cada año. Algunas entidades ni siquiera las reciben, unas las responden tarde y otras las niegan sin justificación. La Defensoría del Pueblo lleva el registro de estas vulneraciones para conocer quiénes y cómo incumplen los derechos humanos. Los datos suministrados por esta entidad de 2017 a 2019 muestran que las autoridades municipales, prestadoras de salud y la Fuerza Pública -que deberían, por ley, responder a solicitudes de información pública realizadas por la ciudadanía vía derecho de petición- son las que más lo violan sin mayores consecuencias.
La Liga envió a la Defensoría de Pueblo un pedido de información para obtener esos datos y también recibió una respuesta incompleta. El 16 de enero la institución entregó una lista con 9.263 presuntas vulneraciones al derecho de acceso a la información pública entre 2017 y 2019. Sin embargo, no detallaba todas las instituciones responsables. Al insistir, la entidad respondió por segunda vez y enlistó 9.178 vulneraciones cometidas por 530 entidades. Esta vez sin decir cómo cada una de ellas violó el derecho de petición.
La Defensoría recibió y respondió la solicitud enviada en los términos de la ley, pero no resolvió de fondo la pregunta inicial: ¿cuáles instituciones están incumpliendo la norma y cómo? Además, el total contabilizado varió en 85 casos entre una y otra respuesta. Finalmente, envió una aclaración pedida por esta alianza de medios argumentando que esa diferencia de cifras se debía a que “dependiendo del tipo de consulta que se realice en el sistema los datos pueden variar”. (Ver respuesta completa)
Según los datos contenidos en el primer envío, la propia Defensoría del Pueblo no respondió de fondo 12 solicitudes de información. Precisamente, lo que sucedió en este caso fue la vulneración al derecho a la información que más cometió esta Institución.

Con los datos que sí recibió, La Liga Contra el Silencio realizó el análisis que se presenta a continuación. Los cálculos para determinar cuáles fueron las entidades que más incumplieron se hicieron con base en la cantidad de derechos de petición que no fueron respondidos y no en la cantidad que recibieron. Asimismo, se tuvo en cuenta que la vulneración a este derecho implica no solo el silencio de las entidades, sino también no entregar la información que se requirió, no responder dentro de los términos de la ley, negar información sin justa causa, no resolver de fondo lo solicitado, entre otras conductas.
Se estableció que, en promedio, por semana no se contestaron 63 derechos de petición en el país; y por día, 9 de estos durmieron el sueño de los justos.
Lo ganado se violenta
La posibilidad de presentar peticiones a las autoridades para obtener respuestas apareció por primera vez en la Constitución de 1886 y se amplió con la de 1991. Más tarde, la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública reguló el acceso a esos derechos y estableció procedimientos para su ejercicio y garantía. Las entidades públicas, funcionarios y entidades no estatales que manejan información de interés público están obligadas a entregar información actualizada, útil y de interés para los ciudadanos.
¿Por qué el derecho al acceso a la información es importante? Catalina Botero, abogada constitucionalista y decana de Derecho de la Universidad de los Andes, lo considera “esencial para el sistema democrático” porque, entre otras cosas, permite “defender los recursos públicos y evitar violaciones de derechos humanos”.
En el papel se ha avanzado mucho, pero en la práctica hay pendientes. Justamente, la Defensoría -encargada de proteger y orientar el ejercicio de los derechos de los colombianos dentro y fuera del país- informó que en tres años el derecho de acceso a la información pública por medio de derechos de petición fue vulnerado 9.178 veces.
Esas cifras retratan la situación sin ninguna emergencia sanitaria de por medio. Ahora, con la pandemia de la Covid-19, los tiempos de respuesta se extendieron mediante el Decreto 491 de 2020 y, con ello, se abren interrogantes sobre los riesgos que implica para el trabajo de la prensa y el derecho de los ciudadanos a estar informados, lo que también se traduce en la posibilidad de ejercer control social.
El ranking del silencio
Las autoridades administrativas municipales, con 1.630 casos, y los particulares que actúan en colaboración con el Estado, con 1.244, son quienes más vulneraron el derecho de acceso a la información pública. Les siguen los prestadores de servicios públicos de salud y seguridad social, con 840; la Fuerza Pública (Policía, Ejército, Armada y Fuerza Aérea), con 706; los particulares que prestan servicios públicos domiciliarios, con 643; las autoridades administrativas del orden nacional, 602 y las autoridades administrativas del orden distrital con 563. (Ver tabla completa de entidades)
En el caso de las autoridades administrativas municipales, hay dependencias específicas que registran los mayores incumplimientos: las secretarías de las alcaldías de Armenia (Quindío), Ibagué (Tolima) y Quibdó (Chocó), y las alcaldías de Armenia, Riofrío (Valle del Cauca) y Granada (Meta), como se detalla a continuación.
En lo que tiene que ver con prestadores de servicios públicos de salud y seguridad social, casi el 80 % de los casos corresponde a Entidades Promotoras de Salud, y el resto se refiere a Instituciones Prestadoras de Salud, Administradoras de Riesgos de Salud, Aseguradoras de Riesgos Profesionales y una a medicina prepagada. Entre las EPS que más se han negado a dar respuesta a derechos de petición están: Nueva EPS y Medimás EPS.
El detalle de los casos relacionados con la Fuerza Pública muestra que de las 706 vulneraciones, 364 corresponden a la Policía Nacional, 310 al Ejército, 21 a la Armada y 11 a la Fuerza Aérea.
Las peticiones de acceso a la información a estas instituciones incluyen alegaciones de “reserva”. Así ocurrió con la historia “Petroleras y mineras financian a la fuerza pública y a la Fiscalía”, un trabajo de Rutas del Conflicto en alianza con La Liga que incluye la base de datos “Convenios de fuerza y justicia”.
En febrero de 2019 se le solicitó al Ejército los convenios de colaboración que mantenía con petroleras y mineras. Tras no recibir respuesta, se interpuso una tutela un mes después. El Ejército contestó parcialmente un cuestionario justificando “reserva” de la información, ante lo cual se radicó un recurso de reposición y en subsidio de insistencia.
En julio, el Ejército respondió tan solo algunos interrogantes del recurso de insistencia y el juez del caso inició un incidente de desacato para que la institución contestara todo. La respuesta llegó antes del fin del plazo, pero con algunas reservas, y el proceso por desacato se declaró nulo en agosto. La investigación periodística se publicó en julio de 2019 con información obtenida por otras fuentes. El Ejército nunca entregó todo lo solicitado.
Tras la publicación de la revista Semana “Carpetas Secretas”, se conoció que Rutas y La Liga están entre los medios “perfilados” por inteligencia militar. Un caso que motivó la carta pública “¿Por qué nos vigilan?” dirigida al Gobierno y al Ejército.
Los más afectados
Entre los grupos poblacionales más perjudicados por la falta de respuesta de las entidades están: la población desplazada, con 202 casos; los líderes sociales, con 191 y las víctimas beneficiarias de las leyes 387 de 1997 (prevención de desplazamiento forzado) y 1448 de 2011 (víctimas y restitución de tierras) con 103.
“Casi diez mil casos de información solicitada y no entregada son preocupantes”, afirmó la abogada Catalina Botero al ser consultada por el número y los casos presentados. Respecto a los afectados, añadió: “Es muy grave, particularmente, porque se trata de sectores que no tienen otra forma de acceder a la información (…). Hay ciertos sectores de la población que tienen mecanismos alternativos, legítimos o legales que pueden poner en práctica. En cambio, hay otros que solo tienen el mecanismo del derecho de petición para acceder a una información que es vital para el acceso de sus derechos”.
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