Representantes de comunidades del Cauca, Meta, Valle, San Andrés Islas y Bogotá denunciaron que las amenazas y asesinatos han aumentado con el confinamiento obligatorio por el Covid-19 y no se han conocido resultados contundentes para frenar esa otra pandemia que viene afectando a los líderes sociales del país.
“Esta audiencia tiene como objeto lograr la protección del Estado para garantizar todos los derechos humanos de los líderes en tiempos de pandemia o no y buscar una política pública para promover la protección y promoción de los Derechos Humanos”, señaló el presidente de la Comisión de DD.HH., Edgar Palacio Mizrahi (Colombia, Justa y Libre).
En la sesión virtual que se realizó por cinco horas, por la plataforma Zoom, los 37 invitados representantes de varias regiones y funcionarios del Gobierno expusieron sus argumentos y se escucharon quejas por la falta de autoridad para proteger a los líderes como a los pobladores de las regiones afectados por el acoso al que han sido objeto por grupos armados al margen de la ley, minería ilegal, disidencias de las Farc, paramilitares, narcotraficantes y delincuencia común.
Es así como José Vitonaz, Líder indígena de Toribío Cauca, denunció la existencia de bloqueos para el ingreso de las ayudas humanitarias del Gobierno por dirigentes indígenas, grupos armados, disidencias de las Farc y narcotraficantes que los mantienen aislados y amenazados constantemente con panfletos e incursiones por las zonas rurales.
Edwin Valdés, de la región Palenque de San Basilio, dijo que esa comunidad sufre por violencia, racismo, pobreza y falta de atención del Ejecutivo, donde no han llegado las ayudas humanitarias y el único puesto de salud no tiene elementos de bioprotección para atención de pacientes contagiados y denunció que no se les ha cumplido con los ofrecimientos que hizo en su oportunidad el presidente Duque, en su visita del año pasado.
En igual sentido, la líder Yadira Flores, del municipio de Venecia, Cundinamarca, manifestó su preocupación por la ausencia de ayudas prometidas por el Gobierno y donde no han llegado las ayudas anunciadas por los decretos emitidos por la emergencia sanitaria y económica.
El representante de las comunidades del barrio Simón Bolívar de la Capital de la República, Javier Barrera, expuso que en esa localidad donde residen cerca de 700 mil personas la situación de inseguridad se ha vuelto más crítica en esta pandemia, dado que han aumentado los hechos de violencia con robos, homicidios y amenazadas de grupos armados , delincuencia común, y narcotraficantes, ante lo cual solicitó más presencia de las autoridades y que se investiguen los casos y den con los responsables.
Otros dirigentes comunales de los departamentos de Córdoba, San Andrés Islas, Cauca, Amazonas, Meta y Caquetá expusieron denuncias que vulneran los derechos humanos y reiteraron su preocupación por la presencia de grupos ilegales y ser objeto de persecución, acoso, amenazas y delitos que cada día son más frecuentes y requieren la presencia del Estado con la Fuerza Pública para que los proteja, se ubiquen a los autores y los judicialicen para que retorne la tranquilidad y la paz de esa zonas afectadas .
Autoridades responden
El general William René Salamanca, Inspector de la Policía Nacional, anunció que se han hecho varios operativos en los que se destaca la captura del responsable de la reciente masacre de una familia en el Cauca y se ampliaron investigaciones que han dado los más sujetos identificados como autores de crímenes de defensores de derechos humanos y líderes sociales de la región del Cauca que ha propiciado la orden de captura para 41 implicados, que serán puestos a la ordenes de las autoridades competentes.
El alto oficial fue enfático en señalar que las operaciones para brindar seguridad a las poblaciones se han intensificado atendiendo el llamado de las comunidades para brindar seguridad y también apoyar con acciones sociales en esta emergencia sanitaria.
La promoción y prevención acompañada no solo de la Fuerza Pública, sino con acciones sociales interinstitucionales es la mejor manera de proteger a la población y a líderes de las regiones atendiendo peticiones de la ciudadanía para la atención y aplicación de sus derechos”, reiteró por su parte Ricardo Arias, director de la oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, agregando que la entidad hace presencia en todas las regiones y atendiendo las peticiones de los pobladores.
Mateo Gómez V, defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de Violación a los DD.HH. e infracciones al DIH de la Defensoría del Pueblo, respondió a las quejas de los asistentes afirmó que la institución adelanta esfuerzos para acudir a todas las zonas del país y viene adelantando gestiones y estableciendo alertas para que las autoridades realicen las acciones pertinentes de prevención.
Otros asistentes
También participaron en la sesión virtual de la Comisión de DD.HH., Magaly Balcázar Ortega, defensora de Derechos Humanos Territoriales y Ambientales del departamento del Caquetá de la plataforma social y política para la paz y la incidencia de las Mujeres de Caquetá y consejera territorial de paz, y Jaime Absalón León Sepúlveda, de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello.
Igualmente, Beatriz Zuluaga, por el departamento de Antioquia, en representación de la Unión Patriótica; Ronald Rodríguez Rozo, asistió en representación de Daniel Andrés Palacios, Director de la UNP (E); Carlos Medina Ramírez, procurador Delegado para la Defensa de los DD.HH.; Andrés Chica Durango, director de la Fundación Social Cordobexia, del departamento de Córdoba, y el coronel John Arango, director de DD.HH. del Ministerio de Defensa Nacional, entre otros.
HL
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