La ministra de Justicia, Margarita Cabellos Blanco, aseguró que con el Decreto 546 no se va a eliminar el hacinamiento en las cárcels, y que lo que se pretende es disminuir de alguna manera el riesgo de contagio en medio de la emergencia sanitaria que vive el país, una emergencia a la que no es ajena el contexto penitenciario y carcelario.
“En cuanto al marco del decreto tenemos algunos inconvenientes. Por ejemplo, lo que sucede con las personas mayores de 60 años, para quienes se reclama libertad. Lo que pasa es que son en su mayoría ciudadanos que están pagando penas por delitos sexuales o feminicidios, y su salida generaría más problemas para la sociedad”, señalo la Ministra.
La alta funcionaria recalcó que en este primer decreto se realizó un estudio para tener un balance y ponderación entre tres variables: asuntos de salud y humanitarios; demandas de la sociedad y su derecho a la seguridad; y elementos jurídicos.
Frente a los aspectos procedimentales del Decreto, Cabello Blanco manifestó que se adelantan gestiones para que varios privados de la libertad puedan beneficiarse, y confirmó que ayer mismo se remitió al Consejo Superior de la Judicatura el primer listado con 600 personas que podrían obtener la detención o prisión domiciliaria transitoria. Ahora queda que los jueces competentes analicen los casos y tomen decisiones.
Por su parte el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Javier Augusto Sarmiento Olarte, señaló que el Decreto no es la única solución, sino una medida complementaria a otras que se han venido implementando desde hace tiempo. Entre ellas, la ampliación de cupos carcelarios en infraestructura rígida y modular, la cual se adelanta en varios establecimientos de reclusión del orden nacional (ERON).
A continuación, habló el director general del Inpec, Brigadier General Norberto Mujica Jaime, quien señaló que la problemática del hacinamiento que vive el país no obedece a la coyuntura del COVID-19, sino que es un problema estructural que viene desde hace muchos años.
El alto oficial destacó el fortalecimiento de las medidas de salud y protección en los centros de reclusión frente al COVID-19, así como la entrega de elementos de bioseguridad para evitar que el virus se propague aún más al interior de las cárceles.
Y en vista de que la suspensión de visitas ha sido una de las medidas claves para evitar el contagio, el director del Inpec confirmó que se ha prohibido cualquier tipo de traslado de reclusos, incluso al interior de los mismos establecimientos.
A su turno, la directora (e) de la Uspec, Lissette Cervantes Martelo, se refirió a asuntos presupuestales y administrativos, dentro de los que se destaca la solicitud de una partida adicional por 60 mil millones de pesos: 40 mil millones se destinarán a temas de infraestructura de emergencia, tales como zonas de aislamiento, pabellones dotados y plantas de tratamiento de agua para garantizar el servicio.
Y los restantes 20 mil millones servirán para reforzar los procesos de fumigación y desinfección, el abastecimiento de elementos de protección para el personal de guardia, las adecuaciones para la virtualización de audiencias y el aumento de la posibilidad de acercamiento de los privados de la libertad con sus familiares y allegados a través de canales virtuales y telefónicos.
La funcionaria también aseguró que se están suministrando 63 mil litros mensuales de jabón y gel antibacterial para mantener las medidas sanitarias en los 132 ERON, y que se ha reforzado el stock de medicamentos de los centros de reclusión.
En cuanto a cupos carcelarios, Lissette Cervantes indicó que este año se tiene previsto entregar 752 nuevos en Girón (Santander) y 608 en Ipiales (Nariño), y que existe el proyecto de entregar 510 cupos (a partir de 2.040 estructuras de tipo modular) que se distribuirán entre las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta e Itagüí. “Estos cupos ayudarán a disminuir el hacinamiento en los ERON de los mencionados municipios”, puntualizó.
En el cierre de la comparecencia ante la Comisión Segunda del Senado, la Ministra Margarita Cabello hizo hincapié en que las medidas que se han venido tomando se adoptan con la mayor responsabilidad y pensando siempre en el bienestar de las personas privadas de la libertad, el cuerpo de custodia y vigilancia y el personal administrativo de los establecimientos de reclusión.
HL
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