Anuncia el gobierno nacional la etapa de mitigación de la pandemia del Covid 19 o Coronavirus, para significar que continúa la cuarentena hasta el 27 de abril próximo, por ser la época de mayor trasmisibilidad del virus, ahora en portadores asintomáticos dispersos en la gente, y no solo en los viajeros o partícipes de imprudentes reuniones sociales.
Las autoridades han realizado un esfuerzo para cubrir las deficiencias de camas disponibles en caso de agravarse la cifra del número de contagiados, a partir de las estadísticas que arrojan las pruebas practicadas a pacientes detectados, número de hospitalizados y defunciones ocurridas, atendiendo las tasas de crecimiento en otros estados, en los que, el incremento exponencial, ha desbordado la capacidad de personal médico, de enfermería, de paramédicos, así como los medicamentos, respiradores, y las propias salas de camas.
Aunque encomiable la disposición de mercaditos a los sectores más vulnerables, en número que llegan casi a las 300 mil minutas alimentarias en el departamento y otro tanto en el distrito de Barranquilla, todavía no es suficiente para apaciguar la crisis económica esparcida en todo el tejido de la sociedad, incluyendo a los estratos 3, 4, 5 y 6, que parecen no contar en la lista de programas financiados por el gobierno nacional.
Han sido solo 100 días desde que China comunicó a la Organización Mundial de la Salud el descubrimiento del virus SARS modificado , convertido en Covid 19, o una nueva cepa del coronavirus que azoto el oriente hace unos años, para poner en jaque todo el sistema socioeconómico neoliberal, y sus fracturas geológicas que lo hacen inviable para enfrentar calamidades mundiales, en este caso, por la Pandemia, esparcida en cuestión de días por el orbe completo.
Motivo de reflexión de científicos en el área de la Salud, premios Nobel en economía, políticos y politólogos, estadistas, pensadores, líderes mundiales, ha marcado este momento histórico, describiendo su gravedad, proponiendo salidas a corte, mediano y largo plazo, reconociendo errores en el tratamiento irresponsable que elevó el número de víctimas, coincidiendo, la gran mayoría, en la dura lección de haber cambiado radicalmente el presente y el futuro de la humanidad.
Han fallado quienes pregonaban que el estado había que reducirlo, al punto que, todos los servicios, debían privatizarse, incluyendo, la salud, la seguridad social, la industria farmacológica, el transporte público, el manejo monetario, la banca, y cualquier actividad productiva, antes en manos del estado.
Pero hoy, con las empresas quebradas, los negocios a pérdida, las comunicaciones internacionales paralizadas, la banca disminuida, en fin, con la economía congelada, salen a buscar al papá estado que, nada más ayer, les incomodaba, y que cambiaron por el mercado, como gran regulador, para que, ahora, les provea de recursos de salvación y los saque de la debacle.
Se les olvida a esos sectores de la economía, más favorecidos con los negocios de la privatización, que el estado tiene la obligación constitucional, no por la misericordia religiosa, sino por norma superior, de aplicar y hacer respetar el Estado Social de Derecho a toda la población colombiana.
Es en este sentido que debe asignarse una pensión a todo jefe de familia, hombres y mujeres, y a los trabajadores independientes, de carácter permanente, la inmensa mayoría de lo colombianos, quienes deben percibir recursos líquidos, para salir del atolladero, y vuelva a estimularse la economía, poniendo a rotar ese mercado paralizado, de lo contrario, el desastre social no se detendrá, por muy valiosa que sea la ayuda humanitaria que los gobernantes nacionales, departamentales y municipales adelantan en medio de la crisis.
Someter los recursos a bancos de segundo piso, como Bancoldex, que solo es portador del programa, para someter al ciudadano a la aprobación de los bancos nacionales, que desembolsan, una vez aplican requisitos inalcanzables, menos para un pueblo que vive al debe, reportado a las centrales de riesgo, es hacer demagogia que termina entregando los miles de millones a los agiotistas, esos sí, bien calificados en la banca nacional, expertos en colocar ese mismo dinero en el mercado prestadiario, a un altísimo costo de financiación.
Es hora que el estado deje de cometer errores y baje con pulso firme los recursos a toda la ciudadanía.
Buena es la misericordia pero se trata del Estado Social de Derecho.
