Debido a la Orden SND/344/2020, los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada en España, deben estar a disposición de las autoridades para entrar a formar parte o reforzar los circuitos de diagnóstico ya existentes, con la obligación de notificar a la autoridad sanitaria competente de la Comunidad Autónoma los casos de coronavirus detectados.
Así, los nuevos casos deberán ser notificados tan pronto se detecten con la máxima urgencia y por el medio más rápido posible. La normativa incluye la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para regular los precios de las pruebas para la detección del nuevo coronavirus, para evitar situaciones abusivas.
Fernando Simón ha justificado este decisión en su comparecencia: «No podemos permitir que en un periodo de escasez se utilicen las PCR [pruebas diagnósticas] en grupos poblacionales en los que no van a ser suficientemente eficientes para generar resultados adecuados. Y, por otra parte, que los diagnósticos que se hagan no queden bajo el conocimiento de las Comunidades Autónomas», ha sostenido.
Actualmente España cuenta con 172.541 casos confirmados, 18.056 fallecidos y 67.504 personas recuperadas y dadas de alta.
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