Los mercaditos del chicharrón. No prejuzguemos. Es hora de ponderación y consensos

Por: Alfonso Camerano Fuentes 
Tamaño escándalo ha creado la denuncia pública por los contratos celebrados por Gobernadores y Alcaldes para proveer de mercaditos a sectores vulnerables de la población.
La entes de control se han volcado sobre las entidades territoriales de la Costa Atlántica, a partir de la denuncia de ciudadanos y organizaciones sociales y políticas, tomando como factores de asombro el valor de los contratos.
Más por la pugnacidad política y la polarización permanente, en medio de la calamidad general por el Covid 19, sumada a los vicios usuales en la contratación pública, se pone en tela de juicio la transparencia en este tipo de negociaciones públicas, que bien ameritan un comentario, para no repetir historias ya transitadas.
El estado fiscalizador, representado en la Contraloria General de la República; la Procuraduría General de la Nacion o la Fiscalía General de la Nacion, cumplen la función constitucional de investigar y determinar si hubo o no prudencia, prevención, ponderación, buena fe en cada uno de los contratos celebrados por los mandatarios, en el marco de la Constitución Política, la ley y directrices trazadas en su larga experiencia investigativa, pero no por eso conviene acompañar su deber normativo con ruedas de prensa que escandalizan y prejuzgan la conducta de los funcionarios que han de ser visitados por las comisiones dispuestas a trasladarse a cada departamento o municipio informado.
Bien podrían lo entes fiscalizadores acompañar a las entidades territoriales para brindar su experiencia de evaluadores de situaciones de calamidad ocurridas en épocas no muy lejanas y que demandaron del estado nacional destinar recursos a los departamentos y municipios para solventar la crisis sobreviviente.
Aquí en el departamento del Atlantico tuvimos en diciembre del 2.006, la ruptura del muro de contención o jarillón, que soportaba el peso muerto del agua del canal del dique, a la altura del municipio de Santa Lucía, mucho más bajo, en su relieve, que el lado de Bolívar, y a la vuelta de unas horas, el desastre de la inundación era de marca mayor. Se repetía así la historia del año 1.985.
El flujo a chorro del agua presionada inundó miles de hectáreas, afectando los municipios del Sur del Atlantico, Campo de la Cruz, el Suan, Candelaria, Manatí, Ponedera, Repelón, y el más inmediato, Santa Lucía.
La presencia de firmas de ingenieros con sus líderes de cuerpo presente, en ese momento, armando sacos de cemento que se tiraban y compactaban en el sitio, liderados por Julio Gerlein y Alfredo Saade, hizo posible, a la vuelta de varios meses, solventar el accidente, y volver la región a su entorno, ahora modificado.
Pero, al lado de este drama, afloró el otro, el verdadero, el subyacente, el de la pobreza generalizada, el de la gente de carne y hueso, de todos los niveles de nuestro campo y cuerpos de agua, la falta de sustento de los campesinos, ganaderos y pescadores, para sostener a sus familias.
Apropió, entonces, la Nación, recursos destinados a cubrir las poblaciones inundadas de alimentos básicos, colocando en los departamentos cuantiosas sumas que permitieran adquirir, sobre la marcha y el hambre, minutas alimentarias, representadas en mercaditos, provisionados de los nutrientes y calorías básicas, que los hicieran útiles y rendidores.
La experiencia de las Cajas de Compensación Comfamiliar y Combarranquilla, fue aprovechada por el departamento del Atlantico, en la primera administración de Eduardo Verano de la Rosa, para confiar la organización de los alimentos, desde su contenido nutricional, precios de mercado libre, y reparto organizado y controlado.
La interventoría estuvo a cargo de la Universidad del Norte, y fue así como se puso a andar, sin pérdida de tiempo, la distribución de los mercaditos.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue vinculado para consultar los valores nutricionales y calóricos de los alimentos que debían hacer parte de la canasta.
Los precios de los productos se cotizaron en el mercado local y se adquirieron los que, conforme a su calidad, cantidad, embalaje y tiempo de disposición, fueran más rentables; en esto se atendió a la comunidad que también informaba sobre la presentación de los mismos. Así, la canasta tenia alimentos no perecederos de varios comerciantes, por su valoración integral.
El reparto de los mercaditos en cada municipio estuvo precedido de un censo por sectores deprimidos de las cabeceras, incluyendo los corregimientos, veredas y caseríos, para lo cual, los alcaldes, muy al margen de la organización, para evitar la jodienda política, ponían a disposición edificaciones o sitios amplios, para la entrega dirigida y relacionada.
Se elaboraron listados, con nombre, identidad y residencia del beneficiario, quien firmaba o colocaba su huella, y si no podían asistir, se les trasladaba ese paquete a la sede central de las Cajas, para su entrega posterior.
Así ocurrió en cada caso en que quedaran saldos de alimentos.
Aún así, hubo gente que se quejó por no haber recibido su minuta en el momento de la entrega, y aunque después le fue compensada, se abrieron las investigaciones fiscales y disciplinarias que, después de más de 6 o 7 años, concluyeron que todo el proceso fue transparente.
Por haber conocido esta experiencia, útil y oportuna, corresponde entregar a las Administraciones Departamentales y Municipales del Caribe colombiano, elementos prácticos que sirvan a todos, incluyendo a empresarios y comunidad en general, para no repetir historias, y mucho menos, prejuzgar su empeño, en medio de esta desgracia por el coronavirus, sumando escándalos, cuando debemos sosegarnos.
Sea pertinente afirmar que la contratación de personas jurídicas o personales, respetables y con experiencia, no constituye una falta, per se, aunque bien ha podido apoyarse la Administración en los organismos gremiales, con experiencia en este tipo de economías de cantidades mayores, y en su propia estructura institucional, integrada por valiosos profesionales, que bien pueden orientar y organizar la distribución de los alimentos o mercaditos.
La situación que nos envolvió a todo el mundo es un hecho inédito, sin precedentes, por la pandemia y por el pánico que lleva aparejado, y para esta situación nadie está preparado, ni los particulares y mucho menos el estado, que se volvió pequeño e incómodo, para un sistema que, colapsado, vuelve a él como salvador y demiurgo en la desventura.
Es preciso, entonces, más que caerle al Gobernante, cuando se trata de cumplir una función de solidaridad social, enderezar la plana, corregir y garantizar que los recursos lleguen a la gente.
En esta línea, conviene afirmar una Interventoría, más de orientación y coparticipación, en la línea del servicio social, que de obstaculizar la inmediatez que exige el momento. Sabrá cada administrador cómo proceder.
La participación del ICBF, de las Cajas de Compensación Familiar; de las ONG, de las comunidades mismas, son indispensables para brindar confianza y no prejuzgar y condenar a quienes, partiendo del principio de buena fe, entregan su esfuerzo y recursos, para aplacar una crisis que está viva y requiere de consensos.
Aún más expósitos se encuentran los Alcaldes de los pueblos, a quienes quieren cobrarles los resultados políticos y los embalan – de una – contra la pared; si hay errores, imprecisiones, inobservancias, están a tiempo de corregirlas.
Toquen las puertas, Gobernadores y Alcaldes, empresarios contratistas, comunidad toda, a quienes den luces, y podamos sostenernos en el viacrucis social que nos agobia.
Esto va también para los entes de control, ponderación, y menos ruedas de prensa, pelándole el diente a los funcionarios que están al frente de una crisis sin precedentes en la historia.
El circo con cabezas rodando puede esperar.
Solucionemos, Concertemos. Entendámonos, primero,