Por: Amalfi Rosales
La corrupción y el desvío de los recursos de la salud tiene en cuidados intensivos a la red hospitalaria en el país, y sus consecuencias se están notando ahora con la emergencia que vive el mundo ante la llegada de la pandemia del coronavirus, que ya da cuenta de un sinnúmero de infectados y de muertos en Europa y América Latina.
Según los pronósticos de expertos, la cifra de afectados en Colombia seguirá creciendo si no se toman las medidas adecuadas y no se cumple con las recomendaciones del Gobierno Nacional.
En Diálogo con el Diario La Libertad, el Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, hizo énfasis en el robo de los dineros públicos destinados a la salud y de cómo la corrupción acabó con Hospitales y centro de médicos del Estado que ahora se están necesitando
“Algunos territorios del país históricamente no han hecho bien la tarea y aquí es donde nos arrepentimos de los efectos de la corrupción, de esos hospitales abandonados, del abandono de muchos gobernantes por no tener una buena red de servicios. Estamos vigilando todos los territorios y pendientes de que la red pública, que se giren los recursos, se le paguen a los médicos y a los profesionales, y por ello necesitamos ponerle un freno a la corrupción y a la desidia de muchos colombianos”, expresó el funcionario al Diario LA LIBERTAD.
Y es que el panorama en salud en nuestro país no es muy alentador frente a una pandemia de esta magnitud. Transparencia por Colombia hizo una radiografía de los hechos de corrupción y encontró con que entre enero de 2016 y julio de 2018 el Monitor Ciudadano identificó 327 hechos de corrupción reportados por la prensa nacional y regional en los 32 departamentos del país.
El 69 % de los hechos fueron de alcance municipal, el 25 % de nivel departamental y el 6 % restantes correspondieron de alcance nacional. El proceso de sistematización refleja únicamente los datos de los registros periodísticos encontrados y posteriormente sistematizados.
De acuerdo a un informe entregado por la Contraloría General de la República a la Corte Constitucional, en diciembre de 2018, entre 2012 y 2018, por mal manejo de recursos de la salud este organismo de control produjo 267 fallos con responsabilidad fiscal por $2,1 billones. Recobros no justificados y adquisición de bienes o elementos no relacionados directamente con la prestación de servicios, son algunas de las causas que han dado origen a muchas de las declaraciones de responsabilidad fiscal, lo que evidencia la magnitud de la corrupción en este sector.
Así lo indicó la CGR al responder una pregunta de la Corte Constitucional sobre cuánto dinero ha perdido el sistema de salud, con ocasión de la corrupción en estos últimos ocho años, y dar cuenta de las decisiones de fondo que ha tomado en materia de responsabilidad fiscal.
Es así como, en el período señalado, se declararon un total de 437 responsables fiscales (322 personas naturales y 115 personas jurídicas) y las principales causas que dieron origen a la declaración de responsabilidad fiscal fueron recobros no justificados, adquisición de bienes o elementos no relacionados directamente con la prestación de servicios, sobrecostos de medicamentos y duplicidad de registros en bases de datos.
También se evidenció cómo estos recursos también se destinaron para bonificaciones en cabeza de funcionarios de varias EPS.

Otras cifras y actuaciones
Los montos involucrados en las investigaciones de la Contraloría General de la República por estos temas, en el período 2012-2018, suman $5.6 billones, en 2.388 procesos. Es decir, esta es la cifra por la que se abrieron tales procesos.
Un total de 187 procesos de responsabilidad fiscal han sido abiertos a partir de denuncias de la ciudadanía.
La Contraloría ha desplegado varias actuaciones para perseguir de forma directa el patrimonio individual de los accionistas y/o administradores de las EPS e IPS que han incurrido en maniobras fraudulentas y han originado un daño patrimonial a los recursos de la salud.
Dentro del proceso se ha adelantado una búsqueda de bienes a nivel nacional y también en el extranjero (como sucede en el caso de Saludcoop, en el Ecuador), por parte de la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes. La búsqueda financiera también se ha adelantado a nivel nacional e internacional (cuentas corrientes, de ahorro, CDT´s, Fiducias, etc) y se han impuesto medidas cautelares como el embargo y secuestro de bienes y cuentas.
Investigaciones por carteles y gastos indebidos
La Contraloría destapó los llamados Carteles de la Hemofilia (En Córdoba y Bolívar), de las inexistentes terapias basadas en neurodesarrollo (en Córdoba), y de los Enfermos Mentales (en Sucre), casos por los cuales sea adelantan varios procesos de responsabilidad fiscal.
Otro caso de gasto indebido de recursos de la salud se dio en la EPS COMFACOR, de Córdoba, donde el ente de control encontró hallazgos fiscales por $17.316 millones. Una buena parte de esta cifra, exactamente $14.450 millones, correspondía a la subcontratación o intermediación de los servicios de salud, que configura una desviación de recursos públicos.
Así mismo, una auditoría a Medimás determinó que, sin soportes legales, esta EPS realizó giros anticipados a proveedores médicos por $718.623 millones.
Persisten malas prácticas en transacciones y administración del Sistema de Salud
En la actualidad, el superintendente Fabio Arisitizabal ha sido muy enfático en señalar las responsables de esta crisis a los que sin sensibilidad alguna se han robado la salud de los Colombianos y en muchas ocasiones ha advertido que está muy pendiente de cada denuncia que llegue a su entidad y vigilará que los recursos para combatir en Coronavirus se distribuyan de forma transparente.
Por su parte, la contraloria persiste concentración en la cartera: a septiembre de 2019, la cartera de las IPS asciende a $9,4 Billones, de los cuales $3,3 billones, la tercera parte, se concentra en IPS de segundo nivel. Tratamientos sin pruebas genéticas, recobros sin prestación del servicio y pacientes inexistentes, son algunos de los hechos irregulares que sigue encontrado el organismo de control.
La Fiscalia General de la Nación hace la tarea penal. Según reportes oficiales, 41 casos han judicializado en el año 2018, por los que 203 personas entre funcionarios públicos y particulares están vinculadas, y que le han costado a la nación $ 451.225 millones que eran para la salud de los colombianos. Esto, sin contar las diversas redes criminales que se han destapado.
Las modalidades son diferentes: van desde grandes carteles con IPS, fachada que perfeccionaron la técnica para inventar pacientes, manipulación y alteración de historias clínicas, pasando por falsa contratación de empleados en hospitales, hasta pequeñas redes que se quedan sobrefacturando con plata o con sobrecostos en contratos.
Conducta gravemente culposa
Cabe recordar que el despacho del Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, dejó en firme en su totalidad el fallo con responsabilidad fiscal que profirió el pasado mes de mayo la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción en contra de Conrado Adolgo Gómez Vélez y Gustavo Enrique Morales Cobo en calidad de Superintendentes Nacionales de Salud, y Wilson Sánchez Hernández, Mauricio Castro Forero y Guillermo Enrique Grosso Sandoval, en calidad de agentes interventores, por el pago de operaciones no autorizadas con recursos del Sistema General de Seguridad Social que se dio en la intervención de la EPS Saludcoop, durante los años 2011 a 2013.
La misma EPS SALUDCOOP, hoy en liquidación, fue encontrada responsable fiscal y deberá responder por el valor total del fallo, que asciende a unos $91.133.654.416.
Todo este desangre a la Salud nos está pasando factura de cobro y el precio lo deben pagar los colombianos menos beneficiados que pagan impuestos, lo que sin duda pone jaque la lucha contra la pandemia del Covid-19, como reflejo de las mafias criminales corruptas que, sin duda, muy difícilmente se acabará mientras no se tomen medidas drásticas.
#DIARIOLALIBERTAD

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