Ante la duda, el debate: Antecedentes de la Triple A en Soledad

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Abogado Leonardo Reales.

Se ha venido abriendo camino en el municipio de Soledad un interesante e
inaplazable debate, se debe decidir: ¿quién debería continuar con la prestación
del servicio público de agua y alcantarillado en esta localidad del departamento?
Frente a este interrogante conviene modificar el reconocido latinazgo: in dubis,
abstine (ante la duda, abstente). Con los cambios introducidos con la Constitución
del 91, los gobiernos municipales están en la obligación de convocar a todos los
actores involucrados: usuarios, academia, autoridades, entes de control y
organizaciones civiles y políticas. El latinazgo se transforma: in dubis, consultatio
populo, o lo que es lo mismo, ante la duda, consulta al pueblo.
El asunto a tratar es de medular importancia, se trata de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, mismos que la Corte Constitucional
reconoció como derechos fundamentales en pasadas decisiones. Desde hace
aproximadamente 20 años estos servicios son prestados de forma regular e
ininterrumpida por la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios (ESPD) Triple A,
mediante una concesión que podría ver su ocaso el próximo año cuando se
extinga el plazo pactado entre las partes (Municipio-TripleA). Hoy corresponde al
gobierno municipal, sobre los hombros del burgomaestre Rodolfo Ucrós Rosales,
tomar la decisión sobre el futuro de la prestación de este servicio y de escoger el
concesionario que garantice la continuidad, cobertura y calidad del servicio como
lo ha venido realizando la Triple A.
El debate debe estar circunscrito bajo dos parámetros: el primero corresponde al
análisis del contexto histórico dentro del cual el municipio pasó de la prestación
directa de los servicios a la concesión entregada a un particular. La segunda
corresponde a analizar los riesgos colaterales y directos que trae consigo el
cambio de concesionario: (i) la afectación de la calidad, (ii) disminución a la
cobertura, (iii) carencia de plantas propias para el tratamiento de aguas, entre
otros.
En ese orden de ideas conviene contrastar el actual servicio y el que en otrora era
prestado por dos empresas públicas: La Metropolitana y la Municipal. En lo
sucesivo de la década del noventa este municipio, erigido a la orilla del rio
Magdalena, contaba con cuatrocientos setenta y dos mil once (472.011)
habitantes, distribuidos en menos de cien (100) barrios, con una cobertura del
60% del servicio de agua. El servicio era suministrado por parte del Ente Territorial
a través de plantas propias, insuficientes, pues el 40% restante (barrios periféricos
a Barranquilla) era cubierto por la ESPD Triple A.
Pero 20 años después, aquel municipio de casi medio millón de habitantes
(472.011) duplicó su población, al igual que el número de barrios, por encima de
los rigores y vejámenes de la problemática social y económica de un país en
constante conflicto y, a pesar del desaforado y amorfo crecimiento, en su ambición
de ser metrópolis, hoy cuenta con una prestación de este servicio y derecho
fundamental con cobertura casi total y con prestación poco interrumpida aún en
sus más de sesenta (60) barrios subnormales.
En los anales de estas dos últimas décadas no se puede dejar de lado la
importancia de la acertada y decidida visión que tuvieron en ese momento los
mandatarios de los años 2000 y 2001 para buscarle una salida a la problemática
de los servicios públicos de agua y alcantarillado. Fue en el gobierno de Astrid
Barraza Mora (1998-2000) donde se inició la búsqueda de un operador para la
solución a la insuficiente prestación de los servicios de agua y de alcantarillado,
-este último solo cubierto en un 36%- que era prestado por el mismo municipio
directamente y el cual presentaba falencias en materia de cobertura y calidad. El
primer paso se concretó al expedir el acto de Resolución No. 0295 del 17 de
marzo del 2000 con el que se dio inicio al trámite de búsqueda de un operador
privado, proceso que fue declarado desierto por carencia de proponentes,
posteriormente con la Resolución No. 1033 del 19 de julio del 2000.
Al año siguiente (2001), el entonces alcalde Alfredo Arraut Várelo (2001-2003)
enfrentándose a una cobertura del 47% en uno de los más indispensables
servicios públicos (acueducto), retomó el asunto y, acudiendo a la figura jurídica
de la contratación directa, firmó el 4 de diciembre de ese mismo año el contrato de
concesión de los servicios entre el Municipio de Soledad y la ESPD Triple A,
acordando ejecutar el siguiente objeto:
“Entrega para su financiación, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y
operación de la infraestructura de Acueducto y Alcantarillado y sus
actividades complementarias existentes en el Municipio de Soledad”.
El plazo para su ejecución fue de 20 años. Decisión que en ese entonces fue
aplaudida, dada la imposibilidad económica del Municipio para garantizar a sus
habitantes el servicio e invertir en la infraestructura operativa de sus acueductos y
así superar exponencialmente ese 36% de cobertura que afligía a esta población
ribereña.
No olvidemos que la situación del alcantarillado no era menos grave. El nivel de
polución producido por Soledad contaminaba los afluentes del Rio Grande en este
tramo de su recorrido. Las responsables eran las estaciones de bombeos
ubicadas en los barrios Porvenir y Cachimbero, donde funcionaban los colectores
encargados del tratamiento de las aguas servidas provenientes de los barrios del
“Casco Viejo” del municipio. La solución de esta situación requería inversiones que
superaban la no halagüeña cifra de USD $78.748.738.00, de los cuales el 55,5%
(USD $43.701.011.00) sería para acueducto y 44,5% (USD $35.045.727.00) para
alcantarillado, con la siguiente expectativa de resultados:
AÑO PORCENTAJE COBERTURA ACUEDUCTO PORCENTAJE COBERTURA ALCANTARILLADO
2002 47% 36%
2021 94% 90%
Para el año 2021 tres aspectos quedan claro: 1) diagnosticar el estado actual; 2)
evaluar los avances y compromisos; y 3) escoger un concesionario que garantice
la continuidad de los buenos servicios que han sido prestados hasta ahora. Todo
esto sin dejar de lado la concertación y la aplicación de procesos diáfanos que
resulten en soluciones favorables para todos los habitantes del Municipio de
Soledad.

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