Círculo vicioso de la contratocracia

En Colombia no es exagerado afirmar que estamos y estaremos por mucho tiempo en presencia de gobiernos de los contratistas y para los contratistas; es la nueva versión de la plutocracia a través de la contratocracia, y que en nuestro país está representada en pocos familiares de congresistas que son los adjudicatarios de todos los grandes contratos de obras de infraestructura, a escala nacional, regional y local.
Se puede decir que ahora nos encontramos ante una nueva forma de hacer la política; al fin y al cabo es sabido que los contratos son una forma de pagar favores de campaña o de mantener cautiva a la ‘clientela’ que los apoyará en las próximas elecciones, en un país ‘político patronal’ como lo es Colombia, que permanece casi todo el tiempo en época preelectoral.
Esto significa que la contratocracia con diversos matices de corrupción es la alianza entre particulares y servidores públicos que en muchos casos se amangualan para defraudar al Estado, porque los dineros de los contratos son un botín fácil para enriquecerse a través del conocido ¿cómo voy yo ahí?.
A todo esto hay que agregarle el sinnúmero de irregularidades que generalmente acompañan las contrataciones públicas, bajo la forma de contratos inflados y adjudicaciones amañadas, tal como lo hemos relatado en anteriores ediciones luego de las indagaciones serias y concretas de nuestro equipo investigativo, publicaciones que a decir verdad ya no producen extrañeza.
Hay que adicionar los sobornos desvergonzados, y otra contaminación más: la mala por no decir pésima calidad que no es raro encontrar en las obras públicas, cuyos contratistas –siempre los mismos– no contentos con cobrar precios de primera, sobran quienes construyen las obras con materiales de tercera, con resultados de cuarta categoría, lo cual obliga a su reparación y hasta la reconstrucción total de las obras, con el caudal de costos adicionales que esto significa y obviamente con la iniciación del círculo vicioso de corrupción que suele acompañar esas contrataciones; eso cuando se realizan, porque no ha faltado la ocasión en la que se pagan las obras pero jamás se llevan a cabo.
Sería conveniente que los entes de control inicien ya, un proceso de revisión de varios contratos de obras de infraestructura por miles de millones de pesos, en los que se incluyen altas sumas de dinero destinados al pago de las famosas interventorías que en la mayoría de las veces son ejercidas por personajes que se constituyen en figuras decorativas e ineficientes, si tenemos en cuenta que generalmente estas no cumplen con la función legal que les corresponde y terminan convirtiéndose en ‘calanchines’ de los contratistas, y sin ningún escrúpulo proceden a impartirle aprobación a las obras de infraestructura realizadas, sin que se cumplan las obligaciones pactadas en los correspondientes contratos.
Mientras no se castigue con severidad estos hechos por parte de los entes competentes, seguirá proliferando la corrupción y con ella se agudizará la situación social del país, abriendo surcos para que la violencia siga floreciendo en nuestra sociedad.

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