Por más gobiernos transparentes

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Cada vez que aparece un informe de la Procuraduría o de la Contraloría, en torno al mal funcionamiento de la administraciones municipales –lo cual ocurre con mucha frecuencia–, la ciudadanía piensa que algo está funcionando mal en el mecanismo de la elección popular de alcaldes.
Cuando han transcurrido más de tres décadas de la implementación de la elección popular de alcaldes, se deberían estar produciendo gobiernos transparentes, no que den muestras de su incapacidad para manejar los destinos de su municipalidad, como ocurre en la mayoría de municipios que en un alto porcentaje de su población padece de las más elementales necesidades básicas insatisfechas.
Estos últimos treinta años nos han mostrado: que algunos alcaldes no tienen preparación para ejercer el cargo, o que son unos corruptos, pícaros e inescrupulosos, especializados en el ‘tape tape’ de los entuertos de su antecesor, cuando pertenecen al mismo grupo político.
Las cifras de alcaldes encartados con la justicia son contundentes; en cada periodo, más del cincuenta por ciento de alcaldes han tenido que responder ante la Fiscalía y los Jueces por sus actos ilegales, muchos de ellos han cometido errores inducidos por sus más inmediatos colaboradores o ‘calanchines’, que generalmente hacen parte de los mandos medios, y por eso se les denuncia, pero otros han actuado por su propia iniciativa y con dolo.
Lo malo de los electores es que repiten sus equivocaciones en cada elección, entre otras cosas porque no existe un procedimiento que los obligue a la entrega de cuentas, o sea un balance que permita establecer si el alcalde saliente le cumplió a sus gobernados y en qué invirtió los dineros aportados por los contribuyentes.
El plan de gobierno que obligatoriamente registran en el acto de su inscripción, se convierte en “letra muerta”, porque no existe un procedimiento de confrontación de su cumplimiento, ni durante su gobierno ni al final de este.
Las malas actuaciones administrativas de algunos alcaldes municipales llevan al despilfarro de los recursos que termina siendo asumido por los contribuyentes, por eso se hace necesario que los ciudadanos sepan con claridad y con cifras exactas en qué se gastaron los recursos durante el 2017, es necesario que los alcaldes publiquen sus balances para que la comunidad se entere en qué se gastan los dineros de los contribuyentes durante sus administraciones.
Es inconcebible que ya avanzado el tercer milenio todavía encontremos poblaciones que carecen de los más elementales servicios básicos y en donde sus habitantes viven en las más paupérrimas condiciones, en medio de toda clase de necesidades, sin que se vislumbre la más mínima posibilidad de solución para sus múltiples problemas.
Es importante que por mandato de la Ley o voluntariamente –que sería lo mejor–, no solo los alcaldes, sino también los gobernadores, contralores, personeros, presidentes de la Asamblea, de los concejos y los directores de los institutos descentralizados, den cuenta permanente y detallada a la ciudadanía, sobre la gestión que desarrollaron durante el último año de sus actividades.

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