ESE Cari y la desaparición del Estado de Derecho

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La Carta Política de los colombianos erige a derecho fundamental el debido proceso, consagrándolo en el artículo 29 para todo tipo de actuaciones, incluyendo, las de la Administración Pública, aplicable al Hospital ESE CARI, ente descentralizado departamental.
Sabemos los atlanticenses que aquel Hospital que entregó el gobernador Carlos Rodado Noriega, como una tacita de plata, se desintegró en el tiempo transcurrido de las tres ultimas administraciones, subsiguientes, hasta suspender la prestación de sus servicios de Alta Complejidad, quedando reducido a la atención de las dolencias siquiatría propias de la sección Mental.
Ha sido su Junta Directiva, en la cual intervienen el (la) Gobernador (a), dos veces el Dr Eduardo Verano de la Rosa; otra el Dr. José Antonio Segebre, y ahora la Dra. Elsa Noguera de la Espriella, la que autorizó contratar un Gestor o Administrador Particular que invirtiera de sus propios recursos, proveyéndolo de las ayudas técnicas y científicas de punta, para ponerlas al servicio de los usuarios.
Fue más la ausencia del estado departamental en estas últimas administraciones, presente solo para satisfacer pedidos contractuales o burocráticos de los diputados y sus jefes, que la insuficiencia presupuestal del propio hospital, agobiado de deudas, y créditos sin redimir a cargo de las EPS, bien servidas en otra época, motivos que lo llevaron a su postración actual.
Primero, se intentó con la administración de la Dra. Rocío Gamarra, anterior Gerente, a quien la Junta Directiva autorizó contratar un Gestor Privado; y después, con el Dr. Ulahy Beltran López, por su impecable hoja de vida, el encargado de esa contratación, regido por normas propias del Hospital, en su condición de Empresa Social del Estado (E.S.E.) del orden Departamental, Descentralizada, que le permite apoyarse en regulaciones del derecho privado, sin faltar al marco de los Principios de la Transparencia, Igualdad y Eficacia.
Así fue tramitado y adjudicado el Contrato al Consorcio Gestor Social Hospitalario, con seguimiento de la PGN, en la etapa de contratación directa, agotada la pública, la cual fue calificada desierta, ya que 5, de los 8 proponentes, no calificaron, por desajuste con lo ofertado por el hospital,.
La PGN ha conceptuado que el contrato debió ser adjudicado en la etapa de contratación pública aplicando instrumentos de subsanación, lo cual indica, que el Contrato, en principio, a la vista del ente disciplinario, es viable jurídicamente, bajo esa modalidad definida y agotada, calificada adversamente, por decisión del Comité Evaluador, acogido por el Gerente.
Cómo puede explicarse la actuación de la Secretaria de Salud del Distrito
de Barranquilla, de retirar las licencias y/o autorizaciones de aquellos servicios que, obviamente, no se están prestando, hecho de todos conocido, y que, por medio del contrato de gestión, como Política de estado, se encontraba el modelo para su operación plena??
Ha sido toda una orquesta afinada que termina en un toque destemplado, de conductas de usurpación de las funciones del Gerente, asumidas de consuno, por parte de la Administración central, anunciada, primero, como posición política, y después, plasmada en el Acuerdo 199 de enero de 2.020, la deliberada actuación de la Secretaria de Salud del Distrito, en la noche de Guacherna; víspera de la consumada en la noche del sábado, con la toma, a oscuras, por la Secretaría de Salud del departamento, del Hospital ESE CARI, sin citar, siquiera, por decencia, no por la ley, que los obliga, a su Gerente, Dr. Ulahy Beltran López, quien debía atender la visita inoportuna, si no, cuál Juez o Fiscal, tomar las instalaciones, aplicando candados y dejando un listado en portería de quienes deben entrar y quienes no, desplazando, de hecho, al Gerente.
En este desmadre, que arrasa el Estado de Derecho, el departamento, con su nueva conducción, que ha mostrado su adversidad al Contrato de Gestión, no ha ejercitado, como es lo conducente, a través de su Secretaria de Salud, el Medio de Control, previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, como de Controversias Contractuales, artículo 141, sino que se toma la jurisdicción por su mano, y proclama a los cuatro vientos, que a partir del allanamiento de las instalaciones, suspende el contrato de gestión, mecanismo que, las Administraciones anteriores, concibieron como salvamento de la única entidad de Salud departamental de carácter descentralizado.
Da terror saber, como dice la noticia oficial, que también participaron “entes de control”, en el allanamiento.
Esto es “apaga y vámonos”

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