Fiscal General declaró insubsistente a Directora de Medicina Legal

El nuevo fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa declaró insubsistente a la directora del Instituto Nacional de Medicinal Legal y Ciencias Forenses, Claudia Adriana del Pilar García, quien tenía 24 años de trabajar con la entidad y un año como directora.
Las causas del retiro de la directora se desconocen. En la entrevista que concedió Barbosa a la revista Semana, se refirió a los objetivos que se ha fijado para renovar la Fiscalía.
“Quiero una renovación de la entidad, necesitamos un mejoramiento. Es una entidad a la que no se le ha dado la importancia que tiene para la investigación criminal y estoy en proceso de evaluación de hojas de vida para para tener una persona pulcra que cumpla con los estándares para ese cargo», dijo.
Asumirá Jorge Arturo Jiménez como director encargado de Medicina Legal hasta que el Fiscal General anuncie quién ocupará el cargo en propiedad.
García promovió gestionó varios procesos como la base de datos de perfiles genéticos de interés forense, una herramienta tecnológica con la que se rastrearán a violadores y asesinos en serie en Colombia. Ella firmó una resolución con la que se definió el funcionamiento de ese aplicativo de investigación judicial, sobre los perfiles genéticos de los abusadores sexuales, al igual de quienes han cometido homicidios.
«Con esta herramienta lo que pretendemos es dar esos elementos de juicio desde el punto de vista científico, que le permita con certeza a nuestros fiscales poder agrupar casos que estén asociados con un mismo individuo que cometa este tipo de delitos», dijo en su momento García.
En abril entrará en operación esa base de datos de perfiles genéticos, mientras se espera que también se cree el manual de funcionamiento que definirá cómo se debe utilizar.
García también le propuso al alcalde de Barrancabermeja (Santander), Alfonso Eljach Manrique, que en esa ciudad se construya el centro regional de ciencias forenses, que tendría el cubrimiento total del Magdalena Medio.
Actualmente, los cuerpos deben ser trasladados hasta la ciudad de Bucaramanga, para que se les pueda practicar la necropsia, lo que afecta psicológicamente a las familias.
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