Sanción a Coomeva por fallas en el servicio

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La Superintendencia Nacional de Salud impuso una multa a Coomeva por un monto de $877,803.000, por fallas en la atención de un adulto mayor afiliado a esa EPS, al no garantizarle la realización oportuna de un procedimiento quirúrgico y por no atender los requerimientos de esta entidad.
Los hechos se remontan al 15 de enero de 2018 cuando Coomeva EPS autorizó un procedimiento quirúrgico que no obstante haber transcurrido un tiempo prudencial, no le fue practicado. En abril de ese año, el paciente radicó una queja ante la Supersalud e interpuso una Acción de Tutela para que se le protegieran sus derechos, la cual fue fallada a su favor.
Al ser requerida por la Supersalud, Coomeva- EPS, adujo problemas de carácter administrativo.
Por la frecuente ocurrencia de casos como este, es que insistimos en que la reglamentación del Sistema General de Seguridad Social en Salud continúa siendo uno de los temas de palpitante actualidad no solo en Barranquilla sino en toda Colombia.
En forma permanente, afiliados y beneficiarios, del sistema de salud, se ven en la imperiosa necesidad de interponer acciones de tutela para presionar la prestación de servicios médicos e incluso el suministro de medicamentos.
Mientras esto sucede los distintos actores privados y públicos se cruzan señalamientos y culpas, lo cierto es que el mayor perjuicio lo sufren los pacientes y sus familiares por falta de claridad, sin que las autoridades competentes entren a dilucidar este asunto en medio de un maremágnun de interpretaciones en los despachos gubernamentales.
Se calcula que más de la tercera parte de las tutelas en el país en los últimos cinco años, se han interpuesto para reclamar aspectos relacionados con la salud, de estas, más de la mitad han sido instauradas para reclamar el cumplimiento del Plan Obligatorio de Salud (POS).
También se encontró que la tercera parte de las tutelas se instaura contra las entidades de aseguramiento que administran el régimen contributivo y subsidiado, es decir en su mayoría contra las Empresas Promotoras de Salud-EPS, gran parte de estas acciones judiciales son para solicitar exámenes clínicos, medicamentos y procedimientos quirúrgicos como el que hoy nos ocupa.
Entre tanto, las EPS, agremiadas en Acemi, replicaron en su oportunidad a un reciente informe de la Defensoría del Pueblo y para ello acudieron a un derecho de petición, en cuya parte motiva dan a entender que muchas de las interpretaciones que hace la entidad no son exactas, ya que parten de conceptos y pronunciamientos de la Superintendencia de Salud, que a su vez, van en contravía de las posiciones del Ministerio de Hacienda, que tampoco concuerdan con las del Ministerio de Salud.
Si se analiza lo advertido por la Defensoría del Pueblo en su informe y las razones que exponen las EPS para replicar las conclusiones de la misma, lo único que queda claro es que existe un vacío normativo inexplicable en todo el sistema de aseguramiento en salud.
Más allá de la pelea de artículos, parágrafos, numerales, ordinales e incisos es que cada uno de los actores del sistema trae a colación para defender sus tesis y posiciones, la verdad es que hay procedimientos médicos que no se estipulan debidamente en el POS, lo mismo que no se precisan los medicamentos, prótesis, elementos quirúrgicos y hasta las tecnologías que se requieren para implementarlos o seguir el tratamiento respectivo; mientras ello no ocurra, la ‘tutelitis aguda’ seguirá reinando en el sector salud.
Es evidente que se necesitan correcciones al modelo de sostenibilidad del sistema de aseguramiento en salud, para saber qué cubre y qué no cubre el POS, cuál es el costo de las tecnologías, medicamentos y procedimientos quirúrgicos y si es necesario aumentar el valor del llamado copago; estos son problemas que deben ser aclarados urgentemente.
No cabe duda que el sistema necesita un reajuste de doble vía; de un lado hay que definir el POS con la máxima exactitud posible, para que las EPS sepan a qué atenerse y de otro debe existir una voz unificada en el gobierno para saber cuáles son las directrices exactas.
Mantenerse en un rifirrafe permanente, sin que el Estado y las EPS definan el norte a través del Consejo de Seguridad Social, es perder tiempo en aquello que necesita soluciones inmediatas e irreversibles.

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