Para las última década la tasa de desempleo en Colombia ha rondado el 10% en promedio lo que se  podría ser considerar como un nivel de una economía en recesión, pero no es así, pues el PIB en el país no ha tenido tasas negativas en los últimos 20 años. El consenso es general acerca de la incapacidad del sistema productivo para absorber un volumen importante de esa desocupación, el lastre y deuda social usado para justificar buena parte de los problemas, incluyendo la delincuencia, la guerrilla y el mismo narcotráfico. Aunque solo se ha hecho una reforma laboral grande en dos décadas (Ley 50 de 1990), sí se han dado muchos ajustes a la economía con el objetivo de generar empleo, dentro de los cuales se incluyen varias reformas tributarias para reducir los tributos generales, recorte sustancial de los parafiscales, como aportes a Sena, Icbf y salud, y prudentes aumentos del salario mínimo pensando que es una variable que afecta seriamente la ocupación y la inflación, teoría que hoy deja dudas entre los mismos economistas y tecnócratas.

Ahora se ha abierto la discusión de una reforma laboral que se ajuste a las prácticas modernas de trabajo, ligadas a la tecnología e innovación, lo cual es cierto, pero a renglón seguido se hace ruido innecesario pidiendo que se deben quitar los festivos y horas extras, cuando en la realidad se debe estudiar es un cambio en el modelo de contratación, lo cual es muy distinto, sin desmejorar las condiciones para el cada más productivo pero costoso talento humano. Son muchos los temas por revisar, pero con un sentido integral y no de coyuntura.

Por el espíritu mediático que nos inspira se está tomando la tasa de desempleo de ahora, poco más del 10%, para pregonar la necesidad de esa reforma, lo cual de nuevo es errático y oportunista. Un aumento del desempleo de 0,7% (de 9,5 a 10,2%) en el año hasta septiembre da para un plan de choque, pero no puede ser la razón central para la requerida reforma estructural en la materia.
Las cifras del Dane sobre desempleo a septiembre son un ejemplo elocuente. El dato global muestra que se perdieron 409.000 puestos de trabajo en el año, lo cual lleva a afirmar que hay un desastre contra la clase obrera y estimula protestas y consignas. Si se desagregan las cifras, se comprueba que el número de empleados y obreros particulares subió 280.000, se contrataron 96.000 jornaleros y peones adicionales, hay 58.000 personas más vinculadas a trabajos domésticos, 15.000 nuevos trabajadores sin remuneración y en el Gobierno no hubo un cambio relevante en la nómina, lo que suma en total 445.000 nuevos empleos.

#DIARIOLALIBERTAD

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