La opinión pública se sigue enterando por declaraciones de los titulares de la Contraloría General de la República y la Procuraría General de la Nación, que por concepto de coimas, mordidas, comisiones, el como voy yo ahí y otras formas de corrupción originadas en el sector público, que el país sigue perdiendo billones de pesos anualmente y continúa ocupando los primeros lugares en el ranking  mundial de los países más corruptos del mundo.

Esto significa que este flagelo no cede y que al contrario, marcha al mismo ritmo de crecimiento de muchos años atrás, eso significa también que siguen existiendo sectores donde la corrupción se concentra con graves efectos para la comunidad.
Consideramos oportuno sugerir a los colombianos la necesidad rebelarse contra los corruptos y exigirles que la plata que se reúne con el esfuerzo de todos, se utilice para el bienestar común con pulcritud y de manera bien planificada.

Su expansión por toda la geografía nacional y en todos los ámbitos sociales ha provocado la pérdida de billones de pesos que bien podrían haber servido para disminuir la pobreza y aumentar la inversión en salud y educación hacia los sectores más deprimidos.

Hoy, cuando se conocen esas alarmantes cifras, en torno a los pagos que se dan por sobornos entre el sector privado y el público, se ratifica la imperiosa necesidad de redoblar los esfuerzos gubernamentales y de la justicia para erradicar de raíz esa actividad que corroe la estabilidad institucional y social, toda vez que a partir de esa clase de actuaciones la sociedad se va desintegrando y termina por convertirse en presa fácil de otras influencias que actúan al margen de la ley.

Con sobradas razones, se ha insistido en el sentido de que la corrupción es uno de los más graves males que aquejan al país y que pese a los esfuerzos demostrados por los últimos gobernantes en contrarrestar sus causas y castigar a los responsables, aun nos encontramos muy lejos de disminuir sus perjudiciales efectos en la vida local, regional y nacional.

Tal como a menudo lo destacamos en nuestras páginas, esos casos que a diario se denuncian deben encontrar en la Justicia la mejor fórmula para castigar de manera severa y ejemplar a personajes que por sus cargos y posiciones son las primeras en estar obligados a mostrar pulcritud, dignidad y honradez en todos sus actos, por cuanto es desde allí, en el manejo integral, donde se puede derrotar esa práctica ilícita.

Esperamos, al igual que la comunidad, que todos estos hechos sirvan para demostrar la firmeza y decisión del Gobierno en su objeto de erradicar la corrupción, junto a los entes de control y las autoridades judiciales en forma coordinada.

El hecho que billones de pesos del presupuesto general se esfumen hacia las arcas de los corruptos, impidiendo que lleguen a la ejecución de programas sociales o el desarrollo de planes de beneficio comunitario, se constituye en un suficiente motivo para que se acompañe al Ejecutivo en el cumplimiento de este reto, el cual permitirá mejorar ostensiblemente las condiciones de vida a cientos de familias, localizadas  en los estratos más necesitados.

Entonces, invitamos a las autoridades competentes a prestarle la atención a los contratos del sector salud,educación e infraestructura y desterrar de los contratistas, la malsana costumbre de pagar comisiones a los funcionarios que ocupan los mandos medios, encargados de finiquitar las grandes contrataciones y que los interventores no sean precisamente “calanchines” de los contratistas.

#DIARIOLALIBERTAD

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