El año en curso 2020, representa el final de una década (2010-2019) y marca el inicio de una nueva década (2020-2029), de necesarios cambios y transformaciones en lo que respecta a la educación colombiana y lo que se espera de ella, de cara a la coyuntura política, social y cultural producto del posconflicto y los acuerdos de paz. Necesitamos, para esta década, que la educación se convierta en una prioridad nacional y que los nuevos y próximos gobernadores y alcaldes así la asuman. La educación incide en la vida social, económica, cultural y política de una sociedad. Por ello, allí deberán estar, al pie de los sectores educativos, los empresarios, los medios masivos de comunicación, los artistas, los padres de familia, la clase política y las iglesias, entre otros. Esta columna invita a construir una política de largo aliento en educación, una política de Estado y no de gobierno para la educación nacional, algo que todavía no hemos logrado. En breves líneas, éstos son algunos de los desafíos.
Hay que garantizar, por medio de la ley, el acceso y permanencia a una educación de calidad. Hay que reconocer que en este aspecto estamos atrás del promedio en América Latina tanto en educación inicial como en superior. Sabemos que una educación inicial integral y de calidad es la mejor inversión para formar niños más sanos intelectual y emocionalmente a lo largo de la vida, pero hemos hecho relativamente poco por materializar este derecho. En educación superior hay que fortalecer la educación pública y asegurar el mejoramiento de la calidad y el robustecimiento de las universidades regionales. Medidas del gobierno como las de transferir recursos masivos hacia la educación privada, desplazándonos de esta manera a sistemas de “subsidio a la demanda” y atendiendo tan solo una ínfima población de los jóvenes de los estratos más bajos de la población no ayudan a este fin.
Hasta el momento carecemos de un verdadero sistema educativo que permita la articulación de los diversos niveles y subsistemas. El desafío consiste en trabajar para que los distintos subsistemas interactúen de manera participativa y descentralizada tanto a nivel horizontal como vertical. La educación oficial y privada debe responder a fines comunes y los diferentes niveles deberán superar la fragmentación actual. En un sistema, los diversos elementos están articulados a las mismas finalidades. Ese es el reto. Para construir la identidad nacional y aprender de otras experiencias y contextos es necesario que el país construya lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles. Enfoques excesivamente prescriptivos e informativos terminan por violar la Ley General de Educación. Por ello, hay que empezar por reconocer que los llamados Derechos Básicos de Aprendizaje representan más un retroceso que un avance. Múltiples estudios concluyen que fortalecer la autonomía es una condición para mejorar la calidad de la educación. La explicación es sencilla: la autonomía empodera a la comunidad. Algo muy grave pasa en los actuales procesos de formación docente. Los egresados de las Facultades de Educación alcanzan los peores puntajes entre todos los egresados del sistema universitario, como en las pruebas Saber Pro, con los resultados más bajos en lectura crítica, razonamiento numérico y competencias ciudadanas. La calidad educativa depende en alto grado de los niveles alcanzados en formación por sus docentes. Es por ello que hay que replantear por completo el modelo de formación de maestros en Colombia ya que es obvio que, mientras no cambiemos esta situación, no será posible mejorar la calidad de la educación. Otro reto complejo, pero necesario y posible.
Es necesario un profundo replanteamiento pedagógico y de los currículos. Los modelos que enfatizan la transmisión de informaciones, hoy vigente en la mayoría de instituciones educativas, han demostrado que no logran promover el desarrollo humano e integral de los estudiantes. Los niños y jóvenes presentan graves limitaciones para pensar, comunicarse y convivir debido, en parte, a la supremacía de los modelos pedagógicos tradicionales en la mayoría de colegios. Para transformar esta realidad, necesitamos fortalecer la formación, garantizar reuniones periódicas de docentes y ampliar el apoyo y el estímulo a las innovaciones educativas para que sistematicen, evalúen e investiguen sobre sus procesos. Todos los docentes del país tendremos que aprender a partir de allí.
Los cambios tecnológicos, “per se”, no producirán transformaciones pedagógicas. La tecnología puede apoyar procesos de cambio pedagógico y por eso debe ser pensada y adecuada tanto para mejorar la enseñanza como para hacerlo en el aprendizaje. Sin embargo, es indispensable impulsar el uso pertinente y generalizado de las nuevas tecnologías para el aprendizaje, la enseñanza, la investigación y la innovación. La larga y cruenta guerra llenó a Colombia de ira, odio e intolerancia. Algunos grupos políticos han querido nutrirse de esta enfermedad con fines electorales y por ello promueven la venganza como solución a los problemas. Este peligroso escenario nos obliga a los educadores a trabajar por consolidar las competencias ciudadanas de manera que fortalezcamos la convivencia sana, el trabajo en equipo y la interacción respetuosa con los demás. El desafío es construir la paz desde las aulas y ayudar a impulsar el cambio cultural que requerimos como sociedad. Si no logramos, superar el atraso en los niveles educativos del sector rural, no será posible una paz estable y duradera. La pobreza estructural rural y la falta de tierra, crédito y tecnología constituyeron el factor más importante que explica el origen del reciente y cruento conflicto armado colombiano. Es por ello que actualmente se requiere hacer un énfasis especial en la educación dirigida a la ruralidad, en esa Colombia olvidada y atrasada que depende en exceso de sus propios y limitados recursos porque no ha podido contar con el necesario apoyo estatal.
Para elevar la calidad hay que destinar recursos suficientes a la formación, educación inicial, rural, salarios y a la jornada completa. Todo esto de cara a asumir las metas incumplidas y abordar en serio un proceso de mejoramiento en la calidad. Contrario a lo que se ha dicho con fines publicitarios, hoy los recursos siguen siendo los mismos que veinte años atrás: 4,5% del PIB. Así es difícil garantizar el derecho a una educación de calidad que consolide la frágil democracia colombiana. Una sociedad que piense impulsar el desarrollo humano requiere de la ciencia para aumentar la capacidad de respuesta a las demandas sociales, basándose en la investigación de nuestros propios problemas, y porque la ciencia está intrínsecamente asociada a la salud y la calidad de vida.
En últimas, de lo que se trata, para esta nueva década, es de formular una política de Estado en educación de largo aliento, que garantice un Acuerdo Nacional, una revisión del Sistema General de Participaciones y una profunda reforma pedagógica al currículo, al sistema de formación y al modelo pedagógico. Que ayude a construir la paz y el desarrollo nacional. El desafío es estructural; necesitamos un Acuerdo Nacional que le evidencie a la sociedad que la única posibilidad para desarrollarnos a mediano y largo plazo es consolidando procesos educativos de mayor calidad que garanticen la democracia formando individuos con mayor criterio y autonomía para pensar y actuar. [email protected]

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