Derrotabilidad de la estructura probatoria y la evidencia física en la sentencia contra la aforada Aida Merlano

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Por: Renzo Efrain Montalvo Jiménez (Especialista en Derecho Penal – Universidad del Norte/ Magister en Derecho – Universidad del Norte)

Si la Policía Nacional “fue alertada sobre posible actividades delictivas que podrían estar realizándose de tiempo atrás en la sede política de la candidata al Senado Aida Merlano”, como preciso la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la Resolución de Acusación proferida el 19 de julio de 2018 y reproducido ese argumento literalmente en la sentencia del 12 de Septiembre de 2019, aprobada mediante acta No. 066 dentro de la Radicación No. 52418, es imposible soslayar dos protuberantes errores jurisdiccionales cometidos por nuestro más alto dispensador de justicia. Primero, cuando la hoy condenada y profuga ciudadana Aida Merlano aspiraba al Senado, gozaba de “fuero” por tener la condición de Representante a la Camara. Segundo, las labores de verificación adelantadas por la Policía Nacional, dice la sentencia condenatoria, condujeron a solicitar el registro y allanamiento, que se practicó el 11 de marzo de 2018, por la Fiscalía 17 Seccional de la Unidad de Administración Pública, quien no tenia la competencia para practicar esa diligencia y recaudar las pruebas en contra de un servidor público “aforado” por que si bien la señora Aida Merlano Rebolledo” aspiraba al Senado, en el momento de los hechos ostentaba la condicion de “aforada” toda vez que era Representante a la Cámara y la competente para ordenar la inspección, registro y allanamiento a su sede o comando político, era la Corte Suprema de Justicia. Este solo argumento, desde un punto de vista conceptual, plantea la hipótesis, de la derrotabilidad de la sentencia de condena contra “Aida Merlano” porque todas las pruebas y la evidencia física recaudada, en esa diligencia debio ser “excluida” por ilícita (tésis del fruto del arbol podrido), al ser ordenda y practicada por una autoridad sin legitimidad ni competencia, como lo es la Fiscalía Seccional 17 de Administración Pública, quien debio ser comisionada por la Corte Suprema de Justicia, identificándose condiciones presuntivamente suficientes y necesarias que pueden adecuarse en entidades sintácticas o formulaciones normativas que subyacen en la “nulidad” procesal. Los razonamientos jurídicos son derrotarles no en cuanto “jurídicos”, sino en cuanto “razonamientos”: en cuanto formas de razonamiento humano. Desde un punto de vista cognitivo cada razonamiento, en cuanto proceso mental, es derrotable: en un proceso con resultados provisorios, susceptibles de ser modificados, o de ser del todo abandonados en una fase ulterior del proceso, a la luz de nuevas informaciones.

La Corte Constitucional ha dicho al respecto que si la prueba ilegal o inconstitucional es crucial para la adopción de la providencia judicial, esto es, si su incidencia en la decisión judicial es de tal magnitud que, de no haberse tenido en cuenta, el fallo racionalmente habría podido ser otro, el juez de tutela está obligado a anular el proceso por violación grave del debido proceso del afectado. Concretamente, en materia penal, la Corte Constitucional ha establecido que el “error fáctico” por apreciación de prueba ilegítima no afecta la integridad del proceso, a menos que su peso en la definición de la responsabilidad penal sea decisivo, es decir, que sin la prueba ilícitamente apreciada, la conclusión judicial respecto de la responsabilidad del procesado habría sido posiblemente distinta.

#DIARIOLALIBERTAD

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