Uber, alternativa de transporte urbano

El problema Uber no tiene final y de no llegar a un acuerdo la posibilidad de una demanda millonaria será el próximo episodio. La empresa de transporte de pasajeros ha pretendido legalizar su oferta y las trabas fueron superiores hasta que la Superintendencia de Transporte y el Ministerio la sacaron del mercado. Uber argumenta que se violó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y otros convenios internacionales de su país. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado está dispuesta a negociar y la retó a que demandara en caso de no aceptar. Colombia tiene comprometido el 33% del PIB por demanda y 7 litigios en el exterior que puede perder. Señora ministra, superintendente y director de ADJE, ¿ustedes asumen la responsabilidad en caso de fallar contra el Estado colombiano? Es decir pagan la sanción económica.
Consideramos que la directora de la Superintendencia de Transporte se voló la escuadra y pasó el semáforo en rojo al tomar decisiones que es competencia de los alcaldes municipales. El problema no es Uber, es el obsoleto modelo del gobierno para que los taxis amarillos funcionen como transporte público. Los cálculos de los inversionistas para cumplir las exigencias del gobierno son costosos, que superan diez o más veces el valor del vehículo que pretenden matricular. La norma vigente entrega facultades a los alcaldes para regular el servicio público de su ciudad y no entendemos las razones del centralismo de tomarse estas atribuciones. Conociendo la densidad poblacional de la ciudad es posible fijar la demanda del servicio público y la cantidad de cupo requeridos. El problema es que la mayoría de las administraciones tratan de restringir la oferta para proteger la movilidad y evitar trancones vehiculares, situación que se presentan en la mayoría de las ciudades. Esta medida ha generado sobrecosto al adquirir un cupo de servicio público, existen ciudades que no se han ampliado desde décadas. La alternativa del aspirante es comprar el cupo que dejan los vehículos en mal estado al salir del servicio, este control debe ejercerlo el gobierno. En esencia, el negocio del transporte de servicio público de taxis gira en torno en la compra y venta de un cupo en el mercado negro. Los gobernantes ignoran que el bienestar de la mayoría prevalece sobre la minoría y los colombianos en su mayoría están a gusto con Uber. La fórmula no es presentar nuevos actos legislativos como lo propone la ministra, sino modificar las normas vigentes desfasadas sin perjuicio de terceros.
El mal servicio que ofrecen los taxis debido a los altos costos de operación y otras causas fue aprovechada por la plataforma virtual Uber y entraron al mercado ofreciendo calidad en el transporte con vehículos nuevos, conductores preparados y en su mayoría propietarios. En los amarillos no hay seguridad para el pasajero por el deterioro del parque automotor, los conductores no cuentan con contrato laboral, protección social y su nivel cultural es precario. Es necesario revisar la media contra la plataforma Uber y lograr otras opciones para evitar su salida, los usuarios que son cientos de miles de colombianos tienen las mejores experiencias en este maravilloso servicio de transporte y el gobierno debe respetar. Hay que gobernar y legislar en democracia, se trata de la voz del pueblo. Desmantelar el mercado negro del cupo, es la medida más acertada.
Los medios de comunicación entrevistaron a cientos de usuarios del servicio y sus declaraciones concuerdan del excelente y solicitaron al gobierno revisar la medida. La revista Dinero publicó un artículo de Fanny Kertzman en el 2015 relacionado con el forcejeo entre Natalia Abello que también fungía en esa época como ministra de Transporte y Uber. ¿Será casualidad?. La exdirectora de la Dian defendía el servicio de Uber en calidad de usuaria, no solo en Bogotá sino en Medellín e invitó a la ministra que revisara su decisión, no atendió el llamado, el resultado es el conocido por todos. El actual Alcalde Jaime Pumarejo en un artículo publicado por el Diario LA LIBERTAD el 20 de marzo pasado manifestó su preocupación por las medidas coercitivas del tránsito en materia de infracciones. En Colombia, miles de personas están embargadas por infracciones de tránsito y no saben si pagar los servicios públicos, comprar la comida del mes o pagar las multas. Afirma el alcalde que el modelo no está funcionando y propone recoger firmas para solicitar a los congresistas costeños adelanten un proyecto para modificar las onerosas multas. El tránsito no solo requiere este cambio, es necesario modificar su estructura, la petición solidaria de los barranquilleros es no permitir que Uber se vaya de la ciudad. En su posesión como alcalde manifestó que las EPS que presten buen servicio se quedan, Uber cumple con el requisito. El transporte público debe medirse con el mismo rasero.

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