Tras el anuncio de la plataforma UBER de salir del mercado colombiano a partir del próximo 31 de enero, el Ministerio de Transporte emitió un comunicado donde resalta que existe una normatividad que exige procesos de habilitación soportados en las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996.

“Colombia es un país que promueve la innovación y la inversión extranjera bajo las perspectivas de cumplimiento de la normatividad vigente, la legalidad y el cumplimiento de la Ley. En Colombia existe neutralidad de la red establecido por la Ley 1450 de 2011”, asegura.

De la misma manera aseguraron que “para prestar un servicio de transporte de pasajeros existe una normatividad que exige procesos de habilitación soportados en las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996”.

Acotaron que “estas leyes exigen que el Estado habilite tanto a las empresas como los vehículos para que puedan prestar el servicio público de transporte. Está prohibido prestar el servicio público de transporte en un vehículo privado”.

“La utilización de plataformas tecnológicas para la prestación del servicio de transporte en la modalidad Individual de pasajeros en vehículos taxi están reguladas por Gobierno nacional en el Decreto 1079 de 2015 y por el Ministerio de Transporte, de modo tal que el empleo de las mismas por parte de las empresas habilitadas para la prestación del servicio, requiere previa habilitación por parte del Ministerio. En la actualidad hay alrededor de 24 plataformas habilitadas para el efecto”, explicó la cartera de transporte.

Además, dejó claro que el servicio de transporte en Colombia debe regularse por las leyes colombianas.

“En el sector transporte velamos por la prestación del servicio en condiciones de seguridad, calidad y legalidad. De ninguna manera estamos en contra del desarrollo tecnológico, apoyamos las iniciativas de esta índole, pero debe protegerse la vida de los usuarios y la prestación del servicio público de transporte bajo las condiciones técnicas y jurídicas establecidas por la normatividad colombiana”, agregó.

Finalmente, manifestó que se deben realizar reformas en el Congreso de la República para prever estos fenómenos nuevos de economía colaborativa, que permita nivelar las reglas del juego para todos los actores determinando nuevas condiciones de habilitación.

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