El tema de la violencia, las causas que la provocan y las consecuencias que puede llegar a originar, siempre han merecido análisis e investigaciones desde todos los puntos de vista, encontrándose hechos concretos y situaciones coincidentes que han contribuido a conocer las diferentes motivaciones que dan lugar a caer en las acciones violentas.
Circunstancias sociales, económicas, culturales, religiosas, políticas, entre muchas otras, han llegado a influir en el ser humano para convertirse en un ente violento. El hecho está en que igualmente los científicos de las distintas áreas del conocimiento han señalado pautas y brindado aportes que han servido para contrarrestar esas acciones, sobre todo desde la prevención y la activa participación de la ciudadanía.
En el caso de nuestro país, señalado hace pocos años como uno de los más violentos del mundo, vale reconocer los esfuerzos que se han desplegado por los gobiernos de turno no solo por quitarnos esa estigmatización, sino por implantar en el núcleo social mecanismos que permitan y faciliten mejorar los niveles de convivencia y fortalecer el tejido social de una nueva Nación.
Bajo esos parámetros, resulta importante destacar el trabajo que desarrolló la Administración Departamental a la par con diferentes entidades públicas y privadas, para sacar adelante el proyecto de conciliadores y mediadores de paz, como una herramienta que al utilizarse ha abierto mayores espacios “para promover la justicia, la convivencia pacífica y la solución de conflictos al interior de las comunidades”.
Precisamente, hace dos años con el apoyo del Consejo Seccional de la Judicatura, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y la Fundación Liborio Mejía, la Gobernación del Atlántico graduó a 110 conciliadores y mediadores de paz, quienes a más de ser bien capacitados en la solución de conflictos han tenido la misión de trabajar con las administraciones municipales en la elaboración de políticas públicas “que permitan reducir la violencia, prevenir el conflicto y fortalecer el acceso a la justicia mediante mecanismos alternativos de conciliación”.
Este apoyo para las alcaldías de 22 municipios en el Departamento, ha abierto nuevas oportunidades para que la ciudadanía acuda a los conciliadores en busca de solucionar problemas, evitándose así nuevos hechos generadores de violencia y el ahorro de costos en el sistema judicial, con el inicio de más procesos.
La iniciativa es loable y debe seguir siendo socializada con mayor énfasis en los municipios, para que con confianza los ciudadanos acudan a buscar asesoría con los conciliadores, al igual que las comisarías de familia y las unidades de mediación. El propósito de reducir la violencia, de romper con su cadena de hechos trágicos y de acercar a la comunidad a los mecanismos alternativos de conciliación, es una tarea que nos compete a todos, si de verdad queremos hacer parte de un nuevo país, en donde prime la convivencia pacífica y se fortalezca su tejido social, con menos niveles de agresividad y violencia.
Entre más conciliadores y mediadores de paz existan menos hechos de violencia tendrá el país.
Su propósito no puede quedar solo en los papeles, hay que activar su accionar en coordinación con los municipios y socializar sus funciones, para que más ciudadanos acudan a ellos y a través de su mediación, se eviten hechos lamentables.
