Obrar bien no es favor, es deber

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“Roba, pero hace”, es expresión de tendencia generalizante que se le escucha a ciudadanos sin noción de lo público, que en la realización de una obra ven una dádiva y un favor de quien la realiza o promueve, lo que, sin proponérselo, despeja el camino para que los bienes de todos se particularicen. Es una frase inocente, triste y sumisa, como de renuncia a lo propio, con la que la dueña de todo, la comunidad, hace dejación de lo que le pertenece, y en esa actitud rehusa tácitamente a defender lo suyo. Así, sin realmente quererlo, estimula la felonía y el saqueo a los bienes que con poco entendimiento llamamos del Estado, que en estricto sentido son de todos. Esta es una de las razones por las cuales la apertura de una carretera o su pavimentación, la construcción de una escuela, de un hospital, de un puente, se reciben con inusitado alborozo, y que, al unísono, se deifique a sus proyectistas y ejecutores, y en no pocas ocasiones hasta se bauticen con sus nombres. Lo mismo sucede con los servicios de proyección o destino general, como la seguridad, que a quien la presta remuneradamente se le eleva a la categoría de héroe, cuando solo cumple un deber para el cual fue contratado, salvo el caso de quien presta el servicio militar obligatorio, este sí, abnegado, y en favor de su patria. Todo esto merece ser analizado y valorado con aplicación y seriedad, pues la asunción de un cargo oficial y su desempeño se convierte en proeza, cuando es apenas la respuesta natural y obvia a la confianza recibida. Sin apego místico ninguno, en lo expuesto debería tener aceptación el pensamiento de Thomas Kempis en su decir, “no eres más porque te alaben, ni menos porque te critiquen; lo que eres delante de Dios, eso eres y nada más”.

El 7 de agosto de 2018 se posesionó el actual presidente de la República, elegido el 17 de junio de ese año. El 27 de octubre de 2019 fueron elegidos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y miembros de juntas administradoras locales, que iniciaron sus períodos el primer día de 2.020. Todos ellos, según mandato normativo superior, al asumir sus cargos tuvieron que jurar cumplir fiel y cabalmente la Constitución y la Ley, y hacer lo que les está mandado sin incurrir en omisiones, ni extralimitaciones, como lo disponen los artículos 6 y 122 del primero de estos ordenamientos. Iguales exigencias rigen para los senadores y representantes a la cámara. Cada uno de los ungidos con el voto popular recibieron un encargo, un mandato y un depósito de confianza, para que asumieran sus funciones con lealtad y honradez con los electores, sus mandantes, y con los no electores, que, aunque omisos, con su actitud permitieron el resultado triunfal de algunos de los elegidos, y porque, y esto es lo esencial, también hacen parte del Estado. La credencial habilitante para su desempeño, a ninguno de ellos le transfirió la potestad de disponer de los bienes públicos a su libre y absoluto arbitrio, y menos para apropiárselos abierta o soterradamente, a través de testaferros. En cada uno de los casos, pero especialmente en los de carácter ejecutivo, se trata de cargos de confianza y manejo, en los cuales es perentoria la exigencia de que sean atendidos con transparencia, palabra ésta de la cual se abusa con frecuencia, para tapar actos proditorios. El Estado no tiene dueño en particular. Es la figura jurídica que hace a sus habitantes dueños de todo y los habilita para subsistir social, y hasta biológicamente, como se lo posibilita el aire, las aguas y la vegetación. Por eso, quienes temporalmente, y por haberlo buscado, inciden en su orientación o manejo, no pueden ir más allá del óptimo cumplimiento de la labor de custodios. Pero además del deber de vigilancia, está el de hacer, el de obrar siempre con propósito de beneficio y satisfacción general, nunca particular, y menos personal. De allí que jamás se debería admitir el robo como justificante de una obra, por gigante o sublime que sea o parezca.

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