El informe, titulado ” Aguas turbulentas a lo largo de la frontera entre Guyana y Venezuela”, destaca el pueblo minero de oro de Etheringbang, en la región del Esequibo, en el oeste de Guyana. La ciudad está situada a orillas del río Cuyuní, que marca la frontera con Venezuela y representa una carretera clave para el contrabando y los flujos migratorios entre los dos estados.
Justo al otro lado del río de Etheringbang, las guerrillas colombianas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las mafias venezolanas conocidas como “sindicatos” luchan por el control de las minas ilegales de oro. Los mineros guyaneses llevan a cabo sus operaciones a la sombra de estos grupos armados.
El informe describe cómo los barcos que transportan suministros a las minas de Guyana deben pasar tres puntos de control, del ELN, los sindicatos y las fuerzas de seguridad venezolanas. En cada uno, los pagos de extorsión se cobran a punta de pistola.
Con un ejército de solo 3.500 hombres, Guyana vive con el temor de una incursión armada. Los funcionarios de seguridad de Guyana entrevistados para el informe expresan preocupación porque la intervención militar extranjera en Venezuela podría causar que grupos criminales armados lleve sus operaciones en la frontera, provocando una crisis para la seguridad de Guyana.
Ya, en noviembre de 2018, los sindicatos allanaron una de las minas de Guyana, donde se desato un tiroteo con los propietarios de minas locales. El ELN tiene un campamento casi a la vista de Etheringbang, desde donde ha controlado los movimientos transfronterizos por al menos dos años.
En 2017, el diputado Williams Dávila visitó la isla de Anacoco, en el lado guyanés del río Cuyuní, cerca de Etheringbang. Su intención era proclamar la soberanía venezolana sobre la región del Esequibo, que Venezuela reclama y está bajo la ocupación de Guyana. La delegación fue detenida en un puesto de control por guerrilleros del ELN fuertemente armados.
Para Bram Ebus, autor del informe de Crisis Group, el incidente fue una clara demostración del verdadero poder en Esequibo.
“Fue una verificación de la realidad para ellos saber que realmente, es el ELN que ocupa esa región”, dijo a InSight Crime.
Análisis de delitos InSight
La vulnerabilidad de los mineros guyaneses se ve exacerbada no solo por la lejanía de la región, sino también por la ambigua situación legal de sus propias operaciones. Estos factores los obligan a entablar una relación simbiótica incómoda con los grupos armados en la frontera venezolana, creando una puerta abierta para las economías criminales transfronterizas.
Aunque Essequibo es reconocido internacionalmente como parte de Guyana, los reclamos territoriales de Venezuela han desalentado la inversión extranjera a gran escala en la región durante varias décadas.
Como resultado, las operaciones mineras de Guyana tienden a ser pequeñas y aisladas, carecen de los recursos para desarrollar una infraestructura de suministro confiable. Por lo tanto, dependen de los grupos criminales que pasan de contrabando los suministros necesarios a través de la frontera venezolana.
“Todos los mineros guyaneses obtienen el combustible de Venezuela, porque está más cerca y es mucho más barato”, dijo Ebus a InSight Crime. “Si tomas una lancha de Etheringbang río arriba, ves todas estas granjas en la orilla del río con 50 tambores de combustible apilados en alguna parte. El negocio más importante en los tres puntos de control es gravar todos los bidones de combustible”.
Aunque la mayoría de las minas de Guyana tienen algún tipo de título legal, la industria carece de una regulación formal, lo que le otorga muchas de las características de las operaciones ilegales, dijo Ebus. El uso de mercurio es ampliamente tolerado.
Según Ebus, los informes sobre el precio del oro son contradictorios, por lo que no está claro en qué medida el oro venezolano ingresa a la cadena de suministro de Guyana, o viceversa. Algunas fuentes afirman que el metal puede alcanzar un precio más alto en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro depende cada vez más del recurso para mantener a flote su administración con problemas de liquidez. Otros afirman que Guyana proporciona un destino conveniente para lavar oro ilegal venezolano.
Sin controles fronterizos significativos entre los dos países, hay poco para evitar que el producto sea contrabandeado en cualquier dirección.
Otras dinámicas criminales transfronterizas incluyen el tráfico de personas y la prostitución.
A los mineros de Etheringbang, mujeres venezolanas desesperadas venden “sexo de supervivencia” por fragmentos de oro. Mientras tanto, las redes criminales a ambos lados de la frontera dirigen anillos de prostitución más grandes y más lucrativos.
“En Georgetown, conozco a alguien que posee un hotel, un hombre guyanés”, dijo Ebus. “Él envía mensajes a San Félix o Puerto Ordaz en el estado de Bolívar [Venezuela], diciendo que necesito tantas mujeres, de esa edad, y los venezolanos se las envían”.
Ebus tiene claro que, aunque estos flujos de tráfico pueden ser dirigidos por venezolanos, pero también dependen de los ciudadanos guyaneses en los puertos a lo largo del Cuyuní.
La corrupción también impregna a la policía guyanesa en ciudades como Etheringbang.
“Todos los mineros locales tienen que pagar a la policía en oro”, dijo Ebus. “La policía camina con ropa sencilla, bebe cervezas, lleva collares y anillos grandes. Una vez [vi] a un tipo de la Guardia Nacional Bolivariana en Guyana tomando unas cervezas con los oficiales locales”.
El ejército guyanés afirma mantener una presencia a lo largo de la frontera, pero mantiene una distancia segura, sabiendo que las fuerzas del orden venezolanas los superan en número. Incapaces de confiar en la protección del Estado, los propietarios de las minas de Guyana están recurriendo las armas a través de contratistas de seguridad privada.
“Estos son como mercenarios guyaneses con gran armamento, tratando de defender los intereses mineros guyanés”, explicó Ebus. Pero describió su papel principal como protegerse contra el robo de bajo nivel, dudando que pudieran ofrecer más que una protección simbólica contra un ataque organizado desde Venezuela.
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