*El valor estimado de la reclamación de Colombia asciende a los 1,7 billones de pesos, incluyendo intereses.
Entre el 5 y el 13 de diciembre se llevó a cabo la audiencia en el arbitraje de inversión iniciado por Gas Natural en las instalaciones del tribunal de arbitraje Ciadi, en Washington D.C, por la intervención de Electricaribe por parte del estado colombiano.
Como se recordará, en junio de 2018, Gas Natural reclama a Colombia pretensiones por $1.547 millones de dólares, con fundamento en el Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri).
Los reclamos de Gas Natural por su inversión en Electricaribe incluyen supuestas violaciones al estándar de: trato justo y equitativo; protección y seguridad plenas; principio de trato nacional y expropiación.
Durante la audiencia el equipo de defensa de Colombia, en cabeza de su director, Camilo Gómez, se concentró en demostrar que Electricaribe se encontraba en una precaria situación financiera, que le impedía prestar el servicio de energía eléctrica en los 7 departamentos de la Costa Caribe. Colombia demostró que fue necesario intervenir a Electricaribe, para garantizar el suministro de electricidad en la Región Caribe y prevenir que se desarrollara una crisis financiera en el sector de energía eléctrica en Colombia.
Según el gobierno colombiano, la intervención de Electricaribe no fue un acto político y no constituye una expropiación, como alega Gas Natural.
Ante la precaria situación financiera de Electricaribe por una decisión de negocio de Gas Natural, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó, a finales del año pasado, una contrademanda en contra de Gas Natural por los perjuicios ocasionados al país como resultado de la mala gestión de Electricaribe.  La contrademanda se fundamenta en lo siguiente:
1. Colombia ha tenido que canalizar un monto considerable de recursos a Electricaribe durante la intervención para asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en la región.
2. Las deficiencias del servicio de Electricaribe impactaron de manera adversa la industria y desarrollo de la Región Caribe, con la consecuente menor productividad y menor pago de impuestos.
3. Colombia recibió menos ingresos por concepto de los impuestos que habría pagado Electricaribe si hubiera sido bien administrada.
4. La administración de Gas Natural en Electricaribe desvalorizó la participación estatal en la empresa. La Nación es dueña del 6.56% de las acciones de Electricaribe, que pierden valor en la medida que la empresa se desvaloriza.
El valor estimado de la reclamación de Colombia asciende a los 1,7 billones de pesos, incluyendo intereses.

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