Por: Jorge Vergara Carbó
Al Gobierno, a los Congresistas de Colombia  y a los Ricos del País.
Señores:
Las comisiones económicas del congreso acaban de aprobar el proyecto de Ley de Crecimiento que, estructural, práctica y operativamente es una Reforma Tributaria disfrazada.
El proyecto ha sido propuesto por el Gobierno con algunas modificaciones que se discutirán en la Plenaria a realizarse esta semana, en debate conjunto de Senado y Cámara de Representantes.
Todo se está haciendo a pesar de las protestas que se han realizado y que aún continúan con intensidad creciente, en forma razonada y con una mayor participación de las capas medias del país.
Un Gobierno democrático y sensible a las manifestaciones de la opinión pública,  no presentaría una iniciativa de está laya. Y un Congreso, elegido popularmente, si fuera  políticamente responsable con su electorado, ni siquiera la pondría en discusión por considerarla regresiva. Si tal argumento resultare insuficiente, el solo hecho de ser  una norma inepta debería obligarlos a ambos a no avanzar en un proyecto que es incapaz de  resolver el déficit fiscal, la mala distribución del ingreso y la nula generación de empleo. Todos Ustedes saben que, antes y por  el contrario, profundiza estas distorsiones y perversiones económicas y sociales al otorgar nuevas prebendas a los empresarios, al bajar el impuesto a la renta a niveles del 30%, eliminando la renta presuntiva, descontándoles  el IVA por la compra de activos fijos, descontándoles  el ICA y fijarles un 9%, como impuesto a la Renta por 10 años, a sectores de: economía naranja, ecoturismo, muelles náuticos, parques temáticos.
Todas esas exenciones le significan al país dejar de recaudar $10 billones anuales, lo que agravará el déficit fiscal, que hoy es del 2.7% del PIB que se necesita  solucionar.
A cambio de esos beneficios, el gobierno ofrece unos “caramelos” politiqueros  para, supuestamente, favorecer a los más pobres del país con $3.5 billones, consistentes en: devolver el IVA al 20% , más pobre , cuando según el mismo DANE, son el 30% de los colombianos; decretar 3 días sin IVA, comprando con tarjetas de crédito o débito, lo que de por si no favorece a los pobres porque no tienen por una parte ingreso para comprar bienes duraderos y tampoco tienen tarjetas de crédito ni de débito.  Otro es bajarle a los que ganan pensiones de salario mínimo el pago de la salud del 12% al 4%.
En síntesis, les regalamos $10 billones a los empresarios y como “compensación” a los pobres les devolvemos $3.5 billones. Una diferencia de $6.5 billones en favor de los poderosos de Colombia. Ustedes ocultan la realidad de un país en el que le hemos venido regalando a los más ricos, desde años anteriores, anualmente $74 billones representados en  exenciones (dato de la DIAN), $54 billones por IVA y $20 billones por Renta. Según la DIAN por evasión perdemos $38 billones. No son inventos nuestros. Son datos de la OCDE que afirman que la evasión en Colombia representa el 2.5% del PIB, unos US$ 11.200 millones, que a la tasa de cambio de $3431, significa $38.4 billones, en tanto que la DIAN confirma que tal delito es del 24.3%, del nivel de recaudo tributario esperado este año $160 billones, que significan $38.9 billones.
No podemos seguir teniendo un nivel de recaudo tributario/PIB, del 15%, ni que los ricos del país paguen solo el 4.5%, de sus ingresos brutos. Según la Organización OXFAN, en el año 2017, el 1% de los ricos del mundo se apropiaron del 82%, de la riqueza generada, mientras el 50%, más de 3.700 millones de personas no recibió nada de dicho crecimiento.  En Colombia según el DNP, el 1% de la población concentra el 40% de la riqueza.
Una estructura fiscal como esa y una economía tan injusta, no son sostenibles.
Los datos del mismo Gobierno (DIAN) indican que entre exenciones y evasión los ricos de Colombia nos quitan $104 billones que, al sumarle los $10 billones adicionales que los Congresistas, por iniciativa del Gobierno Duque,  les quiere otorgar en la Ley de Crecimiento, muestran una suma igual a $114 billones, equivalentes a US$33.325 millones, lo que es lo mismo que 16.2 veces los ingresos que esperamos recaudar por esta reforma de $7 billones (114/7=16.2).
Por otra parte, la OCDE, el Banco Mundial, el FMI, el BID y la CEPAL confirman que Colombia, es el cuarto país en el mundo con la peor distribución del ingreso.
Nuestro coeficiente GINI es del 0.51%.
Tenemos un 30% de la población en condiciones de pobreza. De esa masa de pobres el 11%, está en condiciones de pobreza extrema. Más de 4 millones de colombianos que sobreviven en condiciones de miseria dado que no perciben sino un dólar de ingreso diario. Ese drama humano, esa injusticia social no se va a resolver con esta Ley, a todas luces inepta que traslada los beneficios fiscales a los ricos y las cargas presupuestales a las capas medias de trabajadores, empleados, pensionados, pequeños emprendedores, agricultores y rentistas.
A esa cifra de $114 billones de dineros que benefician a los poderosos, en Colombia, tenemos que sumarle los $50 billones que de los presupuestos del Gobierno Nacional y de las Entidades Territoriales, se pierden por la corrupción y la fuga de capitales, que según la Procuraduría  y la Contraloría General de la Nación representan aproximadamente, $16 billones. Así las cosas, en Colombia se dejan de recaudar un total de $180 billones anuales.
Por todo lo anterior, antes de aprobar esa “Ley de Crecimiento”, piensen bien, lean los distintos documentos escritos por muchos especialistas, los estudios presentados oficialmente por los mismos organismos internacionales.
Deben hacerlo para que, con suficiente ilustración, tomen una decisión que vaya en beneficio de los más necesitados y no de los ricos. Su elección se la deben no a los ricos que los financian, sino al pueblo que vota por ustedes.
Es hora de que dejemos de mentir y de dejar de tomar decisiones con fundamento en la mentira.
Está suficientemente comprobado que quitarle los impuestos a las empresas ni genera empleo, ni incide en el crecimiento de la economía, ni jalona la inversión.
De eliminarse las exenciones, deducciones, tarifas preferenciales, beneficios tributarios, reducir la evasión y la corrupción, es posible bajar la tarifa de Renta a las empresas a niveles del 27%, y el IVA a tasas entre el 10% y 15%. Con lo cual recaudaríamos más recursos  y mejoraríamos la distribución del ingreso, disminuyendo los índices de pobreza invirtiendo más recursos en educación, única vía para lograr cambios sociales.
El inversionista lo que necesita es un país con paz, con buen manejo macroeconómico, con una justicia que opere, con infraestructura de todo tipo, con vías, aeropuertos, puertos, colegios, universidades, hospitales, clínicas, viviendas; lugares de encuentro y de recreación. Y, principalmente, con un ejercicio público y privado libres de corrupción. El país necesita una reforma Tributaria que elimine todas las prebendas, que acabe con las exenciones, deducciones, beneficios tributarios y tarifas preferenciales. Necesitamos una reforma que castigue con cárcel a los evasores, a los contrabandistas, a los lavadores de dinero y a quienes se llevan el capital generado en el país rumbo a paraísos fiscales.
Si en los años anteriores hemos venido recaudando $160 billones, en el año 2019, y para el 2020, esperamos con esta reforma recaudar $168 billones, es decir $8 billones más. En cambio, con la reforma que se propone  de eliminar todo tipo de prebendas (con algunas excepciones), se recaudarían  $50 billones adicionales. Con ellos se podrían destinar $24 billones para favorecer a los pobres y a las clases medias; recuperaríamos  $15 billones, por evasión-elusión tributaria. Por control a la  fuga de capitales y lavado de dinero podríamos recaudar otros $15 billones.
Esto nos daría un recaudo para el año 2020 y siguientes del orden de los $240 billones, cifra suficiente para resolver el déficit fiscal, cumplir con los programas de 4G, construir los puertos y aeropuertos que necesitamos y disminuir los niveles de pobreza en un menor tiempo y por supuesto generar empleo digno para todos los colombianos.
Con relación a esta Ley, el exministro Mauricio Cárdenas afirmó en Portafolio del día 7 de diciembre, en la página 11, lo siguiente”  $10 billones se reducirían los ingresos en el 2022, poniendo a Colombia en grave riesgo de una reducción en la calificación y eso es algo que debemos evitar”.
Por otra parte dijo: “No es sostenible, la situación fiscal a mediano plazo no se ha resuelto, haciendo referencia al manejo contable de carrasquilla para cumplir la Regla Fiscal, y por la utilización de las utilidades del Banco de la República y de Ecopetrol, estos recursos no se pueden garantizar siempre”.
El economista Francés Piketty, en su nuevo libro “El Capital e ideología” hace mención a la desigualdad  socioeconómica en el mundo,  que  cada día se hace más difícil justificarla, en nombre del interés general. De no atacar esas desigualdades logrando que los ricos paguen sus impuestos y no sigan evadiendo su pago, utilizando los paraísos fiscales las protestas sociales que se han dado en Francia, Chile, El Líbano, Ecuador, Bolivia , Venezuela y ahora en Colombia seguirán surgiendo. La propuesta de Piketty, es un socialismo participativo democrático, como una versión renovada de la Socialdemocracia.
En sus manos señores parlamentarios esta aprobar o rechazar o reformar la propuesta Ley de crecimiento del gobierno. Tengan la seguridad que de no darse cambios significativos las protestas sociales continuaran.

Jorge Vergara  Carbó

Economista-ejerciendo el periodismo

Barranquilla, diciembre 9 de 2019.

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