*Las Comisiones Primeras conjuntas de Senado y Cámara aprobaron el proyecto, que tiene mensaje de urgencia.
El proyecto de ley que duró 5 meses bajo la lupa del Congreso de la República pudo superar su primera prueba tras ser presentado por la Fiscalía y el Gobierno, donde se plasman ciertas medidas para combatir la corrupción en la que se encuentra sumergido el país luego de un arduo debate entre los congresistas.
El proyecto busca el aumento de las penas en un 15% para los corruptos y eliminar beneficios para aquellos que hayan cometido delitos en contra de la administración pública, incluida la casa por cárcel por lo que llegará a las plenarias de Senado y Cámara en marzo del año entrante, cuando se retomen las sesiones ordinarias del Congreso.
Germán Varón Cotrino, senador ponente, indicó que “no es posible que personas que cometen ciertos delitos tengan beneficios que reduzcan significativamente la pena, como personas que han atentado contra la alimentación de los niños y quienes se han apropiado indebidamente de recursos, condenados a 15 años terminan pagando penas efectivas de tres y cuatro años por cuenta de los beneficios que consagra la ley, esos beneficios quedan eliminados”.
“Quedan excluidos los delitos contra la administración pública y la administración de justicia de la figura de la casa por cárcel, esto quiere decir que no veremos funcionarios públicos en la casa pagando las penas, sino en prisión efectiva”, señaló.
Además de esto el ponente explicó que la iniciativa busca consagrar una serie de inhabilidades para aquellas personas y empresas que cometan hechos de corrupción, esto traería como consecuencia la restricción de contrataciones con el Estado.
“Lo que a la gente le indigna es que después que una empresa cometió un delito pueda seguir contratando y verla participando en todas las licitaciones. En este estatuto se consagra que quedan inhabilitados por el mismo término de la pena que se le impone de tipo penal”, añadió.
César Lorduy se refirió sobre esta propuesta indicando que entrega mayores herramientas a las autoridades para perseguir a quienes hayan cometido delitos de corrupción y tomar las medidas correspondientes para la judicialización de los corruptos.
“Hace más eficaz la labor de la Fiscalía como la permanencia de jueces de garantías, facultades para los jueces penales municipales en diferentes jurisdicciones, agilidad en el procedimiento para la imputación de cargos, la utilización de peritos, yo creo que es un estatuto que genera grandes avances”, expresó.
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