El abigeato amenaza la salud pública del Departamento del Atlántico

Uno de los fuertes flagelos que enfrenta el gremio de productores del Departamento del Atlántico es el abigeato, que ha pasado a convertirse en un problema de salud pública, por la forma cómo están siendo sacrificados los animales y expuestos a condiciones mínimas de salubridad.En el transcurso del presente año se han reportado alrededor de 40 casos, y muchos de ellos que no cuentan con denuncia o reporte formal, debido a que el productor se abstiene por miedo o demora por parte de la justicia.
Julián Saade, director ejecutivo de Asoganorte, denunció “generalmente los robos de los ovinos los realizan a las 12:00 de la noche en un potrero de una finca, degollan el animal para sacarle las carnes y este cae en el suelo o arena a la intemperie de la contaminación, luego las transportan en sacos; todo lo contrario a un matadero oficial como todas las prácticas adecuadas para poder sacrificar un semoviente de a cuerdo a la norma”.Sin duda no cumple con ninguna regla para poder despostar esa carne y cocinarla”, dijo.
Resulta un problema de salud pública, porque las personas que compren esas carnes desconocen las procedencia de ese producto, por el ambiente al que son expuestas y transportadas, los consumidores pueden adquirir de manera fácil una bacteria como Salmonela, Escherichia Coli u otras que atenten para la salud humana.
El directivo de Asoganorte explicó, “las carnes de molares y equinos son vendidos a mataderos clandestinos ubicados en Malambo, Galapa, Soledad y en algunos barrios al sur de Barranquilla.Aseguró que estas bandas ya cuentan con sitios para refrigerar la carne y hacer embutidos, productos que tampoco tienen registro de salud”.Es muy importante llamar la atención a los habitantes del Atlántico, en cuanto a las carnes compradas en expendios no legales corren el riesgo de producción una entoxicación, los infractores que practican este tipo de actividad delictiva no tiene la rigurosidad de su transporte ni en la cadena de frío, lo cual trae problemas sanitarios generando contaminación, enfatizó el director ejecutivo.
Saad también subrayó que el llamado es a disminuir al máximo la ocurrencia de estos delitos, y en pro a eso se viene desarrollando un trabajo mancomunado con la Policía, el Ejercito y de la mano los productores del gremio.Con base en ello, la Policía replanteó un plan de acción para mejorar la seguridad a través de una inteligencia, monitoreos estratégicos, chequeo en las vías para inspeccionar en horarios nocturnos.“La Policía se ha mostrado muy interesada en trabajar en pro de disminuir este problema de abigeato”, resaltó. A su turno manifestó, se esta trabajando para frenar este flagelo, de hecho la Policía tiene a las personas que practican este tipo de actos identificadas, vendrán capturas y comisiones; las autoridades se encuentran muy bien informadas, “les quiero dar un parte de confianza para los ganadores del Atlántico y a la comunidad en general”, concluyó.
Pena por la justicia
En consejos de seguridad, talleres Construyendo País y en reuniones gremiales, los productores le solicitaron apoyo al Presidente Iván Duque combatir esa conducta ilegal en los campos colombianos.A partir de ahí, la nueva norma, aprobada por el Congreso de la República y firmada por el Jefe de Estado modifica la Ley 599 de 2000 (o Código Penal), y le entrega herramientas a la Justicia para sancionar con penas rigurosas a quienes incurran en hurto de ganado.
En la Ley 1944, la nueva redacción del artículo 243 señala que “quien se apropie para sí o para otro de especies bovinas mayor o menor, equinas o porcinas plenamente identificadas, incurrirá en prisión de 60 meses (5 años) a 120 meses (10 años) y multa de 25 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Dicho artículo también contempla un incremento de las penas de prisión a imponer cuando el valor de lo apropiado exceda los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“Si el valor de lo apropiado excede los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la pena de prisión será de 72 meses (6 años) a 132 meses (11 años) y multa de 50 a 100 salarios mínimos legales vigentes”, reza un aparte del mencionado artículo.
La norma introduce un aumento de las penas de cárcel cuando los responsables del abigeato cometan violencia contra las personas. En este caso ordena que la pena de prisión a imponer será de 84 meses (7 años) a 144 meses (12 años).
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