Y campante la corrupción

En medio de la festividad que enmarca el final de año, el agite político y social continúan ocupando primeros lugares de atención en el país, cada uno con sus efectos dentro de la sociedad colombiana. Y en medio de todo ese panorama sigue el tema de la corrupción palpitando en todos los rincones de la patria.

Y señalamos lo anterior, por cuanto cada hora se conoce de un caso que conlleva no solo el descubrimiento de un personaje siniestro escarbando millonarios presupuestos, sino que esos recursos destinados para fines nobles o de desarrollo social, hoy han tomado un rumbo diferente.

Lo que puso en su momento sobre el tapete público la Contraloría General de la República con el manejo de los Programas de Alimentación Escolar-PAE en varios departamentos del país, muy especialmente en ciudades capitales donde los millones de pesos destinados para dotar de una alimentación adecuada a los estudiantes encierra un propósito loable, pone de manifiesto que algo más drásticas deben ser las leyes, para quienes se autoproclaman dueños de tales recursos.

Es allí donde con justiciera razón los ciudadanos reclaman que se imponga sobre los responsables la figura jurídica de la acción de repetición, para que devuelvan al erario lo hurtado o desviado.

Lo que se ha venido registrando con ese Programa en distintas ciudades es muestra de que algo hay que hacer de forma urgente. ¿Hay derecho a que suceda esto en ciudades donde la desigualdad social y económica son latentes? ¿Qué piensa un gobernante al momento de firmar esa orden de pago? No puede concebirse que eso tenga ocurrencia cuando a pocos pasos de esas alcaldías existan niños y niñas que por no ir al colegio tengan que rebuscar el sustento para ayudar a sus familias, o muchos de esos infantes acudan a vicios para mitigar el asedio del hambre.

Y así como en Cartagena se denunció en su momento los millonarios costos de una ración alimentaria, también en La Guajira los hechos acaecidos reiteran que la corrupción se ha paseado por su territorio sembrando muerte, desolación y muy pocos capturados, pese a las denuncias y los billones de pesos que se extraviaron en el curso de planes y programas trazados en documentos oficiales, con logos de Alcaldías y la Gobernación. El reflejo de eso está en más de 100 infantes de la etnia Wayúu fallecidos por desnutrición severa, la escasez de agua y una planificación progresista que no se vislumbra por ninguna parte, pese a las buenas intenciones y las constantes visitas que realizan altos funcionarios del Gobierno Nacional o los compromisos que asumen los gobernantes que son electos o encargados en la administración departamental.

Pero bueno, los sonajeros políticos suenan… nombres prestantes se pronuncian y promueven en todas las esferas; los recursos para estos menesteres también se solicitan y aprueban, mientras que muchas necesidades y problemas sociales se acentúan, se cierran hospitales y mueren en sus puertas muchos compatriotas, mostrando verdaderamente el país político que somos, sin asomo de vergüenza por la corrupción que bien ligada está a esa actividad nacional.

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