Oposición socialmente responsable

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Las experiencias vividas políticamente cuando se han expresado los sectores alternativos con sus representantes en minoría, prácticamente han sido un fracaso por el clásico paradigma de que el ideario político de los partidos opositores pretende ser determinante en el ejercicio del control interno a los entes territoriales o a las corporaciones públicas. Dado que estos representantes se han visto limitados argumentando que tienen que consultar a las directivas o instancias de sus partidos, porque sería a ellos a quienes le deben esos créditos, tal vez olvidándose que no se pueden maximizar los dividendos o resultados electorales. Sería desconocer a las ciudadanías libres que se expresan a través de movimientos sociales inorgánicos de forma democrática, plural y diversa, cuando lo que se trata es de articular las acciones políticas de los partidos que han estado distante de éstos.

Según Gianfranco Pasquino, politólogo italiano, autor del ensayo “La oposición”, las metas de una oposición socialmente responsable serían: Representar y proteger individual y colectivamente a su electorado; defender las reglas del juego político y, eventualmente, reformarlas, con el propósito de mantener abierta la competencia; mostrar los resultados suficientes para llegar a convertirse en mayoría. Para lograr lo anterior, “ninguna oposición puede renunciar a su propia piel ni a su cometido dejando, sin más, gobernar al gobierno. Todo lo contrario, la oposición debe impedir que el Gobierno ‘malgobierne’”.

Es cierto que el “Estatuto de la oposición” es garantista al ofrecer las herramientas para hacer control político que permite posicionarse en una oposición reflexiva, propositiva, pero en lo fundamental socialmente responsable que vaya más allá de los partidos y esté al servicio de la gente, en una ruptura frontal con el negacionismo opositor radical. La oposición política permite disentir, criticar, fiscalizar, ejercer libremente el control político a la gestión de gobierno, generar propuestas alternativas de políticas públicas que hacen parte del legado del ejercicio de su campaña, mediante los instrumentos señalados en el Estatuto, sin perjuicio de los derechos consagrados en otras leyes.

Para ejercitar una oposición socialmente responsable el Estatuto brinda el derecho de réplica que se constituye en una herramienta clave para confrontar políticas del establecimiento cuando estas no representan los intereses de las grandes mayorías, sino, por el contrario, se constituyen en grandes cargas tributarias y sociales con afectación al bienestar general de la población; y, la oportunidad de la utilización de los medios de comunicación social del Estado o que utilicen el espacio electromagnético, para hacer llegar a la ciudadanía las respuestas.

La rendición de cuentas por parte de las administraciones de los entes territoriales se ha constituido históricamente en un festín donde los gobernantes de turno prefabrican las inquietudes ciudadanas a través de terceros, que suelen preguntar como gazapos lo que está previamente definido en el libreto de quienes sustentan el ejercicio de gobierno; no obstante, el Estatuto de oposición proporciona instrumentos para que la ciudadanía participe en la transparencia de la rendición de cuentas de los Planes de desarrollo, con especificidad en los municipios y distritos, del cumplimiento de sus metas y el monto total de la inversión que se realizó.

Las organizaciones políticas declaradas en oposición a partir del primero de enero de 2020, como producto de los resultados electorales obtenidos el 27 de octubre del presente año, les asiste el derecho a participar protagónicamente en la conformación de las mesas directivas de plenarias de corporaciones públicas de elección popular. Tendrán participación a través de al menos en una de las posiciones de las mesas directivas de las Asambleas Departamentales, los Concejos Distritales y de capitales municipales. De igual manera tendrán derecho a que se les facilite con celeridad, la información y documentación oficial, dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la solicitud; aspecto este de vital importancia para poder ejercer responsablemente el control político de cara a la ciudadanía y a la opinión pública en general. Al tenor de lo señalado aquí y en el ámbito de hacer una ruptura conceptual acorde con los nuevos contextos políticos se nos permite cuestionar si quienes tienen la responsabilidad de ejercer el control político deben distanciarse de la elección de los órganos de control o, por el contrario, deben participar activamente en la definición de quienes tengan los méritos para representar al departamento o al distrito en la regentación de estos cargos.

En síntesis, en una sociedad que se defina democrática, el ejercicio de una oposición socialmente responsable tiene entre sus funciones la de limitar al gobierno de turno a través del control político a las políticas públicas que formula e implementa y sus consecuencias sociales, económicas y políticas; como, a su vez, promover el pluralismo y la convivencia en el disenso, para mantener el equilibrio entre las intenciones de la autoridad y el apego a la legalidad, buscando el mayor bienestar para la población. Repensemos a Barranquilla y al Atlántico.

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