Escándalos en el PAE

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Cuando hablamos de los niños, de la necesidad de cuidarlos y amarlos, de rodearlos de protección y de cariño, y de endurecer las penas para aquellos que vulneren sus derechos, nos anima el deseo de trabajar mucho más para cumplir el sueño: que todos los niños, niñas y adolescentes de Barranquilla y el Atlántico vivan en sus hogares, tengan educación, buena alimentación, afecto y recreación, y empiecen a forjarse como los mejores colombianos del mañana.
Son pocos los países que como Colombia cuentan con una legislación tan extensa dirigida a la protección de la niñez y a la vez con tantas instituciones establecidas para la atención de los menores de edad.
Por eso mismo es que resulta una verdadera paradoja que sea el nuestro uno de los países más descuidado con los niños, es por eso que consideramos de gran urgencia que se ahonde en la necesidad de darle cumplimiento a las políticas públicas que al respecto han sido trazadas a través de las disposiciones legales.
Resulta inhumano, perverso, criminal, cruel, inexplicable y
monstruoso que inescrupulosos contratistas continúen serruchando con la plata de los refrigerios de los niños pobres que necesitan la alimentación escolar.
Todos los crímenes son abominables, pero en la escala de los criminales que son capaces de dejar con hambre a los niños que nada tienen, de quitarle las raciones o reducirselas a sabiendas que en sus casas no se las pueden garantizar, son de la peor calaña que se merecen las más severas sanciones.
Este es un tema que actualmente ocupa la atención de la opinión pública y que en LA LIBERTAD hemos tratado con insistencia; se trata de la alimentación adecuada en la población infantil asentada en los sectores marginados.
En los días que transcurren, los barranquilleros y atlanticenses en general, se encuentran escandalizados por las noticias respecto a denuncias de irregularidades en la contratación del suministro de la ración alimentaria en los restaurantes escolares tales como el episodio que involucra en investigaciones de carácter penal al actual Secretario de Educación del Atlántico, Dagoberto Barraza; del líder de cobertura del Programa de Alimentación Escolar – PAE, en el Departamento, Emil Armando Pacheco Jiménez, y de los contratistas Félix Enrique Barrios Ballestas y Uriel Eduardo Reyes Pájaro.
No se puede seguir permitiendo que particulares se estén lucrando con las necesidades básicas de los niños más necesitados, pues estos alimentos están dirigidos a los de escasos recursos.
Para muchos de estos menores estudiantes, esa ración de alimenticia que se les suministra en dichos comedores escolares, se constituye en la única forma de tener siquiera una comida diaria, por lo que consideramos que muy lejos de pensar en el bienestar de los menores, algunos contratistas inescrupulosos lo que se están es aprovechando de esta política para enriquecerse ilícitamente a costa de la supervivencia de los niños.
Si bien es cierto que estos aberrantes hechos siguen conmocionando a los colombianos en general, desde hace meses el Diario LA LIBERTAD, viene denunciando las irregularidades que se estarían presentando en los contratos firmados para tal fin.
La situación que se vive en estos momentos con relación a este tópico a nivel departamental, llama poderosamente la atención, si tenemos en cuenta que hace unas pocas semanas el presidente Iván Duque manifestó enfáticamente que en su gobierno no se ha presentado un solo acto de corrupción y que lo que se ha descubierto últimamente viene de atrás.
Sin embargo, este es un caso que desvirtúa la contundencia que tuvo el Jefe de Estado para referirse al robo descarado de los recursos que aportan los contribuyentes, consistente en defraudación originada también por la comprobada mala calidad de los alimentos escolares.

#DIARIOLALIBERTAD

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