Los optimistas en Colombia, aunque no lo parezca, somos más que los pesimistas. El aserto podría parecer arbitrario, pero se vuelve verosímil al ver que elegimos a personas en las cuales depositamos la confianza de que van a gobernar la nación en beneficio de todos, sin que hasta ahora este haya sido el resultado. En muchos casos, los escogidos no tienen la experiencia mínima requerida y ni siquiera interés, lo que traumatiza el devenir social. El momento actual es prueba fehaciente de lo anterior, por la falencia de quien se supone dirige la administración, que no ha comprendido la magnitud de su encargo, ni los perjuicios que causan sus limitaciones personales, de lo cual no se le puede culpar porque fueron otros los que lo llevaron al cargo, pero sí de lo que siendo obvio desestima con arrogancia. El mandato en ejecución comenzó en un ambiente de esperanza, por la desaparición, tras un acuerdo de paz con una agrupación en armas que se enfrentó al Estado por más de media centuria, sin poderlo derrotar, dejando una trágica estela de horrores y miseria, y en vez de aprovechar esa valiosa oportunidad para resanar heridas y restablecer la armonía entre sus conciudadanos, lo que ha hecho es consagrarse sin credibilidad al ritornelo de que sólo actúa en busca de la paz con legalidad, dando a entender que lo pactado fue ilícito, pese a la aprobación del Congreso y la Corte Constitucional, la ayuda de la Organización de las Naciones Unidas y la OEA, y el reconocimiento y aplauso de la comunidad internacional.
En medio del discurso anterior y con el inocultable afán del presidente de la República por demeritar la obra de su antecesor, su gobierno enfrenta hoy una sostenida protesta nacional que ya ha dejado como saldo la muerte del estudiante Dylan Cruz a manos de un agente del Esmad, y lesiones de diverso género a otras personas y a policías, a raíz de su antijurídica reforma tributaria que le rebajó la carga impositiva al gran capital y se lo aumentó a la base ciudadana; de las soslayadas propuestas que desmejoran los regímenes laboral y pensional; del incumplimiento a pactos de financiamiento de la educación a estudiantes y profesores; de la inseguridad en las ciudades y el campo; de la privatización o venta de activos estratégicos oficiales; de la disposición a autorizar la extracción de minerales con riesgo para el medio ambiente; del sistemático asesinato de defensores de derechos humanos, líderes populares, campesinos, indígenas y guerrilleros reinsertados. En respuesta al convulsionado estado de cosas, el presidente, sin medir la dimensión del conflicto y su trascendencia, ha propuesto un gran diálogo nacional con los sectores políticos, gremiales y empresariales, que aspira se extienda hasta marzo del año entrante, cosa que no aceptan los promotores del movimiento, quienes le entregaron un memorando de 13 puntos sobre los cuales aspiran a tener con él interlocución pero no con la metodología que propuso, y sin ninguna dilación.
Además de los temas anteriores, los promotores de la protesta le han señalado al gobierno que se abstenga de tramitar las reformas tributaria, laboral y pensional; la disolución del Esmad, la revisión de los tratados de libre comercio, la evaluación del cumplimiento del acuerdo de paz, el impulso al proyecto de ley anticorrupción, la derogación del impuesto para aliviar la crisis financiera de Electricaribe y del decreto que creó el holding financiero que agrupa al Banco Agrario, Findeter, Finagro, Icetex y el Fondo Nacional del Ahorro. Pecando de pesimistas, los puntos mencionados tienen innegable importancia para la vida nacional, pero por su naturaleza hacen pensar que aunque podrían ser abordados, no van a ser satisfechos, dada su compleja magnitud socio-económico-política, mientras que sigue la incertidumbre sobre cómo secar el llanto popular y responder con certeza al grito de la calle.
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