Pasadas las elecciones a cargos ejecutivos y colegiados, y aún sin finalizar totalmente los escrutinios, ni la confirmación de los que ganaron en algunas partes de Colombia, no es posible hablar de normalidad política, por los reclamos e impugnaciones subsiguientes, no siempre justos, que a veces pasan de las delegaturas registrales a los órganos de justicia en lo contencioso administrativo y lo penal. Como se estila en lenguaje coloquial, en estas cosas “no hay tu tía”, porque los intereses en contraposición, generalmente numerarios, son siempre superiores a los del deber ser, lo cual no es ningún descubrimiento porque en el mundo entero existe quizá desde siempre. En lo que hace a nuestro país, en lo nacional, departamental y local, la bolsa pesa más que el valor de la rectitud. Y mucho más, porque el contenido de ella no se distribuye de manera equitativa entre quienes contribuyen a llenarla. Lo contrario, que es lo que se conoce como la redistribución del ingreso, es una utopía, que no se puede ni se debe concebir como una repartición mecánica, aunque hay sectores privilegiados que reciben beneficios directos, como la exoneración o rebaja de impuestos e incentivos de capital, con pretextos como el de la confianza inversionista y el supuesto de generar empleo, como si un puesto de trabajo se creara por caridad y no para obtener utilidad.
Pocos de quienes votan piensan en esas cosas. Lo hacen por empatía o por animadversión. No a con ciencia. Con esa actitud renuncian al más grande y firme poder que tiene una sociedad, que es el del sufragio, sin el que jamás podían llegar a las máximas jerarquías del Estado gobernantes y miembros de cuerpos colegiados legislativos y administrativos. Aunque lo expresado es cuestión de perogrullo, su repetición no pierde objetividad ni vigencia cuando en esos asuntos se actúa por instinto o por utilitarismo, caso este último tal vez el peor, que es lo que más ha desprestigiado el sistema representativo
Comenzamos estas líneas refiriéndonos a la intranquilidad en que todavía se encuentran localidades que no tienen plena certeza de quienes van a dirigir sus destinos administrativos, como gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y miembros de juntas administradoras locales, y hay otras que ya lo saben, pero los adversarios de los elegidos parecen dispuestos a desbancarlos mediante procesos electorales y penales. Y esto, de prosperar las acciones, es más dramático en ciudades como Cartagena, que tiene récord de inestabilidad e interinidad con 11 alcaldes en solo ocho años y problemas de toda clase. En esta ocasión aparece electo, todavía sin la credencial en mano, el abogado William Dau Chamat, de quien con algún viso de realidad se ha dicho que fue una sorpresa que ni él mismo esperaba. Sobre esa elección han surgido múltiples conjeturas, tanto en el sentido de que ya lo rodean supuestos oportunistas con intereses particulares, como en la de que su elección fue producto de un fraude, que su inmediato competidor en votos, William García Tirado, está resuelto a demostrar a través de la denuncia que ha presentado ante la Fiscalía, y que, de prosperar, una vez más dejaría en la cuerda floja a la ciudad, y en grave riesgo a sus habitantes sin distingos. Se está jugando con candela y puede generarse un gran incendio. Por eso todo cartagenero responsable, pobre o rico, debe saber que si en el escogimiento de sus autoridades sigue prevaleciendo la emoción y no la razón, días peores la esperan, porque lo que se puede perder es incalculable y peligroso, ante la ausencia de protección del enorme censo poblacional en pobreza extrema, la indetenible informalidad laboral, la hipercrítica movilidad, la inseguridad física, las inundaciones causadas por las altas mareas, la contaminación de sus cuerpos de agua, y el riesgo de que se dañe la imagen mundial que la ha posicionado en lo cultural, turístico, industrial, comercial y portuario.
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