Alrededor de las drogas psicoactivas se han tejido muchas conjeturas y hasta hoy son más las polémicas creadas que la unidad de criterio definido, para atajar esa maraña de hilos que han ido formando todo un nudo gordiano para la sociedad.
A nuestro país la situación la ha tocado de frente y con sus efectos nos ha correspondido padecer, pese a los esfuerzos propios realizados y al reiterativo llamado a la comunidad internacional para que se defina esa unidad de criterio, en torno a lo que se debe hacer con el problema de las drogas, su cultivo, producción, comercialización y consumo.
He ahí que la polémica desatada con relación a este delicado tema va contribuyendo con su falta de definición en que haya cada día más consumo en el mundo, como resultado del crecimiento de cada eslabón en la cadena de cultivo, producción y comercialización. Frente a esto, cada gobierno tiene su punto de vista y así ha venido obrando. En el caso colombiano, las estadísticas están mostrando que se han venido aumentando todos los índices y eso obliga a tomar medidas. De hecho, cuando los informes señalan de que el consumo interno se dobló y que es más alto entre los jóvenes de 18 a 25 años, o que se ha detectado que 32 nuevas drogas han surgido en este mercado macabro y que el cultivo se ha propagado en diferentes regiones del sur del país, no le sobran razones al Presidente Iván Duque para declarar este asunto como prioritario para el Estado.
Con la firma del decreto que permitió perseguir la dosis mínima, está demostrando el mandatario nacional que durante este periodo de gobierno se tomarán nuevas medidas para contrarrestar este flagelo que a través del menudeo ha logrado filtrar a la sociedad y absorber a más jóvenes en sus redes de perdición. El problema está latente y la perspectiva de estos mercaderes de la droga está enfocado en esa población infantil y en edad escolar, por lo que se requiere afianzar ese frente de lucha y al tiempo reducir las áreas de cultivo, para dar señales positivas de que sí se puede frenar y disminuir esas estadísticas negativas que hoy muestra Colombia en esta materia.
Lo cierto es que el avance que ha tenido el tráfico de estupefacientes en el país obliga de igual forma al Gobierno a actuar. No se puede permitir que un Estado permanezca ciego, sordo e inmóvil, mientras su sociedad se va desmoronando por el accionar de estas organizaciones criminales, por ello a estas acciones hay que brindarles apoyo y respaldo con el acompañamiento y compromiso de todas las fuerzas vivas del país. Es evidente que en materia de tratamientos para los adictos habrá que legislar y así lo ha corroborado el mandatario nacional, pero lo importante es dar los primeros pasos con decisión para contrarrestar ese flagelo que sigue amenazando el núcleo de nuestro tejido social.
A la par de la estrategia criminal de expandir su negocio en los colegios, donde se forman nuestros hijos y la juventud colombiana, y las universidades, también debe el Gobierno enfocar su atención y disponer de todo lo necesario legalmente para contrarrestarla con rigurosidad y éxito. Aquí la situación no es a medias ni con pañitos de agua tibia, sino con imposición de la ley y castigo severo para quienes pretenden acrecentar sus ilícitas actividades a costa de la perdición de nuestros jóvenes. En esto tenemos que estar de acuerdo todos los colombianos de bien.
