La Marcha del 21N inclinó la balanza con el peso de millones de colombianos y colombianas dispuestos a defender lo conquistado en años de lucha y a no permitir la generalización del empobrecimiento contenido en el paquete legislativo.
Interesa ahora darle contenido a la Asamblea Nacional Constituyente, con reglas claras de juego, que eviten su manipulación, y sirva para jalonar la Democracia hacia una sociedad más justa.
Sea lo primero, antes del debate, imponer el voto electrónico, como lo previene la Ley 1475 de 2.011, estrechándole, así, el camino, a los que se alzan con los cargos de elección popular, montados en los vulnerables escrutinios.
La agenda dejará por fuera de su temática la Jurisdicción Constitucional y su principal tesoro, patrimonio de la Nación, la Acción de Tutela, y a su lado, la Popular, la de Grupo, la de Cumplimiento.
Igual, se conservarán las Altas Cortes, incluyendo la JEP, excepto el Consejo Superior de Judicatura, que desaparece y será reemplazado por un ente administrativo, con autónomía presupuestal para sí y la Rama Judicial, integrado por los Presidentes de cada Corte y JEP, que nombrará a un Director Ejecutivo que administre el Fondo, de libre nombramiento, que distribuya, equitativamente, los recursos.
Será permitida la reelección presidencial por una sola vez, en períodos seguidos uno del otro o separados.
Se prohíbe la pena de muerte.
Se garantiza derecho al trabajo bajo condiciones dignas que
Incluyen la jornada máxima diaria de 8 horas durante la semana con derecho al descanso y a percibir las prestaciones sociales que aseguren una pensión al alcanzar las requisitos del y tiempo laborado y la edad de retiro, fijada por la ley.
Se reforma el Congreso de la República en una sola Cámara denominada Senado de la República integrada por siete senadores elegidos por Regiones, por periodos de 4 años, con derecho a ser reelegidos por un período más, seguido o separado.
Se ratifica la elección popular de Alcaldes municipales y distritales y Gobernadores Regionales por periodos de 4 años, con derecho a ser reelegidos por un período adicional, separado del primero.
Desaparecerán las Asambleas y las gobernaciones departamentales actuales para abrirle paso a la división política territorial por Regiones, 8 en total, así: Cundiboyacense; Caribe, Santandereana y Arauca; Andina; Occidental; Antioqueña, Pacífica y la de los Llanos y Amazonia.
Los Gobernadores serán elegidos uno por cada Región, sin la participación de los ciudadanos de las capitales de los actuales departamento, y serán encargados de administrar los recursos de su respectiva circunscripción.
Cada Región tendrá una Asamblea Regional integrada por 15 miembros elegidos por el voto popular directo de los ciudadanos encargada de distribuir equitativamente los recursos de sus rentas propias y de las regalías producidas en su respectiva circunscripción, de conformidad con las necesidades básicas y el número de habitantes registrados por los departamentos que la conforman actualmente.
Se garantiza la libre empresa en toda la economía bajo la regulación de los mercados globalizados sin que ello excluya la participación directa del estado en el control central ejercido por la Junta del Banco de la República bajo la coordinación del gobierno central. y de las condiciones tributarias en pie de igualdad con los estados originarios del capital trasnacional para los productos de interés mutuo.
En todo caso, el estado colombiano protegerá, preferirá y si es preciso subsidiará la producción nacional que abra mercados nuevos en condiciones de productividad, calidad y precios competitivos frente a los creados por empresarios foráneos fuera del territorio nacional.
La política fiscal será progresiva sobre la renta. los dividendos, las ganancias, las sucesiones, bajo la premisa de que quien más participa de la riqueza más tributa.
La Fiscalía General de la Nación es la titular de la Acción Penal dentro de un sistema penal acusatorio garantízado por la intervención de la vista judicial en todos los casos en que se vean comprometidos los derechos fundamentales del investigado.
El estado colombiano hará posible el cubrimiento directo o contratado con el sector privado de los servicios públicos básicos, que incluyen los domiciliarios de acueducto, energía, gas natural, y otros, cuyas tarifas serán controladas por el sector público con participación determinante de los usuarios del servicio.
La Salud y la educación pública serán gratuitas en todos sus niveles y a ella tendrán derecho todos los colombianos.
El Régimen Pensional será administrado por empresas privadas, públicas o mixtas, y sus rendimientos o utilidades serán invertidos en mejorar las condiciones de vida de la población en edad de retiro, ensanchando la base con derecho a pensión mínima, por razones de edad o condición física, haya o no cotizado al fondo de pensiones.
Las empresas trasnacionales que inviertan en Colombia en la explotación de los recursos no renovables deberán crear valor agregado en el territorio nacional con no menos del 50% de la producción bruta, directamente, o a través de empresas mixtas, con capital nacional, público o privado, y empleando mano de obra nacional.
Las utilidades de las empresas de los grupos económicos serán repartidas en no menos proporción al 70 y 30%, entre socios inversionistas y empleados de esos conglomerados en todos sus niveles.
La niñez, la población en tercera edad, las mujeres cabeza de familia, los ancianos, los físicamente y mentalmente limitados, los indigentes tendrán especial protección de la sociedad y recibirán atención especial del estado y del sector privado, lo que le representará beneficios tributarios a quienes distribuyan entre estos débiles parte de sus utilidades.
El estado garantiza el derecho a la expresión, a la movilización social, a la participación directa como máxima expresión de la democracia participativa de los asociados por la defensa de sus garantías constitucionales y derechos fundamentales, a todo tupo de organización social, gremial o política, respetando el derecho ajeno.
La Paz es un derecho y un deber de los colombianos y obliga a gobernantes y gobernados a mantenerla como parte de la formación integral introduciendo una cultura de convivencia y tolerancia en medio del reconocimiento de la diversidad que conforma la nación colombiana.
Nos reconocemos latinoamericanos y como subregión del mundo defendemos nuestros recursos naturales, nuestra cultura ancestral indígena y pluriétnica, y propendemos por la integración económica, sobre bases de beneficio común frente a otros intereses y culturas del mundo globalizado.
