Consejo de Estado estaría vinculado con irregularidades del Tribunal de Cundinamarca

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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra el magistrado del Tribunal de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, por presuntas irregularidades alrededor de un gigantesco lote ubicado a pocos metros del aeropuerto El Dorado.
Se trata de la investigación por las supuestas maniobras irregulares para que particulares se beneficiaran como dueños del humedal Jaboque.
El pasado 7 de noviembre fueron capturados Kelly Eslava y Aldemar Vargas, exnovia y socio del magistrado. En la audiencia, la Fiscalía señaló que se manipuló el reparto judicial del Tribunal para que los procesos fueran direccionados al magistrado.
Además, el fiscal del caso dijo que desde el año 2012 se conformó una organización criminal de funcionarios judiciales cuyo propósito era el de manipular procesos que cursaban en el Tribunal.
En una de las interceptaciones reveladas por la Fiscalía se reveló que fueron varios los negocios en los que se solicitó dinero.
Según la Fiscalía, este mismo modus operandi se vio en el proceso de Ingenieros Constructores e Interventores S.A,  Mario Huertas Cottes (uno de los mayores constructores del país) contra el INCO y la sociedad Concesión Autopista Girardot Bogotá.
Esta llamada se realizó el 23 de mayo de 2017, día en que a la cuenta del magistrado entraron ocho millones de pesos. Como esta, también se registraron varias transacciones desde tres y hasta 15 millones de pesos. Todas las consignaciones coinciden con decisiones judiciales.
Pero lo que más preocupa a las autoridades es una interceptación que compromete al Consejo de Estado.
Se trata de una llamada entre  Jorge Cortés, propietario del humedal Jaboque, con un abogado  de nombre Fernando Trevilcock. En ella, el jurista le informa a Cortés que la decisión del Consejo de Estado en el caso del humedal no ha salido porque pidieron 3.000 millones de pesos.
Según este audio, hay una solicitud de 3.000 millones ante la decisión que estaba por salir en el Consejo de Estado y esa llamada hace referencia a la segunda instancia del caso del humedal Jaboque.
El caso está ligado a un sospechoso fallo emitido en el año 2014, cuando el magistrado condenó al Distrito a pagar 32 millones de dólares de reparación directa por negarse a comprarle el humedal a un particular, pese a que este terreno ya pertenecía a la ciudad.
Al parecer, Vargas recibió dinero para emitir decisiones desde su despacho como la de Jaboque.
El jurista es hermano del magistrado Alcibiades Vargas Bautista, en juicio por corrupción y por supuestamente formar parte de una red de funcionarios judiciales que favorecía a miembros de bandas criminales y peligrosos delincuentes.
Al humedal, ubicado a pocos metros del aeropuerto El Dorado, le salieron dueños que reclamaron por años sus derechos con falsas escrituras.

#DIARIOLALIBERTAD

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