La reglamentación del Sistema General de Seguridad Social en Salud continúa siendo uno de los temas de palpitante actualidad en Barranquilla y Colombia, tal como lo pudo comprobar el Radioperiódico Diario Hablado que se difunde por RADIO LIBERTAD, con la dirección de Luz Marina Esper Fayad, luego de un sondeo entre miles de oyentes en Barranquilla y la región Caribe.
En forma permanente, afiliados y beneficiarios -del sistema de salud- se ven en la imperiosa necesidad de interponer acciones de Tutela para presionar la prestación de servicios médicos e incluso el suministro de medicamentos.
Mientras esto sucede los distintos actores privados y públicos se cruzan señalamientos y culpas, lo cierto es que el mayor perjuicio lo sufren los pacientes y sus familiares por falta de claridad, sin que las autoridades competentes entren a dilucidar este asunto en medio de un maremágnun de interpretaciones en los despachos gubernamentales.
Se calcula que más de la tercera parte de las tutelas en el país en los últimos cinco años, se han interpuesto para reclamar aspectos relacionados con la salud, de estas, más de la mitad han sido instauradas para reclamar el cumplimiento del Plan Obligatorio de Salud (POS).
También se encontró que la tercera parte de las tutelas se instaura contra las entidades de aseguramiento que administran el régimen contributivo y subsidiado, es decir en su mayoría contra las Empresas Promotoras de Salud – EPS-, gran parte de estas acciones judiciales son para solicitar exámenes clínicos, medicamentos y cirugías.
Entre tanto, las EPS, agremiadas en Acemi, replicaron en su oportunidad a un reciente informe de la Defensoría del Pueblo y para ello acudieron a un Derecho de Petición, en cuya parte motiva dan a entender que muchas de las interpretaciones que hace la entidad no son exactas, ya que parten de conceptos y pronunciamientos de la Superintendencia de Salud, que a su vez van en contravía de las posiciones del Ministerio de Hacienda, que tampoco concuerdan con las del Ministerio de Salud y Protección Social.
Si se analiza lo advertido por la Defensoría del Pueblo en su informe y las razones que exponen las EPS para replicar las conclusiones de la misma, lo único que queda claro es que existe un vacío normativo inexplicable en todo el sistema de aseguramiento en salud, sobre todo en relación con los contenidos del POS, que deben ser definidos por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
Más allá de la pelea de artículos, parágrafos, numerales, ordinales e incisos es que cada uno de los actores del sistema trae a colación para defender sus tesis y posiciones, la verdad es que hay procedimientos médicos que no se estipulan debidamente en el POS, lo mismo que no se precisan los medicamentos, prótesis, elementos quirúrgicos y hasta las tecnologías que se requieren para implementarlos o seguir el tratamiento respectivo.
Mientras ello no ocurra, la tutelitis seguirá reinando en el sector salud, pero también tiene razón la Defensoría del Pueblo al insistir en que se deben reducir las causales para instauración de las tutelas.
Es evidente que se necesitan correcciones al modelo de sostenibilidad del sistema de aseguramiento en salud, para saber qué cubre y qué no cubre el POS; cuál es el costo de las tecnologías, medicamentos y procedimientos médicos y si es necesario aumentar el valor del llamado copago; estos son problemas que deben ser aclarados urgentemente.
No cabe duda que el sistema necesita un reajuste de doble vía; de un lado hay que definir el POS con la máxima exactitud posible, para que las EPS sepan a que atenerse y de otro debe existir una voz unificada en el gobierno para saber cuáles son las directrices exactas.
Mantenerse en un rifirrafe permanente, sin que el Estado y las EPS definan el norte a través del Consejo de Seguridad Social, es perder tiempo en aquello que necesita soluciones inmediatas e irreversibles.

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