La sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional reglamentó el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres casos específicos y, aun así, siguen existiendo barreras para las mujeres que quieren acceder a este de manera legal.
Los casos son cuando la mujer queda embarazada por violación, cuando está en peligro su salud física o mental o cuando el feto tiene una malformación que hará inviable su vida.
La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud, en abril de este año, que expidiera una resolución reuniendo y aclarando toda la jurisprudencia en torno al aborto, para “adoptar un marco normativo único para la garantía del derecho fundamental a la interrupción del embarazo”.
El plazo para expedir el documento es el jueves 24 de octubre, pero el Ministerio le está pidiendo más tiempo, dos meses exactamente a ese tribunal, para que los ciudadanos puedan hacer comentarios y sugerencias al borrador publicado en la página web de la cartera.
“Pasados más de doce años (…) aún existen todo tipo de trabas y barreras para que las mujeres que solicitan la IVE puedan acceder de manera oportuna y en las condiciones adecuadas, con consecuencias irreversibles o que obligan a que se practique en forma indebida con grave peligro para su salud, teniendo que acudir a la acción de tutela para lograr que se garantice su derecho a la atención debida”, reza el borrador de resolución del Ministerio de Salud.
Esta resolución que debería hacerse oficial pronto no genera cambios en las condiciones ni despenaliza el aborto en nuevos casos, pero sí establece ciertas condiciones para su realización y para garantizar el pleno acceso a este.
Por ejemplo, dice que el IVE deberá realizarse máximo cinco días después de que la mujer acuda al centro de salud para pedir el proceso y que “cualquier forma de coacción o presión en contra de la persona en la toma de la decisión, ejercida por conocidos o por parte del personal de salud, (…) misional o de terceros deberá ser informado ante las autoridades competentes para su investigación, esto es, y según sea el caso, ante las oficinas de control interno disciplinario, la Procuraduría General de la Nación, los tribunales de ética, la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación”.
Sumado a eso, el documento plantea que las entidades administradoras de planes de Beneficios EAPB están obligadas a ceñirse a los estándares de protección del derecho fundamental al aborto. Por lo tanto, y entre otras disposiciones, está prohibido realizar juntas médicas de revisión o de aprobación por “auditores asesores legales o cualquier otro colaborador que ocasionan tiempos de espera injustificados para la práctica de la IVE” además, “no se debe exigir a las niñas y adolescentes menores de 14 años en estado de gravidez la denuncia del hecho de violencia sexual, y a cualquier menor de 18 años el consentimiento de sus representantes legales para acceder a los servicios para la IVE”.
El documento está disponible para que todos los ciudadanos lo lean y puedan hacerle sugerencias al Gobierno sobre posibles modificaciones en aras de mejorarlo.

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