El voto como control político

Las elecciones en nuestro país y concretamente en nuestra región debían constituirse en una clara expresión de transparencia con un alto grado de voluntad política de los ciudadanos y no convertirse en un acto de constreñimiento ilegal por los especialistas en la compra y venta del voto que logran con la complicidad y la anuencia de quienes dicen ser los representantes en las distintas esferas de gobierno y que tienen esa práctica reiterada como si fuera un deporte nacional donde clasifica el mejor postor o apostador con los insumos provenientes del mismo presupuesto nacional y local; no hay derecho que siendo el voto sagrado y un instrumento de naturaleza política y social sea administrado y vilipendiado por el canibalismo electorero.
El voto ciudadano es una conquista de la humanidad, mediante el cual los ciudadanos expresan su voluntad soberana en la escogencia de las autoridades política que dirigirán los destinos del poder político nacional o local de una nación, podemos decir que el voto es la expresión más representativa de los mecanismos de participación ciudadana por excelencia. Pero esa voluntad ciudadana hoy se encuentra amenazada por una cadena de hechos que han venido registrando los medios de comunicación nacionales y locales que han puesto al descubierto un plan en marcha de fraude electoral este 27 de octubre. Es preocupante la exorbitante cifra de anulación de 125.208 inscripciones de cédulas en el Atlántico por parte del CNE por trashumancia electoral, hecho este que ha estado precedido por el más reciente escándalo de corrupción electoral conocido como “Casa Blanca” en el cual la Corte Suprema de Justicia acaba de condenar a 15 años de prisión a Aída Merlano   Rebolledo y en el mismo fallo ordena compulsar copias a la sala de instrucción de la misma,  para que se investigue al senador Arturo Char por la presunta realización de conductas punibles tal como aparece registrado y difundido en los medios de comunicación, a lo que se le suma las declaraciones del exsenador David Char ante la JEP donde reconoce “Yo sí estuve en la compra de materiales en la compra de votos” .
Además, dijo que “Había un carrusel dentro de la Registraduría, que vendió mesas de votación durante las elecciones de 2002 y 2006”.  Como si fuera poco lo anterior en días pasados el alcalde Alejandro Char, a tan solo 2 meses de las elecciones y a 4 de terminar su administración, hizo aprobar por el Concejo Distrital una adicción presupuestal para un empréstito por la suma de 100.000.000.000 de pesos, al parecer sin soporte fiscal y sin destinación específica lo que generó la suspicacia y el rumor ciudadano “Si parte de esos dineros en el hipotético caso se van a ir por la alcantarilla de la corrupción electoral”. Todos estos hechos posiblemente pueden llevar a un inmenso riesgo de fraude electoral que impida la expresión libre del voto ciudadano. La pregunta que subvierte la pureza del voto y el “Voto como control político” entonces es, como garantizar la pureza del voto ciudadano como expresión de su libre albedrío sin la interferencia de la corrupción electoral tipificada en los delitos de corrupción al sufragante, tráfico de votos, voto fraudulento, favorecimiento de voto fraudulento y alteración de resultados electorales.
La ley electoral establece como mecanismo de control ciudadano, los testigos electorales, los cuales cumplen una función pública transitoria en el ejercicio de la vigilancia de la transparencia del proceso eleccionario y las autoridades tienen la obligación legal de colabórales y garantizar sus funciones en los escrutinios de mesas por parte de los jurados de votación y en los escrutinios de las comisiones escrutadoras auxiliares y Distritales. El art. 45 de la Ley 1475 de 2011 establece que los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, tendrán derecho a un testigo por mesa para garantizar la transparencia de los escrutinios de jurados de mesas de votación y a su vez el Art. 11 de la Ley 6 de 1990 dice: Los testigos electorales supervigilaran las elecciones y podrán formular reclamaciones  escritas cuando el número de sufragantes de una mesa exceda el de ciudadanos que podrán votar en ella; cuando aparezca de manifiesto en que las actas de escrutinio se incurrió en un error aritmético y cuando los 2 ejemplares de las actas de escrutinio a de los jurados de votación están firmados por menos de 2 de estos. Todo ello nos permite plantear la necesidad de que las autoridades competentes al avecinarse el proceso electoral del 27 de octubre asuman y brinden las garantías para que el ciudadano elector se exprese libremente y desaparezcan los subterfugios electorales; para ello se debe sumar la designación de un alcalde ad hoc para el distrito de Barranquilla por razones de ética pública para contribuir con una higiene electoral que destierre los aires nauseabundos donde está inmersa sectores de la clase política tradicional local y regional. Repensemos a Barranquilla y al Atlántico.
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