Las elecciones debilitan la democracia

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Las elecciones populares para elegir representantes a las corporaciones públicas están plagadas de acusaciones grotescas y vulgares de unos contra otros, creando pánico y temor en la ciudadanía con graves consecuencias para la democracia participativa.
En el pasado, las jornadas electorales estaban enmarcadas en el jolgorio, fiesta y alegría, los candidatos debatían en las plazas públicas, parques y sitios comunales sus programas de gobierno sin temor, hoy los medios de comunicación cumplen esa tarea, cobrando grandes sumas de dinero, especialmente la Tv.
La polarización y pluralización ideológicas marcadas por el extremismo, la falsedad y calificativos denigrantes contra sus oponentes crean inseguridad en el electorado que prefiere mantenerse al margen de la actividad política. El volumen de aspirantes rebasa los cálculos estadísticos, el afán de obtener una curul a cualquier precio y medio los conduce a todo tipo de confrontaciones. El fenómeno se presenta en todo el país desde los pueblos más pequeños hasta las ciudades metrópolis como el caso de Cali, donde un aspirante a la alcaldía se declaró en huelga de hambre por las difamaciones del candidato de Centro Democrático. Continuar escudriñando encontraremos en la geografía colombiana muchos casos donde los aspirantes se juegan la vida y su fortuna por una curul. La actividad proselitista se ha convertido en un negocio estructurado como cualquier empresa del sector industrial o comercial. Costo beneficio es la fórmula aplicada en la política actual y deben rendir cuentas al Estado sobre sus actividades contables. El parecido con una agencia de empleo, oficina tramitadora de documentos oficiales y diligencias en las instituciones del gobierno no es coincidencia. Los comandos políticos abren sus puertas con un año de anticipación a las elecciones, tienen todas las comodidades de cualquier empresa cinco estrellas. La estructura administrativa cuenta con profesionales de todas las disciplinas, cargos de gerente, administradores, logísticas, coordinadores, secretarias, mensajeros y personal de oficios varios, la nómina es abultada. ¿Cómo se financian?. Quienes pretenden repetir curul establecen cuotas a sus fichas burocráticas, los aportes son en dinero o votos según el cargo que ocupen en las instituciones del Estado. Con estos aportes reglamentarios financian parte de su campaña, el partido que lo apoya colabora, pero con ciertas condiciones. Los primíparos o nuevos aspirantes deben acudir a la ayuda de familiares, amigos y voluntad del cacique político que lo apoya, con el compromiso de obedecer órdenes.
Los grupos políticos hacen alianzas para repartirse el poder y enriquecerse con los dineros destinados a los pobres. En el escenario delincuencial participan contratistas, monopolistas financieros, funcionarios nombrados en posiciones estratégicas, autoridades judiciales y policiales, organismos de control y el político gamonal o padrino que es una combinación de mentor y mafioso. En este entramado la lealtad prevalece sobre la ley y la justicia. ¿Cómo funciona el reparto institucional y burocrático?, sencillo, los más poderosos tienen el control del sistema judicial, penitenciario, contraloría, notarías, cargos oficiales de alto nivel y pare de contar. Esta clase de corrupción sistémica es la más dañina y perjudicial por las graves connotaciones sociales, la nación queda atascada en el fango y el estiércol politiquero difícil de romper sus ataduras. Es decir, lo público es transferido al sector privado para que empresarios, banqueros y contratistas administren el Estado a su antojo y provecho. Romper el nudo gordiano que está ahogando al pueblo colombiano, requiere negociar con los pavos reales del país y portadores de largos rabos de paja para salvar algo. El ingrediente final y macabro del cartel es la ley del silencio que impera como en las mafias sicilianas, quien habla se muere. La experiencia registra cientos de casos que la justicia no opera con rigor y severidad contra la elite política, empresarial y judicial cuando son sancionados por delitos graves que exigen condenas ejemplares. En Colombia debe existir una norma que blinde de la politiquería a las instituciones más sensibles, siguiendo el ejemplo del Banco de la República. Funcionarios encargados de administrar justicia, cargos de fiscales, jueces, entidades recaudadoras de impuestos como la Dian, las que tienen la delicada misión de controlar y defender los dineros públicos, los empleados deben contar con alta calidad moral comprobada y seleccionados por concursos. Alejar a la politiquería de estas instituciones sería un gran logro. ¿Los congresistas se le medirán a esta noble misión? Alvarito puede tener la respuesta.

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