Más participación ciudadana

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No debiera escapar a la ciudadanía la enorme importancia que reviste para Colombia, la eficaz y pronta implementación de todos y cada uno de los mecanismos de participación ciudadana en aquellas decisiones que afectan a la comunidad, las cuales se encuentran plasmadas tanto en nuestra Carta Magna como en la Ley.
Por esto, con el fin de que se cumpliera el compromiso de vieja data, adquirido por anteriores gobiernos, en el sentido de señalar como prioridad la necesidad de la consolidación definitiva del principio de la democracia participativa, como se recordará, con base en el artículo 104 de la Ley 134 de 1994, ese mismo año fue expedido el Decreto Ley 2629, por el cual se creó el Fondo para la Participación Ciudadana, como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio del Interior y dotado de personería jurídica e incluso de un patrimonio independiente.
Aquel Fondo que fue creado con a finalidad de financiar programas que hicieran efectiva la participación ciudadana y para que lograra metas a partir del pleno apoyo y respaldo a proyectos de difusión de todos sus procedimientos, incluyendo la capacitación de la comunidad y de otras iniciativas destinadas al análisis y evaluación del comportamiento participativo y comunitario.
Como recordaremos en una primera etapa el Fondo para la Participación Ciudadana, debió desarrollar acciones encaminadas a dar a conocer a la ciudadanía –en forma masiva– la existencia de los mecanismos de participación, conocidos muy superficialmente por la mayoría de colombianos.
Tales como la niciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas, que no es otro que el derecho político de un grupo de ciudadanos, de presentar proyectos de acto legislativo y de Ley ante el Congreso de la República, de Ordenanzas ante las Asambleas Departamentales, de Acuerdos ante los Concejos Distritales o Municipales y de Resoluciones ante las Juntas Administradoras Locales, para que sean debatidos y posteriormente aprobadas, modificadas o negadas por la Corporación Pública correspondiente; igualmente el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto con mecanismo muy poco practicados por los colombianos.
Pero la participación ciudadana debe ir más allá de que la comunidad sea parte activa en los debates electorales implica que esa misma comunidad se constituya en el motor de la construcción del país.
Como se sabe, hoy en día los colombianos ostentamos una democracia participativa, en la que todos los ciudadanos pueden ser partícipes de las decisiones que enruten al país, a través de los mecanismos antes referenciados.
Lo paradójico de esto es que en todo el tiempo transcurrido, desde la promulgación de la Constitución que hoy nos rige y de vigencia de la ley reglamentaria hasta nuestros días, no existe una Ley, Ordenanza o Acuerdo que tenga su origen en la iniciativa de los ciudadanos.
El tema, como lo ven, no es nada fácil, sencillamente porque el ciudadano común no está acostumbrado, ni lo suficientemente informado, para adelantar este tipo de iniciativas. Se desconocen los derechos y muchas veces es al mismo Estado al que no le interesa que se sepan, posiblemente por aquello de que a mayor participación, mayor grado de exigencia.
Hay que tener en cuenta que la participación ciudadana debe ir más allá de convertirse en un simple sufragante activo en época de elecciones, pues el concepto exige que haga presencia en las acciones ya enumeradas.
El fenómeno que estamos viviendo es que en la medida en que el Estado suple las necesidades básicas de la ciudadanía, la participación disminuye y en esa forma la comunidad se relega en la medida que se le cumplan sus necesidades mínimas para subsistir, pero no ha tomado conciencia de que cada uno es ciudad y que de su nivel de participación se verá el resultado de lo que como país podrá disfrutar en el futuro, del respeto por sus derechos y del cumplimiento de la Constitución y la Ley, no solo a través de las marchas y protestas que terminan convirtiéndose en verdaderos problemas de orden público en la que los revoltosos, infiltrados y encapuchados enemigos de la democracia encuentran su más idóneo “caldo de cultivo”.

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